¿Se pagarán deudas sacadas de la manga?
Editorial Siglo21
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La prestidigitación, nos dice el Diccionario de la Lengua Española, es el “arte o habilidad de hacer juegos de manos y otros trucos para distracción del público”. Una forma específica de esa habilidad es, suele decirse en el lenguaje coloquial, “sacar un as de la manga”. Esto, puede ser, información o argumentos mantenidos en reserva para presentarlos en un momento oportuno.
Algo parecido ocurrió ayer en la comisión de Finanzas del Congreso de la República, cuando los titulares de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, además del viceministro de Gobernación, cual si fueran conejos extraídos de la chistera de un mago, empezaron a enumerar las deudas de esas carteras “no registradas” en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del gobierno central.
De acuerdo con los datos revelados ayer por los ministros y el viceministro, esa deuda “no registrada” suma, para las cuatro carteras, la cantidad de Q1 mil 224 millones, que podría elevarse a Q1 mil 674 millones, si se agrega un adeudo de similares características del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En efecto, según trascendió en pasillos parlamentarios esta cartera tendría una deuda “no registrada” de Q450 millones, cifra no confirmada por su titular, Aldo Estuardo García, quien no atendió a la citación legislativa.
Es del caso destacar que toda es deuda contraída durante el gobierno de Otto Pérez Molina y cuya existencia, por alguna razón desconocida, no hizo pública el régimen transitorio de Alejandro Maldonado Aguirre.
Dado el nivel de sensibilidad ciudadana respecto de los oscuros manejos de los recursos públicos, lo menos que cabe esperar es una extendida percepción de que se trata de “deuda sacada de la manga”.
Nadie hace responsables a los ministros del nuevo gobierno por esas deudas, pero ellos están obligados a documentar y justificar cada pago que hagan de esos compromisos financieros. Y en los casos en que no pueda comprobarse la legítima adquisición de bienes o prestación de servicios, deben proceder a las denuncias penales correspondientes. Lo contrario podría convertirlos en cómplices de actos de corrupción perpetrados por sus antecesores.
La sospecha está más que justificada, pero debe evitarse sacar conclusiones precipitadas y, peor aún, llevar las cosas a un punto en que proveedores y prestadores de servicios honrados, paguen injustamente las consecuencias del desorden administrativo, creado deliberadamente por los agentes de la corrupción.
Las “deudas sacadas de la manga” no deben pagarse y debe perseguirse penalmente a quienes las contrajeron. Pero debe honrarse los compromisos cuya legitimidad sea verificada: el restablecimiento de la confianza pública en las instituciones también pasa por cumplir sus obligaciones con proveedores y prestadores de servicios no contaminados por el cáncer de la corrupción.
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03-Feb-2016, 18:57
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