Dan dictamen favorable a reformas a Ley Electoral

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Llaman a la ciudadanía a estar vigilantes ante embestida legislativa

POR HEDY QUINO
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Esta tarde, el Pleno de diputados se reunirá para iniciar con la aprobación de cada uno de los artículos de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), tras recibir dictamen de la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 17 de septiembre.

La semana pasada se dio a conocer que algunos diputados tienen la intención de aprovechar las plenarias exclusivas para discutir los cambios a la LEPP, para legalizar el transfuguismo.

Por esta situación, el colectivo Justicia Ya hizo un llamado a la población a que esté vigilante del Congreso y a manifestarse en contra de esta práctica parlamentaria de abandonar el partido con el que consiguieron el voto para irse a otro.

“Como en anteriores ocasiones se han planteado acciones constitucionales y protestas que han revertido decisiones espurias, en este momento es hora de manifestarse en contra del transfuguismo”, afirmó Álvaro Montenegro de Justicia Ya.

Usac Es Pueblo, conformado por estudiantes universitarios, indicó que las únicas acciones que revertirían este tipo de aprobaciones son las movilizaciones ciudadanas y medidas de presión.

Maynor Alonzo, de Usac Es Pueblo, expresó que el papel de la ciudadanía en este tipo de situaciones es “mantenerse vigilante de lo que pase en el Congreso y estar preparados no solo para repudiar sino movilizarse en función a que los diputados se retracten de realizar estas reformas regresivas”.

En tanto, la Asamblea Social y Popular expresó que la ciudadanía debe salir a manifestar y hacer retroceder a los diputados, como sucedió el 15 de septiembre del 2017, cuando el Congreso engavetó las dos leyes que los beneficiaba y que se denominó como el Pacto de Corruptos.

El representante de la Asamblea, Daniel Pascual, subrayó que existe un paquete de leyes de carácter social que los diputados dejan de lado por enfocarse en aprobar leyes proimpunidad.

NO TOMARÁN EN CUENTA DICTAMEN DE LA CC

Ayer los jefes de bloque se reunieron para discutir de qué forma se aprobarán los 39 artículos que reforman la LEPP. Esto luego que la CC emitiera un dictamen sobre esta iniciativa en la que recomienda sustituir el contenido de diez artículos, suprimir el contenido de catorce y modificar la redacción de tres. Doce artículos sí pueden aprobarse tal y como lo planteó el Congreso.

Pese a esta recomendación los representantes de los partidos políticos acordaron presentar enmiendas a los artículos que ellos consideren, pues manifestaron que la máxima corte se extralimitó en sus funciones y no tomarán en cuenta todas las consideraciones.

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Diputados comienzan con aprobación de artículos de la Ley Electoral

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Diputados se cubren

Con 86 votos, los legisladores rechazaron modificar el artículo 19, el cual pretendía aumentar el número de afiliados a más de 25 mil para que el partido político pueda existir. La CC calificó como viable aumentar la representación de cada organización con el objetivo de fortalecer e institucionalizar los partidos.

Otro de los temas al que le dijeron no los diputados, fue el que pretendía darles más derechos a los afiliados, dentro de ellos: participación con voz y voto en las asambleas municipales, así como que puedan postularse para ser candidatos a cargos de elección popular. Los magistrados explicaron que la redacción era positiva ya que es un derecho político y parte de la democracia interna de los partidos.

La discusión se interrumpió al momento de llegar al tema del financiamiento público. Los diputados piden que se amplíe de US$2 a US$3 por voto legalmente emitido, siempre que la organización política haya obtenido no menos del cinco por ciento de total de los votos válidos. En este artículo la CC dio una explicación amplia y dijo que era desfavorable.

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TSE: ¿se amolda a la corruptela?

Hace pocos días el TSE decidió suprimir, sin mayor discusión, la obligación de presentar tres constancias para garantizar que no son ni han sido contratistas del Estado.

— Silvia Tejeda

Resulta fascinante la historia de aquellos tempranos observadores de las estrellas: Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Hijos del medioevo, habían sido señalados por el destino para abrir las cortinas de un cuarto que necesitaba el ingreso de la luz y de la claridad. La Edad Media, arropada alrededor de un fanatismo religioso aplastante, se abría a nuevos valores con el Renacimiento, para rescatar la libertad humana de pensar, formar su propio criterio, de utilizar la razón.

En un mundo dominado por una fe dogmática y sin luces, la Iglesia de Roma ocupaba un sitial, no solamente sagrado, sino con inmenso poder político. La manera de manejar los hilos de aquel poder incuestionable era el dogma. Y cualquier violación se convertía en una acción herética. La Iglesia reaccionaba como lo harían siglos después aparatos de represión estatal.

Uno de aquellos dogmas era que el centro del universo era la Tierra, que permanecía inmóvil. ¿Era verdad la afirmación de que la Tierra era el centro del universo? No. ¿Era tan ignorante el cuerpo de estudiosos de la propia Iglesia para afirmar aquello? No. Durante la Edad Media, los monasterios centralizaban el conocimiento debido a que los curas eran básicamente los únicos que sabían leer. Así las cosas, la Iglesia no ignoraba la verdad. Pero se aferraba a esta mentira dogmática porque le resultaba conveniente. Controlar a la gente resulta fundamental para quienes gobiernan de manera despótica y, parte de este control, es manejar el espinoso problema de la verdad. Mentir ha sido una forma de control social típico y cansino de los sistemas tiránicos y corruptos.

Galileo Galilei fue obligado a abjurar de una verdad científica para declarar como cierta una mentira conveniente para el sistema de poder. Y, sin embargo, se mueve… fue la sentencia final que el tiempo lanzaría a la cara de la hipocresía eclesiástica. La Historia desmentiría a la Iglesia, porque sostener una mentira es siempre una cuestión de tiempo. La verdad tiene peso y se abre camino.

Estamos viviendo un tiempo peligroso. El uso de las mentiras y del fanatismo religioso solamente significan una cosa: existe un profundo temor al cambio. Nuestra sociedad está clamando por una transformación estructural, porque la situación actual resulta insostenible para la razón y para la verdad. Sin embargo, los poderes hegemónicos que nos han controlado perciben esta justa transformación como una herejía, Y nos quieren someter a procesos oscurantistas como el dominio militar, el dominio de una religiosidad fanática (en un estado laico) la prohibición de las protestas, la imposibilidad de juzgar a quienes nos gobiernan. En pocas palabras, nos quieren mantener infantiles y serviles. La mentira no podrá sostenerse para siempre, pero de estos momentos cruciales depende cuánto sufrimiento tengamos que invertir en el proceso.

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Los guardianes del dinero…

La Patria necesita de nuevos y frescos liderazgos.

— Lionel Toriello

Cuando los grandes pensadores del Renacimiento extrajeron de la Historia Clásica los elementos para definir a la República Moderna, concibieron un Organismo Legislativo bicameral, en el que a los apetitos inmediatistas de una Asamblea Popular (que por presión de sus electores quiere “pan y circo” ya), se debía oponer la sabiduría mundana y la visión a largo plazo de las “cabezas canadas”, extraídas normalmente de entre los más destacados exponentes del comercio y la industria, en un Senado. Una Ley pactada así, entre Asamblea y Senado, se suponía tendría un bienvenido equilibrio, para beneficio de toda la sociedad a largo plazo. La misma Historia Clásica advertía, no obstante, que un Senado sin el efectivo contrapeso de una vigorosa Asamblea Popular, podía también convertirse en un peligro para la República, si un desmedido afán de proteger los intereses de las clases más adineradas (permanente tentación senatorial), condujera a exacerbar el abismo entre pobres y ricos y con ello, a hacer más probable la inconformidad ciudadana, el conflicto social y hasta la desintegración de la convivencia civilizada. Por eso, en la Roma republicana, los Tribunos del Pueblo tenían “veto” legislativo y su inmunidad a la vindicta de otros magistrados se consideraba “sacrosanta”. El irrespeto a esos límites condujo en la Roma clásica a la ruptura de las tradiciones, a la guerra civil y finalmente, a la muerte de la República…

El asunto viene a cuento porque en Guatemala, los empresarios organizados en el CACIF han devenido una especie de Senado de facto en las últimas siete décadas. Tras el fracaso de la República Federal de Centroamérica, cuyo Congreso Federal era bicameral, los anteriores Estados de la Unión Centroamericana se transmutaron en pequeñas Repúblicas cuyas Constituciones, “por economía”, han determinado que sus Organismos Legislativos sean “unicamerales”. Por ese vacío, quizás, en momentos de crisis republicana surgieron ocasiones en las que de manera natural, la dirigencia nacional buscó la opinión de “gente mayor” reconocida como exitosa económicamente, la cual devino contrapeso de las pasiones políticas del momento, aunque su papel no estuviese explícitamente contemplado en el texto constitucional de la República. El CACIF, originalmente dominado por los “agricultores”, es decir, por aquellos grandes finqueros para quienes “no había mejor Ministro de Hacienda (hoy, Finanzas) que un buen precio del café”, evolucionó conforme se fue transformando nuestra economía. Su liderazgo fue tomado a mediados de los sesenta por los grandes Industriales, los de la “sustitución de importaciones” y el “Mercado Común Centroamericano”; quienes ahora, a su vez, comparten el liderazgo con los banqueros, en realidad, con los representantes de las “megacorporaciones” integradoras de actividades agroindustriales y comerciales. En sus inicios, las rivalidades “gremiales” requirieron de estructuras conciliadoras y flexibles, de tal suerte que el CACIF surgió como un modesto “Comité Coordinador” de las asociaciones empresariales de la Agricultura, el Comercio, la Industria y las Finanzas. Muy pronto, sin embargo, esta inicialmente modesta organización pasó a tener representación institucional en estructuras de gobierno tan diversas como la Junta Monetaria y el IGSS, para mencionar solo las más conspicuas, y un discreto pero crucial papel en el financiamiento de las campañas políticas. Hoy en día, sus estructuras formales parecieran ser “teledirigidas” por el exclusivo club de “los de la foto”, que habiéndoles ya quedado chico el país, aquí ya casi nunca salen “en la foto”, pero que terminan asegurándose presencia indirecta en instituciones clave y hasta en los sucesivos Gabinetes de Gobierno, sin mayor escrutinio democrático. De una u otra manera, el CACIF ha sido el instrumento mediante el cual los grandes empresarios guatemaltecos “han cruzado el río político, sin mojarse los pies”…

Lester Thurow, controversial economista, profesor y Decano del Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T., por sus siglas en inglés), solía decir en su cátedra que “la diferencia entre una aristocracia y una oligarquía, era puramente ética: la aristocracia, minoritaria por definición, provee a la sociedad de liderazgo moral (noblesse oblige); la oligarquía, minoritaria por vocación, simplemente aprovecha sus privilegios…” Por eso, señalaba Thurow, en 1905 Teodoro Roosevelt, boicoteado previamente en sus iniciativas reformistas por el exclusivo grupo de empresarios que encabezaban Rockefeller, J.P. Morgan y Andrew Carnegie, solicitó al Congreso norteamericano prohibirle a las grandes corporaciones financiar campañas políticas, pues estaba demostrado, según él, que en las elecciones “podía más el dólar que el voto”. En 1907, mediante la Ley Tillman, el Congreso de E.U.A. le hizo caso a Teddy Roosevelt y se inició un zigzagueante proceso de regulaciones y desregulaciones en torno a las contribuciones políticas de toda índole, que con avances y retrocesos, continúa aún hoy en esa poderosa nación norteña. Muchos arguyen que el actual incremento en la disparidad relativa de ingresos en la sociedad estadounidense (“para beneficio del uno por ciento”) y la “tercermundización” de su política, es directamente atribuible al relajamiento reciente, o a la burla, de esas regulaciones…

La reciente develación de escándalos en “el camino” a la administración pública guatemalteca (Sinibaldi, Baldizón, etcétera.) ilustra las graves consecuencias que ha tenido aquí el desborde de la influencia del dinero en la política: hoy no tenemos partidos políticos reales, solo “liderazgos de alquiler”. Los diputados “venden” leyes al mejor postor, cuando no andan protegiendo su propia impunidad. No tenemos carreteras transitables, pero el Ministro y “candidato” tenía cien millones de quetzales ¡en efectivo! “para la Caja Chica de la campaña”; proporcionados por “inocentes empresarios” de la construcción “que sufrían extorsión”. Evidenciada la subasta de candidatos, grupos oscuros, sin vocación senatorial alguna, sino con clara vocación criminal, empezaron también a “competir” en la compra de vehículos partidarios, para “sorpresa” de tirios y troyanos. ¡Qué bueno que ese sistema esté muriendo, aunque algunos “defensores de nuestra soberanía” lo vean con pavor! ¡Qué bueno que las contribuciones políticas –so pena de cárcel– tengan que tener nombre y apellido y que quien “apueste a todos los caballos” se exponga a dar su cinismo a conocer! La Patria necesita de nuevos y frescos liderazgos, de un debate público de ideas y programas políticos, de más ciudadanía y de menos corrupción. Eso sí: más vale que nada, y en particular las tentaciones golpistas, interrumpa nuestro camino colectivo a este nuevo, “desfinanciado” y atípico proceso electoral de 2019. Quienes eso estén contemplando, están jugando con fuego…

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Diputados buscan eliminar castigos por faltas en financiamiento electoral

En la sesión plenaria de este miércoles circuló una enmienda firmada por diputados de la UNE para derogar la literal k de artículo 21 Ter de la Ley Electoral, la cual castiga con cancelación a los partidos políticos que incurran en faltas por financiamiento electoral.

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Si este literal llegara a ser derogado, se beneficiarían los secretarios nacionales y departamentales, así como aquellas personas que hagan aportes a las campañas electorales pero que caigan en las irregularidades enmarcadas por la ley.

La propuesta es por sustitución total del artículo 6 del pliego de reformas para aprobación.

Durante la sesión los diputados únicamente discutieron enmiendas para el artículo 5 del pliego de reformas, el cual habla sobre el financiamiento público de los partidos políticos, pero no llegaron a aprobación.

Iniciado por Soy502

Diputados quieren quitarle al TSE el poder de cancelar partidos

Por José Miguel Castañeda

Los diputados podrían quitarle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la potestad de cancelar partidos políticos que incurran en anomalías en el financiamiento electoral.

Este miércoles, durante la sesión en la que se discuten reformas, se presentó una enmienda para eliminar la literal "k" del artículo 21 "Ter" de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La propuesta fue respaldada por firmas ilegibles, por lo que se desconoce qué legisladores la impulsan.

"El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de las sanciones administrativas o penales que determine la ley, tanto para las organizaciones políticas como para los secretarios nacionales, departamentales o municipales, personas que realicen aportes, quienes las reciban y los candidatos que se beneficien de ellas, incluida la cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva por parte del Registro de Ciudadanos o el Tribunal Supremo Electoral. La declaratoria de cancelación de la personalidad jurídica de la organización de que se trate procederá de ocio y sin haber suspendido previamente a la organización", establece el artículo que los diputados intentan eliminar.

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Iniciado por La Hora

Diputados intentaron maniatar al TSE y aprobar reformas al antejuicio

Durante la sesión de esta mañana, en la que se continuó con la discusión de las reformas electorales, diputados intentaron modificar un artículo de la Ley Electoral para eliminar sanciones a los partidos políticos por financiamiento ilícito, así como aprobar los cambios a la Ley de Antejuicio.

En el primer caso los diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentaron una propuesta para eliminar la literal k) del artículo 21 ter, de la Ley Electoral y de Partidos políticos (LEPP), con esto buscaban que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya no cancelara a los partidos políticos por financiamiento electoral ilícito.

Esta reforma también contemplaba quitarles responsabilidad administrativa y penal a los secretarios generales de las organizaciones políticas por esa misma falta, financiamiento electoral ilícito.

El diputado de la UNE, Óscar Argueta, indicó que con esta modificación se buscaba mantener la institucionalidad de los partidos políticos, así como el debido proceso y la certeza jurídica. “La propuesta buscaba darle al sistema electoral una estabilidad para que funcionara de manera correcta, pero los rivales políticos aprovecharon para irse en contra de nosotros, entonces ya no insistiremos”.

Según Argueta el artículo 90 de la LEPP ya regula las sanciones y multas a las organizaciones políticas por lo que consideró que ya no es necesaria la literal k) del artículo 21 ter.

BAC INTENTÓ APROBAR LAS REFORMAS AL ANTEJUICIO

Por otro lado la diputada Delia Bac presentó una moción privilegiada para que se entrara a conocer las reformas a la Ley de Antejuicio.

Estos cambios buscan eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y cederle el control total al Congreso.

Las propuestas de la UNE y de Bac no fueron aprobadas, pues al momento de someterse a votación se rompió quórum y se terminó la sesión.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Nineth se abstendrá a votar por el 407 N

POR HEDY QUINO
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La jefa de la bancada del bloque Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, afirmó que no votará por la reforma al financiamiento electoral ilícito, por considerar que tiene un conflicto de interés. Esto por enfrentar un proceso de antejuicio por un caso relacionado a ese delito.

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POR CONFLICTO DE INTERÉS

En la Corte de Constitucionalidad se encuentra una solicitud de amparo de la diputada Andrea Villagrán, para que por lo menos 66 legisladores se abstengan de votar por la modificación al delito de financiamiento electoral ilícito. Esto por considerarse que tienen conflicto de interés.

De acuerdo con Villagrán, este número de parlamentarios pertenece a un partido político que está bajo investigación del MP, ya que posiblemente incurrieron en esta falta.

El amparo que solicitó la congresista aún no ha sido resuelto por la máxima corte.

CAMBIO

La propuesta del 407 N, que se encuentra en el Congreso, contempla rebajar la tipificación de las penas a cinco años de prisión para el delito de financiamiento electoral ilícito.

Actualmente la Ley contempla que, “quien incurriere en ese delito será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales”.

BUSCAN OTRAS SALIDAS

En la sesión de ayer, diputados de la UNE buscaron eliminar la literal k) del artículo 21 Ter, de la Ley Electoral, para que el Tribunal Supremo Electoral ya no cancelara a los partidos políticos por financiamiento electoral ilícito.

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Iniciado por Prensa Libre

Tránsfugas negocian su voto para reformar el financiamiento ilícito

Los diputados que buscan reformas al artículo 407 N del Código Penal —financiamiento electoral ilícito— y 205 Ter de la Ley Electoral —transfuguismo—, han empezado a negociar los votos a favor de sus intereses particulares.

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Iniciado por Prensa Libre

TSE inhabilita a tres políticos para participar en el próximo proceso electoral

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó la candidatura a puestos de elección popular de tres políticos que han hecho campaña anticipada, violentando así la normativa electoral.

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Iniciado por La Hora

Morales pide al TSE “ser supremo y no dejarse doblegar ante intereses internacionales”

El presidente Jimmy Morales dijo durante su discurso en la inauguración del tramo carretero del Libramiento de Chimaltenango, que las elecciones generales del próximo año deben ser libres y solicitó a los encargados del Tribunal Supremo Electoral tomar la responsabilidad que les corresponde, “si son supremos, sean supremos no se dobleguen ante intereses internacionales”.

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[chronos]

La "une" siente que #LesToca ...



... no lo aprobaron

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Iniciado por Soy502

Diputados modifican delito por el que señalan a Jimmy

Los diputados modificaron los delitos de financiamiento electoral ilícito y no registrado, por los cuales varios secretarios generales de partidos políticos están señalados, entre ellos el presidente Jimmy Morales y los legisladores Orlando Blanco y Roberto Villate.

De forma sorpresiva, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Marco Lemus, fue quien presentó la moción. El primer secretario de la Junta Directiva, Estuardo Galdámez, rápidamente la leyó sin que se entendiera lo que decía.

Además, pocos diputados tuvieron acceso a las copias de lo que se aprobaba, por lo que varios de ellos desconocían el contenido exacto de lo que estaban aprobando, aunque sabían que era referente al financiamiento electoral ilícito.

Con el Decreto 23-2018, los parlamentarios eliminaron el segundo párrafo del artículo 407 "N" del Código Penal que regula el delito de financiamiento electoral no registrado y crearon un nuevo apartado.

Este nuevo artículo, identificado como 407 "Ñ", establece que quienes no registren los aportes recibidos serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales. Cabe resaltar que el Código Penal establece que las penas de cinco años o menos serán conmutables.

El artículo 407 "Ñ" ya existe en el Código Penal, pero fue declarado inconstitucional.

Según el diputado Oliverio García Rodas, esto se puede corregir en la comisión de estilo y al nuevo artículo le corresponderá el 407 "O".

Esta modificación aún debe contar con el visto bueno del presidente Jimmy Morales y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial.

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Congreso reforma el delito de financiamiento electoral ilícito

Con un beneficio directo para el presidente Jimmy Morales y diputados como Orlando Blanco y Nineth Montenegro, el Congreso comenzó la discusión final de las reformas al Código Penal, en su artículo 407 N, sobre financiamiento electoral ilícito.

Por Carlos Álvarez

El pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 Ñ, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora conocido como anónimo.

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

Además, se aclara en cada uno de los artículos reformados que los aportes, ilícitos o no reportados, constituirán delito cuando financien actividades permanentes o la campaña electoral, lo que abre la ambigüedad de cualquier aporte que se pueda dar y recibir por las organizaciones políticas el día de las elecciones.

En procesos electorales anteriores se ha documentado y sancionado actividades durante el día de votaciones, como la trashumancia o traslado de personas a centros de votación por organizaciones políticas a conveniencia, así también el pago a fiscales de mesa, como según el Ministerio Público habría hecho el partido oficial en 2015 con aportes de empresarios que no se reportaron al TSE.

Las penas de cárcel también se modificaron y se tipificaron, tanto para el financiamiento ilícito y el no reportado, y se imponen de uno a cinco años de prisión con multas que, en el caso de los financistas que no se reporten, son iguales a la cantidad de dinero que aportaron a la organización política de manera anónima.

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Congreso aprueba reformas al financiamiento electoral ilícito

Los diputados votaron a favor de crear un nuevo artículo al Código Penal relacionado al financiamiento electoral no registrado o anónimo.

Por: Luisa Paredes

Una moción privilegiada propuesta por la bancada UNE para alterar el orden del día y aprobar por artículos y redacción final las reformas al artículo 407 N del Código Penal fue aprobada por congreso de la República con 93 votos a favor, 21 en contra y 44 ausentes.

Posteriormente fue presentada y aprobada una enmienda por sustitución total para modificar el Financiamiento Electoral Ilícito. Esta contempla que la persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos a sabiendas que provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad ilícita será sancionada con prisión de cuatro o doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.

Además, se aprobó con 90 votos a favor la creación de un nuevo artículo 407 Ñ para el financiamiento electoral no registrado para el que las penas son conmutables. Las persona que consienta o reciba aportaciones y no las reporte para su registro contable será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de Q20 mil a Q100 mil.

Para quien realice aportaciones dinerarias o en especie a organizaciones políticas o sus candidatos tendrá prisión de uno a cinco años y una multa del cien por ciento de la cantidad no registrada y será inhabilitado para ser contratista del Estado.

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CACIF expresa apoyo a “amnistía” del Congreso por financiamiento

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció, pocos minutos después, a favor de las reformas que modifican la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito, aprobadas hoy por el Congreso de la República en el decreto 23-2018.

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[tiky_christian]

Igual eso no es corrupción, dijera un ilustre payaso de pacotilla, para que le ponemos atención :sarcasmo:

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García: “Aprobación pudo haber sido fraude de Ley”

Por Eder Juárez
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Ayer el Congreso de la República aprobó las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, con lo que los congresistas se recetaron una amnistía.

De acuerdo con el abogado Aníbal García, hay que reflexionar si no se está violando la Ley de Probidad y ver si no es un fraude de Ley, porque ahora pasó la primera parte que es el Congreso de la República, donde claramente los diputados legislaron a favor de ellos, pero viene algo peor que es la sanción de la Ley en la que es al mismo Presidente de la República a quien le corresponde sancionar pero él tiene conflicto de interés porque es uno de los señalados, indicó García, para quien “aún hay mucha tela que cortar en este asunto”.

El entrevistado indicó que hay que reconocer que en materia penal hay un principio de favorabilidad a favor del reo en el sentido de que la norma penal sí es aplicable retroactivamente cuando favorece al reo y esto implica que si el tipo penal que se ha creado ahora es un tipo penal que de una u otra forma cambia la existencia del delito, obliga al Ministerio Público a determinar si la actuación del presidente Jimmy Morales como de los diputados Nineth Montenegro, Orlando Blanco y todos los Secretarios Generales que se han visto involucrados en el financiamiento electoral ilícito encuadran en esa otra figura.

Hay que ver si esta norma establece parámetros que son aplicables a estos personajes en función que ellos eran los Secretarios Generales de los partidos, mencionó.

“La norma que está entrando en vigencia le está quitando responsabilidad a los Secretarios Generales de los partidos, entonces si hay que hacer una interpretación adecuada, esperaría que no fuera una receta de impunidad y una amnistía consentida por todos los partidos representados en el Congreso, porque entonces estarían legislando para sí”, manifestó García.

El abogado señaló que “jamás habíamos tenido un Congreso tan abominable como el que tenemos ahora, es cierto que los Congresos han sido detestables para la población pero nadie había llegado al extremo de lo que llegaron a hacer, que fue legislar para sí y recetarse impunidad en el ejercicio de la función legislativa, es condenable porque muchos Secretarios Generales de partidos de diputados que votaron esas reformas saben perfectamente que son beneficiarios de esa norma”.

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Colectivos ven amnistía en lo aprobado en el Congreso

POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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Organizaciones sociales rechazaron hoy las acciones de los diputados del Congreso de la República, que ayer aprobaron las reformas al financiamiento electoral ilícito, ya que consideran que se trata de una amnistía para financistas y secretarios generales de los partidos vinculados a ese delito.

“El Congreso de la República aprobó una amnistía para los financistas y los secretarios generales vinculados a financiamiento electoral ilícito en la campaña 2015, así se deja sin persecución penal los casos penales relacionados. Esto fue lo que intentaron hacer al modificar el Código Penal el 13 de septiembre de 2017, no lo podemos permitir”, manifestaron en un comunicado de prensa.

En conferencia de prensa, las organizaciones consideran que la aprobación de esta ley no se debió conocer por los conflictos de intereses que existían entre las bancadas que están siendo señaladas por este delito.

“Más de 60 diputados que sus partidos están siendo investigados en el Tribunal Supremo Electoral y pueden ser eventualmente cancelados… consideramos que hay un conflicto de interés”, afirmó Álvaro Montenegro, representante de JusticiaYa, una de las organizaciones presentes.

Montenegro hizo referencia a la “ley de probidad” que prohíbe legislar a favor de sus propios intereses, lo cual motivó uno de los amparos presentados ante la CC.

También recordaron que se presentaron 2 acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y JusticiaYa, y otro por la diputada Andrea Villagrán.

SE MANIFIESTAN POR LA REALIDAD NACIONAL

En otro tema, las organizaciones señalaron que el gobierno del presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quieren mantener la impunidad con la corrupción de su familia y en su gestión, esto por las acciones emprendidas contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el hecho de impedir la entrada del comisionado Iván Velásquez al país y al denegar visas a investigadores de la Comisión.

Manifestaron su crítica hacia las acciones que la fiscal general Consuelo Porras realiza en el Ministerio Público, ya que consideran que su fin es debilitar los casos y procesos judiciales.

Por último, afirmaron que no permitirán que se consolide el “pacto de golpistas” y que lucharán por construir un país con desarrollo.

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Rosal: Con estas reformas habrá más opacidad

El experto en política, Renzo Rosal, afirmó que las modificaciones que hizo ayer el Congreso al financiamiento electoral ilícito, generarían falta de transparencia en las elecciones generales.

POR HEDY QUINO
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Rosal indicó que los cambios que aprobaron ayer los diputados flexibilizan las penas para el delito del financiamiento electoral, al tipificar el financiamiento electoral no registrado. “El financiamiento electoral es el talón de Aquiles del sistema político, por ende las penas para esta falta deberían ser más duras”, dijo.

“Lo que hizo ayer el Congreso fue colocar el delito de financiamiento electoral como una falta de segunda categoría, esto pese a que existen casos en torno a este delito que involucra a políticos durante los procesos electorales del 2011 y 2015”, explicó Rosal.

Se esperaba que en este proceso electoral fuese más transparente, con menos opacidad y con menos financistas, pero con estas reformas ocurrirá todo lo contrario. Estos cambios crean condiciones para que aquellas personas que incurran en este delito sean sancionadas con penas menores, creando impunidad, “y esto es muy peligroso para la democracia del país”, declaró el politólogo.

407 N INVITA AL CRIMEN ORGANIZADO A FINANCIAR CAMPAÑAS POLÍTICAS

En relación al delito de financiamiento electoral ilícito, el experto se refirió a la parte que contempla el nuevo artículo: “a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado”.

“La redacción que hizo el Congreso deja varias lagunas legales, ‘a sabiendas’ implica que debe haber un pleno conocimiento que los recursos provienen del crimen organizado, ¿Cómo saberlo?, pues se requieren de capacidades investigativas con las que el país no cuenta”, dijo Rosal.

El financiamiento del crimen organizado ha estado presente en los procesos electorales, los cuales han ido en aumento y han sido visibles. “Lo que aprobó ayer el Congreso es una invitación abierta y evidente para que exista más financiamiento y más financistas provenientes del crimen organizado”, opinó.

VILLAGRÁN: CC PODRÍA SUSPENDER REFORMAS

La congresista, Andrea Villagrán, la única diputada que se pronunció ayer en el pleno en contra de esas reformas, recordó que en la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra pendiente de resolver una solicitud de amparo que presentó el pasado 24 de julio, para que los diputados con conflicto de interés se abstuvieran a votar por las reformas al 407 N, extremo que no sucedió ayer.

“Si la CC otorga el amparo provisional, las reformas quedarían en suspenso. Además sería la Corte la que determine el proceso a seguir, si bien es cierto fue la máxima corte la que exhortó al Congreso de realizar estas reformas, pero lo que se aprobó ayer no cumplen con lo establecido en dicha exhortación, de racionalidad y proporcionalidad”, explicó.

La legisladora agregó que por este caso, ayer envió a la CC un memorial para que se emita una “pronta” respuesta al recurso legal que interpuso en contra de dichas reformas.

MP: INVESTIGACIONES SOBRE FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO CONTINÚAN

Pese a la aprobación de las modificaciones al delito de financiamiento electoral, el jefe de la Fiscalía Contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), Óscar Schaad, informó que continúan con las diligencias que realizan en torno a los casos de las agrupaciones políticas señalados de posible financiamiento electoral ilícito.

“De momento estamos trabajando con el mismo delito (407 N sin reformas), pues no ha entrado en vigencia la nueva ley”, declaró el fiscal.

Respecto a si estos cambios en el Código Penal afectarían las investigaciones que realiza la Fiscalía, el funcionario del MP detalló que hasta entrada en vigencia la nueva normativa, se tendría certeza de esto.

“Una vez entrada en vigencia la nueva ley, nosotros realizaremos un análisis de las nuevas disposiciones, así como de cada uno de los casos que conocemos, para determinar a cuáles y de qué forma se verían afectados los casos”, explicó Schaad.

SIN RESPUESTA

Por este mismo tema se intentó conocer la opinión del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), pero al cierre de esta nota, los consultores a los que se les contactaron no respondieron las llamadas telefónicas que se hicieron.

CAMBIOS

El Congreso aprobó ayer cambios al financiamiento electoral ilícito, contemplada en el artículo 407 N, del código penal. Entre las modificaciones se crea el inciso O) en ese mismo artículo. Este tipifica el delito de financiamiento electoral no registrado.

Con la modificación que aprobó ayer el Pleno, se entiende como financiamiento electoral ilícito, aquellos recursos que aporte o reciba una persona para financiar una campaña electoral, “a sabiendas que dichos aportes provienen del crimen organizado”.

Quien incurra en esta falta “será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales”, reza la ley.
En relación al 407 O, indica que es financiamiento electoral no registrado “las aportaciones con motivos de campaña electoral y no las reporte a las organizaciones políticas para su registro contable”.

Esta falta es sancionada con una pena de uno a cinco años de prisión y multa de veinte a cien mil quetzales. En este artículo la responsabilidad recae en los contadores y no en el secretario general.

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Martínez-Amador: En año electoral, diputados se prestarán a cualquier solicitud del Ejecutivo

Luego que 89 diputados del Congreso aprobaran una modificación a la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito contemplado en el artículo 407 N del Código Penal, el profesor e investigador David Martínez-Amador, expresó que ante ese escenario se puede prever que los congresistas durante el año electoral de 2019, podrían incluso llegar a prestarse a cualquier solicitud del Ejecutivo.

Por Grecia Ortíz
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Martínez-Amador señaló que con esta modificación legislativa se reduce la responsabilidad moral que la clase política y los liderazgos políticos tienen sobre la recepción del dinero para el financiamiento de sus campañas.

Según el entrevistado, en esencia el riesgo es que se aprueben un set de reglas que en la próxima elección general mantenga los techos electorales tal y como están, creando así incentivos para seguir recurriendo al financiamiento electoral ilícito y proveniente del crimen.

“Si se toma en cuenta que para muchos parlamentarios el cambio de reglas electorales significa tener que trabajar para vivir (abandonar la política) ni se dude que se hará todo lo posible para modificar lo menos posible la ley electoral para matar la reforma electoral”, comentó.

El experto afirmó que con esto se puede prever que en el año electoral 2019, los diputados terminarán por “exprimir el botín que significa el recurso público” además de aprobar préstamos en los cuales, “tienen posibilidad de extraer una tajada”.

“Hay que agregar que se prestarán a cualquier solicitud del Ejecutivo, aprobarán un presupuesto abultado en caso de sentirse seguros de la reelección”, destacó.

TRATARÁN DE MATAR LA REFORMA

Por otro lado, añadió que si se toma en cuenta que a muchos congresistas les afectan las reglas electorales, no se puede dudar en que harán lo posible por impulsar más modificaciones para “matar la reforma”, en referencia a los cambios que se le hicieron a la LEPP en 2016.

“No sorprendería que en caso muy extraño de tener la reforma electoral, se receten bonos e indemnizaciones considerando que un alto porcentaje de ellos no serían reelectos”, comentó.

Asimismo, Martínez-Amador, señaló que en buena parte la pasividad de la ciudadanía es responsable de que los diputados tengan la libertad de hacer reformas como la de LEPP, porque en cada ejercicio electoral no se toma conciencia de quienes son las personas por quienes se vota.

AHORA TIENEN EXCUSAS

También añadió que con la nueva enmienda, [U]el crimen organizado continuará cooptando los partidos[/U y para detectarse anomalías], existe una excusa de que no se tenía conocimiento o que actuaron de buena fe.

“Es una modificación genial, porque si bien se puede perseguir el delito, la sanción con respecto a la vinculación con el crimen organizado desaparece”, explicó, a la vez que agregó que al igual que el Presidente, los diputados han perdido convenientemente todo sentido de conexión con la realidad.

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Frente Ciudadano pide a CC subsanar reformas al delito de financiamiento electoral ilícito

Grupos contra la corrupción advierten que diputados únicamente actuaron para su interés y beneficio propios.

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Una reforma electoral con “escasos” frutos

Falta de consensos entre las bancadas del Congreso impide aprobación de artículos a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por: ENRIQUE GARCÍA

El pleno del Congreso concluirá hoy con la discusión del paquete de reformas de segunda generación de la Ley Electoral y de Partidos Político (LEPP). Las peticiones de la Plaza en 2015, el trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales durante 2016 y el análisis de los 39 artículos por casi un año de la Corte de Constitucionalidad (CC) no tuvieron los frutos esperados.

En las dos últimas sesiones se han aprobado cinco artículos que “salieron” de la sala de trabajo, el resto ha quedado tal como está en la actual normativa. Desde la semana pasada, los diputados han manifestado que no es el momento para hacer una “buena reforma” además que es una “pérdida de tiempo” sesionar los miércoles.

Ayer, en la reunión de jefes de bloque quedó evidenciado. Con quórum reducido el asesor de la Comisión de Asuntos Electorales explicó cuáles son los últimos cuatro artículos que conocerán en el pleno, esto ante la interrupción del presidente de este Organismo, Álvaro Arzú Escobar, al indicar que espera que sea la “última sesión”.

LOS SUBDISTRITOS Y LAS AFILIACIONES

La discusión no llevó más de una hora y fueron pocos los legisladores que intervinieron en el tema. El primer punto fue explicar a los representantes de cada bloque que el Artículo 37 que modifica el 258 de la Ley Electoral recibió dictamen favorable de la CC, al señalar que los reglamentos como el de Financiamiento o Medios de Comunicación no deben de “exceder” lo establecido en la actual ley.

Se expuso que el cambio al artículo relacionado al de “requisitos de afiliados” no fue dictaminado a favor. La propuesta contemplaba disminuir de 23 mil a 20 mil el número de afiliados, solo para las elecciones del próximo año, el cual aumentaría a más de 25 mil, pero para los comicios de 2023.

Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), se pronunciaron en relación al artículo que creaba los subdistritos electorales dictaminada desfavorablemente por los magistrados. Para Linares la Constitución no prohíbe dicha creación en tanto que, para Montenegro, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiaba opiniones respecto a este tema, el cual no dejó claro.

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Una ocurrencia que debe abolirse

Mediante el Artículo 26 del Decreto 26-2016 del Congreso, que contiene las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), se incorporó el Artículo 94 Bis, que dice: No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento establecido en el Reglamento.

Esto supone que cualquier persona individual que aparezca, antes de la convocatoria a elecciones (en cualquier tiempo), en los medios de comunicación, sea periodista, comunicador, académico, profesional o simple opinante, dando declaraciones o haciendo análisis o reflexiones sobre materia político electoral, por medio de entrevistas, columnas de opinión, exposiciones, noticieros o notas de prensa o informativas, que, posteriormente, decida participar y ser postulado por una organización política como candidato a un cargo de elección popular, puede ser acusado de haber hecho campaña anticipada y que no sea inscrito como candidato por la autoridad electoral.

Tampoco los personajes públicos vinculados o no a organizaciones políticas pueden dar declaraciones públicas ni permitir que su imagen y nombre aparezca en los medios de comunicación, que podrían tener aspiraciones a ocupar cargos de elección popular, porque podrían ser vetados a la hora de querer participar y someterse a un proceso eleccionario. Todavía peor, si una persona individual, cualquiera que sea su disciplina o interés, sea funcionario público o no, emite opiniones, pensamientos o informaciones sobre temas nacionales, mediante los medios de comunicación, sin que esté pensando en optar a cargos de elección popular en ese momento, y, posteriormente, se presenta la oportunidad de ser postulada como candidata a un cargo de elección popular, la autoridad electoral, al momento de presentarse para su inscripción, podría abstenerse de inscribir la respectiva candidatura.

Esto supone una grave restricción de la acción política, así como la violación de los derechos de optar a cargos públicos, de acción y de expresión de ideas. Todavía peor, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictó la norma reglamentaria (que es una ampliación de la referida disposición legal) que dice: A quien de acuerdo a la actividad descrita en el Artículo 94 Bis de la LEPP, publicite su imagen, promoviendo su figura en época no electoral simulando noticias (infomerciales) o presentaciones apolíticas, o valiéndose para el efecto de organizaciones políticas, o utilizando a otras personas individuales y/o jurídicas, fundaciones, asociaciones lucrativas, y no lucrativa u otras entidades, o realizando otras actividades análogas, será sancionado con el procedimiento siguiente. El Registro de Ciudadanos o el TSE notificará a los interesados de conformidad con la ley o mediante una sola publicación en el Diario Oficial, indicando que se encuentra comprendido por lo menos en una de las actividades de propaganda ilegal reguladas en la normativa electoral vigente, advirtiéndole que su actuar constituye impedimento para negarles su postulación e inscripción como candidato o candidata para cargos de elección popular en el evento electoral.

¡Qué horror! ¡Qué ocurrencia más insensata! ¿Qué se pretende con esto? ¿Evitar el debate político, que la oposición política cuestione al gobierno o que la ciudadanía se pronuncie sobre la coyuntura nacional? ¿Imponer la ley penal del enemigo? o ¿retornar a la vieja práctica politiquera que dice: Para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley? ¡Urge impugnar o derogar esta degeneración de la regulación electoral!

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Alcaldes tendrían limitaciones para postularse a diputados

Preocupación dudas e incluso señalamientos de arbitrariedad ha desatado la advertencia de que aquellos alcaldes que busquen postularse para diputados deben renunciar al cargo.

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TSE aplica nuevas reglas para control de fondos de organizaciones políticas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el 24 de octubre último los nuevos formularios que utilizarán las organizaciones políticas para la rendición de cuentas.

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MP analiza los recientes cambios al delito de financiamiento electoral ilícito

María Consuelo Porras, titular del Ministerio Público (MP), adelantó que cuando entren en vigencia los cambios al Código Penal, donde se modifica el delito de financiamiento electoral ilícito se decidirá si se plantea una acción de inconstitucionalidad.

Por Kenneth Monzón

“Lo puntual de advertir es que jamás van a quedar exentos de ninguna responsabilidad penal las personas responsables por la sindicación que el Ministerio Público está haciendo. En ningún momento va a significar impunidad”, recalcó la fiscal General, María Consuelo Porras, en relación con las recientes modificaciones en el Congreso al delito de financiamiento electoral ilícito.

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“En el momento en que entre en vigencia, nosotros analizaremos en el marco de la política criminal la pertinencia o no de poder plantear alguna acción de inconstitucionalidad, si nos parece que como quedó plasmada en su reforma atenta en contra de algún principio constitucional. En su momento el MP se pronunciará”, añadió Porras.

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Contradicción en la ley genera dudas sobre la fecha límite para cerrar el padrón electoral

A tres días de la convocatoria a elecciones generales, los magistrados del TSE dudan de cuándo se debe cerrar el padrón electoral, debido a que existe una contradicción jurídica en la normativa electoral, específicamente, el artículo nueve, que señala tres meses antes de las elecciones, pero el 224 establece 120 días previos.

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Iniciado por Prensa Libre

Partidos no podrán hacer propaganda a través de las redes sociales

Las organizaciones políticas ya contaban con un plan de medios que incluía las redes sociales, sin embargo, ninguna empresa dedicada a esta actividad se inscribió en la Unidad de Medios del TSE, por lo que no podrán ser contratados.

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Iniciado por Prensa Libre

Partidos solo tendrán 12 vallas para propaganda en todo el país

Los representantes de los partidos políticos registrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazaron este miércoles la distribución de tiempos y espacios en los medios de comunicación para la propaganda electoral.

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Iniciado por Prensa Libre

TSE está “satisfecho” con el fallo de la CC que mantiene en vigencia artículos de la Ley Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está “satisfecho” por la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que no declaró inconstitucional el régimen de medios en las reformas a la Ley Electoral que había impugnado la Cámara de Medios de Comunicación

“La resolución de la Corte no declaró inconstitucional el régimen de medios y la única parte donde hubo una modificación es donde ya no se establece la prohibición de las encuestas. Estamos satisfechos, consideramos que el régimen no violaba la Constitución”, dijo María Eugenia Mijangos, magistrada del TE.

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Tribunal Supremo Electoral

La motivación y el espíritu de servicio eran muy altos.

Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El 23 de marzo de 1983, hace 36 años, en el marco de la apertura política que concretó el gobierno de facto (1982-6), se emitió el Decreto Ley 30-83 (Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral), por medio del cual se creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con funciones autónomas, jurisdicción nacional y no sujeción a órgano o autoridad estatal alguna.

Se determinó que el TSE se integrara con cinco magistrados propietarios y cinco suplentes electos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de un nómina de 20 candidatos elaborada por una Comisión de Postulación integrada por el Rector de la Usac, un representante designado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y los decanos de Ciencias Políticas.

El 30 de junio de 1983, en un acto solemne celebrado en la Sala de Vistas de la CSJ, se instaló el TSE. La primera magistratura del TSE quedó integrada por los distinguidos juristas Arturo Herbruger, René Búcaro, Gonzalo Menéndez, Justo Morales y Manuel Ruano, quienes fueron juramentados por el entonces presidente de la CSJ, Ricardo Sagastume Vidaurre. A mí, como secretario de la CSJ, me correspondió dar lectura a las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la creación, funciones, integración e instalación del TSE. Don Arturo Herbruger fue designado como presidente del TSE, cargo que ocupó hasta el 6 de junio de 1993, fecha en que fue electo vicepresidente por el Congreso.

El TSE vino a sustituir al Registro Electoral y al Consejo Electoral, que, conforme la Constitución de 1965, tenían a su cargo la función político electoral, y bajo cuya conducción se consumaron los fraudes electorales perpetrados con motivo de las elecciones celebradas en 1974, 1978 y 1982, los cuales socavaron la credibilidad en dichas dependencias.

Los primeros desafíos del TSE fueron la organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), celebradas en 1984, así como de las elecciones generales y de segunda vuelta celebradas en 1985. Los resultados de dichos procesos electorales fueron incuestionables y respetados.

Sin embargo, la ANC no otorgó rango constitucional al TSE, ya que su regulación básica no fue incorporada en la Constitución de 1985, quedando la misma establecida únicamente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), cuya normativa puede ser reformada por el Congreso, sin necesidad de consulta popular que ratifique la enmienda, lo que habilita el manoseo politiquero del TSE.

La LEPP dispone que los magistrados del TSE deben ser elegidos por el Congreso (y no por la CSJ), extremo que abrió la puerta a la politización de la autoridad electoral y al menoscabo de su independencia e imparcialidad. En todo caso, la manifestación más elocuente de la progresiva manipulación política de la integración del TSE fue el aumento del número de candidatos a magistrados del TSE, que debe proponer la Comisión de Postulación, primero de 20 a 30 y después a 40, lo que, además de menoscabar la meritocracia, dio pie a que existan más posibilidades de que se cuelen aspirantes asequibles.

Don Arturo Herbruger imprimió su sello de respetabilidad, integridad, austeridad, optimización de recursos y rendición de cuentas a la magistratura del TSE. Los servidores públicos del TSE fueron escogidos con base en el mérito y, asimismo, la motivación y el espíritu de servicio eran muy altos.

Sin duda, la pérdida de aquella mística y compromiso de la magistratura del TSE ha sido paulatina, hasta llegar a la situación actual caracterizada por la mediocridad, el desorden, el despilfarro, la arbitrariedad y la corrupción, cuyo epílogo es una lamentable defraudación de la confianza ciudadana y la erosión de credibilidad en la institución electoral, que, en su día, fue la joya de la corona de la apertura política concebida en el primer lustro de la década de los ochenta. ¿Qué diría Don Arturo Herbruger?, quien, por cierto, fue un digno funcionario que desafió con carácter el “Arbenzazo” (1953) y el “Serranazo” (1993).