Renovación de los tres poderes del Estado marcarán el 2019

[chronos]

Iniciado por La Hora

Serrano: El Consejo de la Carrera Judicial “está en pañales”

Por Eder Juárez
[email protected]

El presidente de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Félix Serrano se refirió al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Ventura Loyo, el cual suspende las labores de las Postuladoras, señalando que el mismo es tardío. Serrano también indicó que el Consejo de la Carrera Judicial “está en pañales”.

Serrano dijo que la resolución de la CC por una parte hay que acatarla, sin embargo hay que hacer algunas reflexiones sobre la resolución, la parte primera de las deficiencias de la elección de los representantes de las Salas de Apelaciones, si las hubo y tiene toda la razón para que se repita.

No obstante dijo que la segunda parte es muy discutible sobre lo que dicen del Consejo de la Carrera Judicial, “primero creo que la resolución es tardía, es un amparo que tenía que darse antes de instalar la Comisión. Es una resolución que entraba en el escenario con el cual iniciamos el proceso, sabíamos que íbamos a tener dificultades derivadas de retardar el proceso”, indicó Serrano.

ES UNA DECISIÓN IDEOLÓGICA

“¿Por qué motivos? uno de ellos que probablemente es el desencadenante que algunos de los que desean que estuvieran en la CSJ fueron excluidos. Número dos, que prácticamente desean que sea el próximo Congreso el que elija a los próximos representantes de la CSJ, por lo tanto es una decisión tardía, es una decisión ideológica porque tiene un sesgo del tipo de candidatos, por qué no lo hicieron antes de conocer qué candidatos entraron, eso es deshonesto desde todo punto de vista, qué culpa tiene la Comisión de que no hayan reunido los requisitos”, manifestó Serrano.

Según el presidente de la Postuladora, la Comisión para CSJ queda desintegrada porque se tiene que elegir a los representantes de Salas de Apelaciones y hasta que no se haga esa elección no queda integrada la Comisión de Postulación.

Además indicó que en la resolución de la CC hace ver que se deben tomar en cuenta los expedientes que vienen del Consejo de la Carrera Judicial, “hay que decir concretamente que este Consejo está verdaderamente en pañales y en la realidad no tiene la capacidad técnica ni profesional para realizar el trabajo que tienen encomendado, porque las cosas que enviaron a la Comisión dan pena y vergüenza, por eso la Comisión consideró que no eran válidas, no solo porque no reunían los requisitos sino por extemporáneas”, dijo Serrano.

El presidente de la Postuladora para la CSJ, indicó que la CC obliga a que los jueces hagan todo el proceso de presentar toda la documentación a través de ellos (del Consejo), “dentro de eso el Consejo de la Carrera Judicial tiene que evaluar a los jueces para que acompañen las evaluaciones, cuánto tiempo vaya a tardar eso, por lo menos un mes o más”.

La Ley de la Carrera Judicial fue aprobada en 2016, pero el Consejo se negó a cumplirla y a emitir el reglamento para la elección de magistrados.

EVALÚA PRESENTAR RECURSO

Por su lado, el presidente de la Comisión de Postulación de Cortes de Apelaciones, Murphy Paiz, dijo que están evaluando presentar un recurso de aclaración y ampliación para tener más claridad respecto de saber qué tanto afecta el trabajo desarrollado por la Comisión, qué tanto la retrotrae y poder tener los elementos para reorganizar el proceso que ya se inició, por ejemplo la tabla de gradación, si sufriría de algún cambio por los aspectos de evaluación de la Carrera Judicial que no saben si el propio Consejo tenga la capacidad de responder en el tiempo que se le ha fijado en la sentencia.

“Creemos que no todo está perdido, básicamente porque en el ambiente hay una idea de que todo está perdido y regresa a cero, creemos que por parte de nuestra Comisión no debe regresar a cero, pero tenemos duda hasta dónde regresar el proceso”.

Además dijo que tienen un plazo de Ley que sería el próximo 23 de septiembre que no se va a cumplir, de poder cumplir en 78 horas podría ser una posibilidad, señaló.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

De tres a cuatro meses podría durar la evaluación a jueces y magistrados

El Consejo de la Carrera Judicial dará cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) en cuanto a remitir a las comisiones de postulación los expedientes que ellos soliciten sobre candidatos que se postulen a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Magistrados deberán pedir a la CC que les apruebe la prolongación de funciones

La frase “para abril o para mayo” incluida en una de las canciones de los Hermanos Carrión queda como anillo al dedo en el proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Consejo de la Carrera Judicial entrega proyecto de reglamento para evaluar a jueces y magistrados

Consejeros también solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que les apruebe 10 plazas para evaluadores.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

Magistrados deberán pedir a la CC que les apruebe la prolongación de funciones

La frase “para abril o para mayo” incluida en una de las canciones de los Hermanos Carrión queda como anillo al dedo en el proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Congreso busca que la Corte Suprema de Justicia retome el control sobre jueces

Un cambio en el dictamen favorable establece que será el presidente de la CSJ quien ahora presida el Consejo de la Carrera Judicial.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

CSJ aún no define fecha para aprobar el reglamento para evaluar a jueces y magistrados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Néster Vásquez, se reunió con integrantes del Consejo de la Carrera Judicial.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

Félix Serrano: He pensado dejar la Comisión, porque no tengo ningún interés personal

El presidente de la Comisión de Postulación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, y rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, en entrevista con Prensa Libre, indica que podría dejar el cargo luego de analizar detenidamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso los procesos de las comisiones y que regresa a esta desde la juramentación de los magistrados de salas de Apelaciones.

(...)

Iniciado por La Hora

Arzú, Alejos y Lau quieren “aniquilar” el Consejo de la Carrera Judicial

POR HEDY QUINO
[email protected]

El pleno de diputados del Congreso de la República iniciará mañana con la discusión del primero de los tres debates de la iniciativa 5577, que busca reformar la Ley de la Carrera Judicial, para que este órgano deje de ser independiente y pase de nuevo bajo el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los principales ponentes de esta propuesta son los diputados Juan Ramón Lau, Felipe Alejos y Álvaro Arzú, quienes buscan que la actual ley en vigor pase de nuevo a como estaba antes, en el que establecía que el presidente del Consejo fuera el magistrado presidente de la Organismo Judicial y CSJ.

“Artículo 5. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. La carrera judicial es administrada y regida por un Consejo que se integrará de la manera siguiente: a) El Presidente del Organismo Judicial, quien la presidirá, durará en el cargo el tiempo que desempeñe la presidencia y podrá ser sustituido por quien corresponda hacerlo, conforme el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, dice parte del artículo de dichas reformas.

Este artículo agrega que, cuando el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) deba conocer algún asunto de la carrera judicial relacionado con magistrados de la CSJ, incluyendo a su Presidente, este último deberá inhibirse de conocer. Para definir la presidencia del CCJ en este caso, se deberá realizar un sorteo entre los integrantes previstos en las literales b, c y d) como primer punto de agenda de la sesión correspondiente. Dicha presidencia será ejercida mientras se tratan los temas que ocasionaron la inhibitoria.

En su artículo 3, la iniciativa establece que será la CSJ la que procederá a ascender (al juez o magistrado) en su orden a los de mejor calificación en la evaluación realizada por el CCJ; de tener la misma, quien hubiere ingresado con anterioridad a la carrera judicial.

La iniciativa también contempla en su artículo 4, que modifica el artículo 46 de la Ley de la Carrera Judicial, que señala que la destitución (separación definitiva del cargo) del juez o magistrado, será realizada por la Corte Suprema de Justicia, y como consecuencia de la carrera judicial. Esto procederá en lugar de la suspensión, cuando la gravedad del acto así lo recomiende, dice el artículo.

Finalmente en el artículo 5, sobre Emisión y actualización del Consejo y sus reglamentos, señala que el Consejo de la Carrera Judicial y el Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial deberán ser actualizados, en el plazo de tres meses, a efecto de que guarden congruencia con las reformas contenidas en el decreto. El reglamento debe ser aprobado por la CSJ.

RECONOCEN

El proyecto de Ley tuvo dictamen favorable por la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso, presidida por el diputado Cornelio García del bloque TODOS, así misma es integrada por Lau y el oficialista Estuardo Galdámez.

Dicha Sala Legislativa detalló en el dictamen los objetivos de la normativa: “Los principales objetivos de la normativa son dos: el primero es quitarle la independencia funcional que la ley otorga al Consejo de la Carrera Judicial”, dice.

“El segundo, como apunta la exposición de motivos, antes citada, y recoge el tercer considerando del proyecto de ley que se propone, que textualmente: “Que es conveniente emitir las reformas a la Ley de la Carrera Judicial propuesta, ya que la misma armoniza las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del Organismo Judicial con el ordenamiento constitucional vigente dando mayor eficacia y funcionalidad a la administración de justicia, constituyendo un cuerpo legal técnico al que se han introducido importantes modificaciones”, consiste en devolver algunas de las facultades administrativas que el Congreso de la República, a través del Decreto Número 32-2016, delegó en el Consejo de la Carrera Judicial, a la Corte Suprema de Justicia, porque, a juicio de los ponentes, estas le son exclusivas por mandato constitucional y no pueden cedérsele por ley a otro órgano”, añade la Comisión.

Los otros ponentes del proyecto de ley son: Edna Azucely Soto Juárez De Kestler, José Arturo Martínez Dell y José Rodrigo Valladares Guillén, del bloque TODOS, así como Flor De María Chajón Aguilar de FCN Nación.

REACCIONES

Sobre el proyecto, el abogado Edgar Ortiz señaló que ante el fallo de la CC que obliga al Consejo de la Carrera Judicial evaluar a los jueces interesados en postularse a las magistraturas, el Congreso propone derogar esa obligación para tener carta libre. “Ya tenemos pacto de Corruptos2” señaló en su cuenta de Twitter.

En tanto, la Unidad Nacional de la Esperanza indicó que rechaza dicho fraude de ley, ya que a su consideración busca evadir la obligación del Consejo de la Carrera Judicial de enviar los resultados de evaluaciones de jueces y magistrados.

Iniciado por La Hora

Consejo de la Carrera Judicial insiste en apoyo de la CSJ

Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) acudieron este día a una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Néster Vásquez Pimentel, con el fin de tratar el tema referente a la aprobación del reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, que permite hacer evaluaciones de jueces y magistrados.

“El CCJ ha solicitado audiencia al Presidente de la CSJ por la necesidad de la aprobación del reglamento y los insumos básicos que se necesitan para poder hacer efectiva la evaluación de jueces y magistrados, según lo ordena la Ley de la Carrera Judicial”, expresó Carlos Guerra, presidente del Consejo.

(...)

Iniciado por La Hora

Elecciones de CSJ y Salas: CC revoca resolución de juez

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar el recurso de apelación interpuesto por Fundación Myrna Mack, y revocó la resolución emitida el trece de septiembre, que dictó el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Civil el cual en su calidad de Tribunal de Amparo había argumentado que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) había cumplido con lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial al trasladar listados de evaluaciones a jueces y magistrados a las Comisiones de Postulación, lo que a criterio de la Fundación no ocurrió.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Diputados inician con la discusión de las reformas a la ley de la Carrera Judicial

Con un quórum de 91 personas, los diputados del Congreso conocen en primera lectura la iniciativa de reformas a la ley de la Carrera Judicial.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

CC declara sin lugar recursos de aclaración y ampliación en caso de las comisiones de Postulación

Los recursos habían sido solicitados por la Fundación Myrna Mack y Noé Adalberto Ventura Loyo contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial.

(...)

Iniciado por elPeriodico

Trasciende proyecto de decreto para reformar de forma amañada el “Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial”

Pacto de Corruptos buscará en la sesión de hoy suspender el Artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial relacionado con las Comisiones de Postulación para magistrados a la CSJ, Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Linares Beltranena confirma: Queremos que este Congreso elija magistrados

POR HEDY QUINO
[email protected]

La alianza del oficialismo FCN-Nación, integrada en su mayoría por diputados del Bloque TODOS y el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar se reactivó de nuevo, esta vez para intentar elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, que tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el proceso de selección y elección que realizaban las Comisiones de Postulación. Esto porque el Consejo de la Carrera Judicial no evaluó a los postulados por carecer de un reglamento.

Con el fallo de la máxima Corte del país, las Comisiones de Postulación deben repetir el proceso de elección y selección, pero esta vez tomando en cuenta que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) debe remitir los expedientes de todos los jueces y magistrados que pertenecen a la Carrera Judicial, debidamente evaluados, a la Comisión de Postulación.

Con estas disposiciones que demanda la CC, el proceso de elección demoraría más tiempo de lo que establece la ley, que la elección debe realizarse en octubre próximo. Se estima que este nuevo proceso de elección llevaría al menos cuatro meses, por lo que la nómina de candidatos llegaría al Congreso, en la nueva legislatura, que inicia el 14 de enero de 2020.

Por esta situación, la alianza del oficialismo busca acelerar la elección de magistrados y omitir la resolución de la CC para que sean los diputados actuales los que elijan a los magistrados, para intentar lograrlo tienen dos estrategias: La primera es modificar la Ley de la Carrera Judicial con enmiendas de curul, y la segunda es aprobar de urgencia nacional un nuevo proyecto de ley, para dejar en suspenso “por esta única vez” la disposición que establece la actual ley, de evaluar a los postulados, según explicaron diputados consultados por La Hora, y que pidieron el anonimato.

Las fuentes consultadas indicaron que con esta maniobra que pretenden hacer los aliados del oficialismo, buscan asegurarse impunidad, ya que quieren dejar las Cortes a su medida, como sucedió en la pasada elección de 2014, en la que la aplanadora de los desaparecidos Partido Patriota y Lider, eligieron a los magistrados, proceso que fue duramente cuestionado y señalado.

LO CONFIRMA

Por esta situación, se le consultó al diputado Fernando Linares Beltranena, quien es uno de los detractores de los magistrados de la CC y aliado al oficialismo.

“Es importante que empoderemos a la Corte Suprema de Justicia, para tomar la iniciativa en la Comisión de Postulación, con el fin de elegir a los nuevos magistrados de la Corte, dada la intromisión de mala fe de la Corte de Constitucionalidad para demorar el proceso y permitir que se elijan en la siguiente legislatura cuando habrá mayoría de la ultraizquierda en el Congreso”, respondió Linares.

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Diputados que pidieron no ser citados explicaron que por la irretroactividad de la ley no se podría aplicar una disposición de esa naturaleza al proceso de selección de magistrados, no obstante, dijo uno de ellos: “buscan distraer, buscan confundir, buscan salidas ilegales para intentar cumplir con un objetivo personal y de sus aliados: elegir Cortes que les den tranquilidad”, sentenció.

QUITAR INDEPENDENCIA AL CONSEJO

En la sesión de esta tarde, el pleno de diputados del Congreso realizará la discusión del primero de los tres debates de la iniciativa 5577, que busca reformar la Ley de la Carrera Judicial, para que el Consejo de la Carrera Judicial, órgano encargado de la administración de recursos humanos, deje de ser independiente y pase de nuevo bajo el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Respecto a esta propuesta de ley, el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, afirmó que esto es parte de la potestad legislativa que tiene el Congreso. “Respetuosos nada más de lo que cada uno de los Organismos del Estado haga en sus funciones, tal vez innecesarias, pero respetuosos de cualquier acción que se tome”, dijo.
“Es incierto, no está aprobada la reforma todavía”, se limitó a decir Guerra, al consultarle que esta iniciativa le quitaría la independencia al Consejo.

La propuesta en mención fue presentada por los diputados: Juan Ramón Lau, Felipe Alejos, Álvaro Arzú, Edna Soto de Kestler, José Arturo Martínez Dell, José Rodrigo Valladares Guillén y Flor De María Chajón.

DE URGENCIA NACIONAL

Además, varios diputados consultados por esta redacción señalaron que, durante esta plenaria los aliados del oficialismo presenten, por medio de una moción privilegiada, un nuevo proyecto de ley para que sea aprobada de urgencia nacional, que tiene como único fin, dejar sin validez lo que resolvió la CC.

“Dejar en suspenso la aplicación del artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, a fin de viabilizar los procedimientos realizados por las Comisiones de Postulación, tanto para la integración de la nómina de aspirantes a magistrados para la Corte Suprema de Justicia, como magistrados a la Corte de la Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría; por lo que, por esta única vez, será a través de la tabla de gradación que las respectivas Comisiones de Postulación asignen la ponderación que como órgano constitucional tengan a bien considerar, aplicables jueces y magistrados por el solo hecho del ejercicio de la función jurisdiccional”, dice uno de los artículo de dicho proyecto.

SE OPONEN

El Bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) rechazó cualquiera de las dos estrategias. “No hay que prestarse a las medidas de operadores de impunidad, interno y externo del Congreso, que quieren Cortes a su conveniencia”, afirmó el jefe de esta bancada, Orlando Blanco.

“Creemos que hay que respetar el contenido de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y que el proceso se enderece correctamente, independientemente del tiempo que dure esa corrección, y que se cumpla con lo que establece la Ley de la Carrera Judicial, así como la Ley de Comisiones de Postulación”, concluyó Blanco.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Diputados podrían debilitar el sistema de justicia y la persecución penal

Luego de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado 3 de septiembre, diferentes bancadas buscan articular en el Congreso varios proyectos de ley para derogar o reformar varias normas que fueron promovidas por esa comisión.

Por Manuel Hernández Mayén

Con la iniciativa de ley presentada este 23 de septiembre que busca reformar la Ley de la Carrera Judicial, para regresarle el poder sobre ese órgano a la Corte Suprema de Justicia se habla de otras leyes como la de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (juzgados, tribunales y salas de mayor riesgo), la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual define varios delitos y crea la figura de colaborador eficaz y los métodos especiales de investigación, entre otras, que estarían en discusión para ser modificadas o derogadas, lo que para expertos y sectores tendría la intencionalidad de debilitar el sistema de justicia y la persecución penal.

El primer ejemplo es la intención del Legislativo de aprobar las reformas a la Ley de la Carrera Judicial para regresarla a como estaba antes del 2016, fecha en la que se aprobó una nueva norma, que iba de la mano con una reforma constitucional en el sector justicia.

Expertos en temas de seguridad y justicia coinciden en que la Ley de la Carrera Judicial tiene algunas falencias, debido a que la misma se ejecutaría junto con la reforma constitucional, la cual resultó fallida al no aprobarse; sin embargo, modificarla como se pretende solo debilitará más la norma.

Aunque en el Congreso los diputados no quieren pronunciarse al respecto y niegan que la reforma a la Ley de la Carrera Judicial sea para beneficiar a los jueces y magistrados que se postulan está el antecedente de las reformas al Código Penal del 2017, las cuales, en lugar de favorecer solo “a sus amigos” que estaban procesados dejaba en libertad a muchos presos que enfrentaba delitos de asesinato y a pandilleros.

A partir de esas reformas se les llamó a los diputados parte del #PactodeCorruptos.

Lorena Escobar, directora del área de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que de concretarse esta intención de los diputados se estaría regresando al país 10 años, debido a que se debilitaría el sistema de justicia y la persecución penal.

“Uno de los mejores legados que dejo Cicig son todos los instrumentos legales que introdujeron a la persecución penal, como la ley que crea lo juzgados de mayor riesgo”, explicó.

“Hay una serie de leyes que sin ellas la persecución penal en casos de corrupción no hubiese sido posible, ni siquiera perseguir porque no estaban en nuestro ordenamiento jurídico, eliminarlas, modificarlas con intenciones particulares y no en beneficio de la justicia sería un retroceso y garantizaría impunidad a muchos políticos”, refirió la experta.

Un pacto entre magistrados y diputados

La directora del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, manifestó que los diputados han tenido una lista de decretos a derogar o emitir nuevos para contrarrestar lo que se había trabajado en la lucha contra la impunidad.

“Estaban por ejemplo la Ley de Amnistía, la ley contra las Oenegés, la de prisión preventiva, La Ley que creo el sistema de mayor riesgo, y en su momento, la creación de Cicig. Y ahora la de la Carrera Judicial que coincide con los procesos de postulación, pero en el fondo las reformas las querían hacer, solo que estaban a la espera de encontrar el momento oportuno”, dijo Ibarra.

Ibarra hace referencia a que el interés que tiene los diputados de devolverle a la Corte Suprema de Justicia todo el poder administrativo se debe a que antes de la nueva Ley de la Carrera Judicial ellos eran los que definían qué magistrado iba a cada Sala de Apelaciones y ahora no.

“Las reformas a la ley de la Carrera Judicial le devuelven ese poder y ese es un arreglo que tienen los magistrados de la CSJ con un grupo de diputados que dominan el Congreso, algunos de ellos son ponentes”, refiere.

Añadió: “Estaban esperanzados en que la Corte de Constitucionalidad declarará inconstitucional la Ley de la Carrera Judicial, pero el 13 de septiembre la CC rechazó todas las inconstitucionalidades y ahora lo que algunos pretenden es una enmienda de curul para que se suspenda momentáneamente la vigencia del artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial para que no haya necesidad de evaluar jueces sino utilizar las evaluaciones anteriores”.

El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda manifestó que no tiene conocimiento de que el Congreso este aprobando o desaprobando decretos que vayan a favor de generar impunidad, pero la posición de los industriales es de ir en contra de cualquier medida que quiera favorecer la impunidad.

“Todo lo que es combate a la impunidad debe de seguir, se debe fortalecer a las instituciones, de ninguna manera estaríamos de acuerdo con cualquier actividad que sea en beneficio e incrementar la impunidad, por lo que no estaríamos de acuerdo”, dijo Zepeda

Un retroceso para el país

El politólogo de Asíes José Carlos Sanabría señaló que desde hace dos años no solo en el Congreso sino en otros organismos del Estado ha habido un clima anticicig y eso lo evidencia la no renovación de su mandato.

“Lo que lograría -al reformar la Ley de la Carrera Judicial- es retroceder en muchos avances positivos para fortalecer el sistema de justicia en el país, evidentemente hay un clima anticicig, y que está predominando en algunos actores políticos y si está en agenda legislativa, está sobre la mesa y está en proceso de negociación, sería muy lamentable, tendría un costo bastante alto para el país por todos los avances y esfuerzos que se han impulsado para fortalecer el sistema de justicia”, aseguró Sanabria.

Añadió: “Este clima no es actual, ha prevalecido en los últimos dos años no solo en el Congreso sino afuera de él, las acciones para sacar a Cicig del país simplemente eran una manifestación, pero el objetivo no solo era ese sino es llegar más allá, el objetivo es debilitar el sistema de justicia y generar acciones para que la impunidad prevalezca en el país, sería muy lamentable que ese escenario se concretará”.

El analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú señaló que con la aprobación de esas leyes que de alguna forma tuvieron el acompañamiento de la Cicig se cumplían compromisos internacionales que Guatemala había firmado a mediados de los años 1990.

“La Ley contra la Delincuencia Organizada cumplía con el protocolo de Palermo que se firmó en los 90, en ella se define qué se entiende por delincuencia organizada, se establecen los métodos especiales de investigación, al igual que las otras leyes”, refiere.

Sobre los Juzgados de Mayor Riesgo, el experto manifestó que estos se crearon para descongestionar o agilizar el tema de algunos casos y fueron pensados para atender casos donde los jueces tenían riesgos muy altos, principalmente en la provincia, donde organizaciones amenazaban a los jueces y para evitar que esas amenazas se hicieran reales se instalaron los juzgados especiales en la capital.

“Creo que hay algunas leyes en todo el paquete en las que Cicig haya participado en diseño o sacarlas adelante, creo que más allá que haya sido Cicig o no, la mayoría sí valen la pena mantenerlas porque si no sería un retroceso de 10 años, y ahorita lo que estamos hablando es de que se quiere hacer eficiente el sistema de justicia y en parte estas leyes que se hicieron fueron para introducir cambios que apoyaran la administración de la justicia”, dijo el experto.

Mientras que Francisco Quezada, también del Cien, argumenta que la Ley de la Carrera Judicial es una ley que desde un principio empezó a tener problemas, pues quienes la hicieron partieron del supuesto de que iba a haber una reforma constitucional.

“En base a ese supuesto partieron de que se le iba a quitar los poderes a la Corte Suprema de Justicia e iba a ser sustituido por un Consejo, se hicieron cambios en donde si los desapoderan, pero dejan lagunas muy grandes donde al final tienen la última palabra para hacer los nombramientos y ascensos”, dijo Quezada.

El experto señaló que cualquier reforma a la Ley de la Carrera Judicial debe ser muy técnica para no caer en el mismo error del 2016.

El exmagistrado de la CSJ Luis Fernández Molina argumentó que cualquier reforma o derogación de leyes que quieran hacer los diputados en lugar de fortalecer al sistema de justicia, lo debilita.

“Muchas de esas reformas las están haciendo más a la carta y con algún destino particular, el Congreso se siente empoderado porque no está Cicig, pero no deben de perder de vista la última aduana que es la Corte de Constitucionalidad y muchas de esas reformas van a ser impugnadas y no tengo la duda de que se vayan a declarar inconstitucionales”, manifestó Fernández Molina.

El exmagistrado también coincide con los expertos en que hay una intención de debilitar el sistema de justicia y la persecución penal.

“Qué paso en el 2016, que emitieron leyes en maquila como la reforma a la Ley Electoral y de la Carrera Judicial que fueron muy mal articuladas, y ahí los problemas, pero por mucho que quieran reformar el punto medular es la evaluación de jueces, la selección de los mejores solo se puede obtener a través de métodos de evaluación más realistas, los cambios vienen a debilitar, con el argumento de querer fortalecer la justicia”, indicó el exmagistrado.

Fernández Molina concluyó: “En el fondo quieren debilitar al Ministerio Público, sobre todo a los seguimientos que hay en contra de personas que fueron denunciadas”.

[chronos]

Iniciado por La Hora

En foro, hablan de la importancia de la resolución de la CC

Por Denis Aguilar
[email protected]

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) realizó hoy el foro “Evaluar jueces y magistrados: Más allá de la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, donde expertos abordaron la resolución emitida por esa Corte que detuvo el proceso ya iniciado por las Comisiones de Postulación para elegir magistrados.

José González, de Impunity Watch, destacó la importancia de la resolución de la CC, pues esta hizo valer la importancia de la evaluación del desempeño de jueces y magistrados.

“La Corte de Constitucionalidad lo que hace es reconocer la importancia de la evaluación del desempeño profesional como un criterio que sirva para poder tener un criterio técnico de convicción para el nombramiento o reelección de los magistrados”, dijo.

González comentó que la intención del Congreso de la República en reformar la Ley de la Carrera Judicial no tendría efecto sobre el actual proceso de Comisiones de Postulación.

“Esto porque el proceso, si bien es cierto se retrotrajo a la conformación de una de las Comisiones, no se retrotrajo hasta antes de su inicio. Hay que recordar que el proceso inicia con la convocatoria que el Congreso realiza”, señaló.

Además, expresó que el artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial establece que los magistrados actuales deben permanecer en sus cargos mientras no tengan relevos.

Por su parte José Asensio, del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon), indicó que existe incertidumbre por el proceso de las Postuladoras y que hubiese sido conveniente que la resolución se diera tiempo antes para no afectar los plazos constitucionales.

[chronos]

Iniciado por La Hora

CCJ oficializa que no emitirán el Reglamento que ordenó la ley y la CC

Por Cristian Velix
[email protected]

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) emitió de “urgencia nacional” una disposición con la que buscan “dar cumplimiento en forma inmediata y realizar las evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados”, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó aprobar el reglamento, con el que se operativizaría lo relativo a las mediciones de desempeño de los integrantes de la carrera judicial.

Entre los argumentos con los que se aprobó esa “disposición específica” se encuentra la imperante necesidad de dar paso al nuevo período constitucional que prevé el plazo de ejercer los altos cargos del Organismo Judicial (OJ), como lo son los integrantes de la CSJ y de Corte de Apelaciones.

“Se hace necesario emitir una disposición específica que permita al Consejo de la Carrera Judicial garantizar el principio de legalidad de sus funciones y, además, permitirle al pueblo de Guatemala para cumplir con los objetivos constitucionales previstos y permitir que se produzca un nuevo período constitucional de magistrados”, agrega el mencionado documento.

En el documento aprobado por el Consejo se describe que “por esta única vez y ponderando el orden constitucional” emitió esa disposición con el fin de realizar las evaluaciones de desempeño y comportamiento profesional de jueces y magistrados que manifestaron interés en participar en los procesos de selección de las autoridades judiciales de este año.

Según el documento, este entraba en vigor inmediatamente (26 de septiembre) y que se notificaría a jueces y magistrados mediante correo electrónico interno del Organismo Judicial (OJ).

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Magistrados se reciclan y presentaron tres planillas

Por Cristian Velix
[email protected]

Magistrados de Corte de Apelaciones presentaron hoy tres planillas de aspirantes que buscan integrar la Comisión de Postulación de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ). En las nóminas se busca reelegir a once comisionados, cuya elección anterior fue anulada.

De esa forma, dichos magistrados se distribuyeron en las tres nóminas entregadas hoy y según Guatemala Visible buscan volver a integrar la mencionada Comisión: Romeo Monterrosa Orellana, Fausto Fernando Maldonado Méndez, Dixon Díaz Mendoza, Edwin Roberto Ruano Martínez, Harold Estuardo Ortiz Pérez.

Asimismo, Jorge Alberto González Barrios, Miguel Enrique Catalán Orellana, Gustavo Adolfo Samayoa Romero, Nicolás Cuxil Güitz, Aracely Amaya Fabián y Wendy Angélica Ramírez López, quienes pretenden ser reelectos, por lo que únicamente Cathy Rossana López Rodríguez declinó de participar en esta ocasión.

Por su parte el presidente de la Comisión Electoral para la elección de los representantes de los magistrados, Ronald Colindres, dijo que se corroboraron todos los requisitos que se habían solicitado para la inscripción y las tres planillas las presentaron de forma adecuada.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Expertos consideran que a partir del domingo habrá un gobierno judicial de facto

El plazo de cinco años para el que fueron electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones finaliza el próximo 12 de octubre.

(...)

Iniciado por Prensa Libre

Magistrados de la CSJ deberán continuar con sus funciones hasta elección de nueva corte

La toma de posesión de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y corte de Apelaciones se retrasará debido a problemas en el proceso de postulación.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Fiscal General: CC tiene la máxima interpretación de la Constitución

Por Denis Aguilar
[email protected]

La Fiscal General, María Consuelo Porras, se pronunció sobre la opinión consultiva que pidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre si los magistrados deben seguir en sus cargos, después del 12 de octubre, si no se eligen sustitutos, asegurando Porras que esta última tiene a su cargo la máxima interpretación de la Constitución.

La CC, basándose en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, señaló que los magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como Corte de Apelaciones, no pueden dejar sus cargos sino hasta que se elijan a los profesionales para sustituirles.

A decir de Porras, la Corte le da “muy puntualmente” respuesta a cada una de las preguntas requeridas, lo cual se dio bajo un marco constitucional, pues los magistrados de la CC son los “máximos intérpretes de la Constitución”.

“La opinión consultiva es única y exclusivamente para darle respuesta de conformidad con la interpretación constitucional que la Corte en este casos tiene como función fundamental”, añadió la jefa del Ministerio Público.

Porras indicó, leyendo el documento de la Corte de Constitucionalidad, que los magistrados no podrán dejar sus cargos hasta que ya hayan sido electos sus reemplazos.

La Fiscal General dio estas declaraciones en el marco de la firma de una convenio de cooperación de buena gobernanza para propiciar la cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción y la impunidad, el cual fue suscrito por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas, el Organismo Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Nacional de Municipalidades.

Iniciado por La Hora

Piden remoción de integrantes del Consejo de la Carrera Judicial

La Fundación Myrna Mack solicitó a la Presidencia del Organismo Judicial (OJ), por medio de su presidenta, Helen Mack, la remoción de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) a quienes señala de negligencia e incumplimiento de su obligación, al no haber elaborado un reglamento para dar cumplimiento a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ).

Los integrantes del CCJ de quienes la Fundación solicitó la remoción son Carlos Guerra, presidente; Carolina Paniagua Corzantes, Gilma Valladares, Martha María Valdés Rodas, Yessica Liseth Chiapas, Henry Leonidas Ramos y Liza Marjorie González.

La Fundación argumentó que el CCJ, integrado en febrero de 2018 a la fecha, no ha cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) respecto a la elaboración de un reglamento que, según la organización, ha provocado que el CCJ no pueda elegir y nombrar a quienes ocuparán los cargos de Supervisor General de Tribunales, Secretario Ejecutivo del CCJ, Coordinador de la Unidad de Desempeño Profesional y Director de la Escuela de Estudios Judiciales.

Según la Fundación, el CCJ promovió convocatoria pública para optar a los cargos mencionados, sin la existencia de un reglamento.

Además, la entidad señala que la negligencia demostrada por la CCJ al no haber emitido el reglamento, ha ocasionado serias repercusiones en el marco del proceso de postulación para integrar las magistraturas de la CSJ y de Salas de Corte de Apelaciones que se está desarrollando actualmente.

La FMM señaló que se trata de un problema concatenado ya que, sin reglamento no es viable ni legítimo elegir a los integrantes de los órganos auxiliares del sistema de Carrera judicial. Entre este grupo figuran aquellos que deben integrar la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional, encargada por mandato legal, de llevar a cabo los procesos y procedimientos de evaluación, señaló.

“Sin esa posibilidad, el CCJ no puede cumplir a cabalidad con lo preceptuado en el artículo 76, segundo párrafo de la LCJ, es decir elaborar y remitir oportunamente a las comisiones de Postulación, la nómina con los respectivos expedientes de jueces y magistrados” indico Mack, en su petición.

Según Mack, por lo anterior resulta evidente que los miembros del CCJ han actuado de manera negligente e irresponsable y cita el artículo 7 de la LCJ donde se regulan los motivos de remoción de los integrantes del CCJ, específicamente el inciso c), debido a que la Fundación considera que han sido negligentes en el cumplimiento de su obligación de emitir el reglamento de la LCJ, por lo tanto solicita su remoción.

[rio63]

Iniciado por chronos

Ahora los mismos serotes de siempre somatandose el pecho por que no los van a elegir los corruptazos esos del congreso. Lo mejor seria que los eligieran los de la siguiente legislatura , ya que con esa cueva de ladrones no creo que les interese escoger a los mejores, sino a los que mas impunidad les puedan garantizar . Ademas si les toca a los del siguiente congreso, ahí es un buen indicador si van a seguir siendo tan ladrones y y tranceros como estos que están y la mara se puede dar cuenta quienes son los mas tranzas .

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Controversia por permanencia de magistrados de la CSJ y de Apelaciones después del 13 de octubre

La CC decidió que los actuales magistrados de la CSJ permanezcan en su cargo aún termine el plazo para el que fueron electos. El presidente electo Alejandro Giammattei pide a los magistrados que renuncien el 12 de octubre y protejan así “el orden constitucional”. Ambos argumentos ya plantean distintos criterios para legalistas que, incluso, plantean otros escenarios.

Por Francisco Mauricio Martínez

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) termina su mandato constitucional el próximo sábado 12 de octubre, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió una consulta y ordena que permanezcan en el cargo los actuales magistrados hasta que se nombre a sus sustitutos, un proceso que, por ahora, está comenzando.

El exmagistrado de la CSJ José Quesada Fernández comparte el punto de visto de Giammattei y va más allá, pues asegura que, de acuerdo con el inciso (i) del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, los actuales funcionarios perderán su calidad de magistrados cuando termina su periodo, o sea el 12 de octubre, cualquier acto oficial después de esta fecha iría en contra del mandato constitucional.

Ante este orden legal, Quesada Fernández, considera que “en realidad no es que los magistrados vayan a renunciar, sino que, más bien, van a perder su calidad de magistrados y si adicionalmente renuncian van a aclarar la situación”.

Sin embargo, el exmagistrado anticipa que debido que el proceso de elección va atrasado, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el 16 de septiembre los procesos de postulación, tanto para CSJ como Apelaciones, se suscitará una crisis, porque no se contará con los nuevos magistrados por tiempo indefinido.

Quesada Fernández explica que ante este cese de las funciones, el Congreso de la República tendría que nombrar temporalmente entre “los restantes de la lista que fueron enviados en el 2014, pero que el periodo de ellos también vencerá en el mismo momento”, lo que contradice automáticamente ese argumento.

“Este es un problema ocasionado por la CC al no respetar los plazos constitucionales, y en estos momentos ya no da tiempo para nada. Nos vamos a encontrar con una crisis provocada por la CC. Todo esto era previsible cuando ellos dieron el amparo provisional y suspendieron todo el procedimiento de comisiones de postulación”, opina el exmagistrado Quesada.

No se puede detener un servicio público

El abogado Alejandro Rodríguez, vicepresidente del del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dice que la renuncia o retiro de los magistrados de la CSJ es inviable, porque la CC ha sido muy clara en cuanto a que la función jurisdiccional no se puede detener, no se puede abandonar, porque es un servicio público, por lo que “los magistrados deben seguir en sus cargos hasta que se nombre a sus sucesores legítimos”.

“Lo más importante es garantizar la continuidad del servicio público que está claramente establecido en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, la cual cita que los magistrados no pueden retirarse ni abandonar sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Así también se debe observar que los elegidos cumplan con los requisitos del artículo 113 de la Constitución de la República en cuanto aptitud e idoneidad para ejercer sus cargos”, explica Rodríguez.

Rodríguez dice que el proceso de elección de magistrados debe continuar, y que no se ha cumplido a tiempo, porque “lamentablemente las instituciones que tienen a su cargo la elección, tanto el Consejo de la Carrera Judicial como la Comisión de Postulación, desarrollaron graves violaciones a la legalidad que debieron ser corregidas por la CC”.

En cuanto a lo que ordena el inciso (i) del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, Rodríguez expone que el máximo tribunal constitucional ya emitió su opinión y que ante esta no cabe una interpretación distinta. “La CC es la encargada de defender el orden constitucional, tal como lo dice el artículo 268”, explica.

Además, explica Rodríguez, es muy importante que el proceso de elección de candidatos se hagan de acuerdos a los estándares internacionales y los principios de garantía, independencia e inamovilidad en el cargo, los cuales tienen preminencia sobre aspectos meramente formales del vencimiento.

Hay antecedentes

La parlamentaria Nineth Montenegro considera que la resolución de la CC, en cuanto a que los magistrados de la CSJ y la de Apelaciones deberán continuar en la función de sus cargos hasta que el Congreso de la República elija legítimamente a sus sustitutos para el periodo 2019-2024, es “sabia y coherente, porque no es primera vez que ocurre esto”.

Según la parlamentaria, lo mismo sucedió con la elección de los magistrados que ahora deben entregar sus cargos, en el 2014. “En esa oportunidad se atrasó como dos meses la elección y mientras eso ocurría, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del OJ los magistrados permanecieron en el cargo como dos meses más”.

Esta situación, agrega Montenegro, va a ayudar para que se haga una buena selección de candidatos, pues estarán basadas en una tabla de gradación objetiva, perfil idóneo, planes de trabajo y pruebas psicométricas, lo cual es positivo para evitar el clientelismo.

En cuanto a que se llega el 13 de octubre y no se cuenta con nuevos magistrados podría significar un rompimiento del orden constitucional, como argumenta el presidente electo, Montenegro expresa que “es muy simpática -esa expresión- porque no es la primera vez que pasa, ya lo hubo y nadie dijo nada. El papel de la CC es encontrar una salida política viable, que no rompa con el orden institucional y constitucional”.

“Es peligroso rebasar el tiempo”

Raúl Romero, actual diputado de Fuerza y ministro designado de Desarrollo Social de Alejandro Giammattei, dice se debe aprender a vivir en un estado de Derecho y a respetar el sistema democrático. “La Constitución Política es muy clara en cuanto a establecer los procedimientos y tiempos de duración de los cargos”.

Agregó: “Es peligroso rebasar el tiempo para el que fue electo un funcionario porque rompe con un principio constitucional. Si así fuera, por ejemplo, también podrían extender su tiempo en el cargo los diputados, el presidente de la República o cualquier otro magistrado”.

A criterio de Romero, el tema de fondo, más que de forma, es que todos los funcionarios están obligados a respetar y hacer que se respeten las leyes, tal como se expresa cuando se toma posesión y se lleva a cabo la juramentación.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

CANG cuestiona opinión consultiva de la CC

Por Eder Juárez
[email protected]

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) cuestionó la opinión consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) por el vencimiento del plazo en el cargo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quienes tendrán que seguir en el cargo luego del 12 de octubre.

El CANG mostró su preocupación a que no se cumplan plazos y se violente el plazo de entrega de cargos de los magistrados para el 12 de octubre. “Una de las bases sobre las cuales descansa nuestro sistema republicano y democrático es el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder, respetando los plazos constitucionalmente establecidos, aspecto que no solo debe observar el poder Ejecutivo o el Legislativo, ya que también debe ser respetado por el poder Judicial”, dijo el presidente del CANG, Ovidio Orellana.

Asimismo manifestaron su preocupación por la paralización de las Comisiones de Postulación, que llevan más de 20 días de no estar integradas. Además solicitaron a la CC para que antes del vencimiento del plazo constitucional para los que fueron electos los magistrados de CSJ y Cortes de Apelaciones “revisen de oficio la decisión asumida en el amparo provisional otorgado”.

Por otro lado, el CANG solicitó a la Fiscal General, “analizar si lo actuado en el contexto de la selección de candidatos para ocupar las magistraturas se ajusta o no al marco constitucional y legal; y, en caso se encontraren indicios de la posible comisión de hechos delictivos, se realice la investigación correspondiente, individualice a los responsables y se proceda de conformidad con la Ley”, sin embargo, no mencionaron a quienes podrían deducirse responsabilidades.

[chronos]

Déjà vu ...

Las 5 claves para entender la disputa por la justicia

Los árbitros de la justicia guardan cierta independencia del Congreso y del Gobierno. Pero no son independientes. La habilidad de 9 grupos de presión y de abogados hacen que el sistema parezca diseñado para que la mayoría de los jueces sean cooptados y que su independencia sea una excepción. Decenas de entrevistas, investigaciones documentales y de bases de datos sirvieron de fuentes para este texto.

POR NÓMADA / 22 ABRIL, 2014

«Señor presidente y/o gerente: De la manera más atenta nos es grato informarle que CACIF viene coordinando desde hace algún tiempo la estrategia para lograr llevar a la Corte Suprema de Justicia a la Planilla 2 que participará por el Colegio de Abogados en las Comisiones de Postulación. Por lo anterior solicitamos su patriótica colaboración en el sentido de que sus equipos legales, tanto de planta como externos, apoyen en esta elección. Cámara de Finanzas de Guatemala. 15 de julio de 2009.»

Buena parte de los abogados que participan en las elecciones para el sistema de justicia no votan espontáneamente. La circular citada fue enviada por el CACIF a los bancos para que sus abogados votaran por la planilla de Hugo Maúl, ex magistrado de la CSJ, y Luis Alberto Pineda, actual magistrado. Sirvió para obtener 839 votos, el 15 por ciento de los participantes, y distanció a los abogados tradicionales de la patronal de otro grupo de abogados corporativos y de derechos humanos, la agrupación Alternativa Independiente, que obtuvo casi 200 votos más.

El sistema judicial heredó de las dictaduras la falta de independencia. En democracia, el sector privado no es el único que pide a sus empleados apoyar a candidatos. Un ejemplo gubernamental fue Anabella de León, registradora general de la Propiedad, que este año llevó a un grupo de empleados del Registro a votar por representantes del Colegio de Abogados para la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En la primera vuelta, la planilla 1, respaldada por el Gobierno, obtuvo el 35 por ciento del total. En la segunda vuelta llegó al 42 por ciento. 2,088 votos representan el 42 por ciento de estos poderosos electores gremiales.

Pero no pudieron ganar. El sistema de justicia en Guatemala, antes dominado sólo por el sector privado (1993-2003), después disputado entre los empresarios tradicionales y los abogados emergentes (2003-2009), es ahora uno con varias fuerzas en competencia, en el que las ideologías no son determinantes, y las alianzas pueden ser inesperadas. Como la que le ganó al candidato del Gobierno para la Comisión del TSE.

Se trató de una alianza entre tres grupos fuertes de abogados: 1) los de Alternativa Independiente, corporativos y de derechos humanos; 2) los abogados cercanos al empresario (importador de tenis) Roberto López Villatoro; y 3) los abogados convocados por el rector de la USAC. Derrotaron al candidato respaldado por el Partido Patriota que, según los integrantes de la alianza ganadora, tiene como operador al empresario Gustavo Herrera, a quien Otto Pérez Molina acusó en 2004 de tener relaciones con el narcotráfico y negocios corruptos durante el gobierno del FRG.

El control que ejercen los grupos de presión radica en los escasos electores y su distribución. Votan a lo sumo 4,000 de los 13,429 colegiados activos: menos de la tercera parte. En Ciudad de Guatemala sólo hay nueve mesas electorales y en los departamentos votan en promedio 50 abogados en cada mesa. Escaso secreto para profesionales contratados temporalmente en el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP) o la USAC.

Las jefaturas del IDPP y la USAC llevan diez años y ocho años en las mismas manos: Blanca Stalling y Estuardo Gálvez.

El pulso por dominar la justicia

Si bien hay jueces independientes en sus fallos, el control de la justicia siempre ha sido un pulso de los grupos de poder para el momento de disputas políticas o comerciales. Por eso cuando las élites y los militares acordaron la democracia en 1985, fueron escépticos sobre ceder el control judicial del Estado. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha hecho desde entonces las veces de último portero para evitar reformas profundas o sentencias como la de genocidio.

Cuando en 1993 el expresidente Jorge Serrano intentó dar un golpe de Estado y suprimir el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, la élite económica lideró una reforma constitucional que buscaba agilizar la justicia con la creación del Ministerio Público y cámaras dentro de la Corte Suprema, pero también distraer a los jueces con más funciones administrativas y quitarle el poder a los políticos para dárselo a las universidades privadas y a los abogados privados.

Con esta estructura legal se aseguraron que sucesivas CC aplicaran el artículo constitucional que prohibía la participación presidencial de Efraín Ríos Montt. Pero cuando el partido del exdictador, el FRG, obtuvo la mayoría del Congreso en 2001, se propuso allanar el camino para tener la mayoría en la CC, permitir la participación de su caudillo y de paso dominar el Organismo Judicial. Empezaron por el Colegio de Abogados y una finta a la prensa. Amenazaron con obligar a licenciarse a los reporteros y el día del periodista, el 30 de noviembre de 2001, aprobaron una reforma a ley de Colegiación Obligatoria que ya no incluía a los reporteros, pero sí cambiaría la hegemonía sobre el Colegio de Abogados por dos artículos: El primero obliga a los profesionales a colegiarse para ejercer; y el número 13 permite el voto de los abogados más allá de la capital, en cada departamento con más de 20 abogados colegiados.

“Con esto se cambia la estructura de votación por representación. Antes había abogados que votaban no sólo con su voto sino decían representar a 20 más del interior. El que podía ofrecer más o persuadir más, ganaba. Eso cambió, se convirtió en algo más democrático”, dice Luis Reyes, actual presidente del Colegio de Abogados, electo por la agrupación de juristas Conamis, que sus rivales califican de negociantes, aliados del gobierno del PP ahora y de la UNE antes, pero sus integrantes aseguran que sólo tienen orígenes más humildes.

Las mayoría de las divisiones dentro de las agrupaciones del Colegio de Abogados y grupos de presión tienen que ver más con orígenes de clase. Durante las conversaciones con actores, se repiten las descalificaciones respecto de sus adversarios: “vacas sagradas, ricos de siempre” versus “corruptos, narcos, chusma”.

La personificación del cambio de la hegemonía es Roberto López Villatoro, designado en 2001 por Ríos Montt, su suegro entonces, para cabildear la reforma de la Ley de Colegiación. López Villatoro, de Cuilco, Huehuetenango, y campechano como pocos, hizo fortuna importando tenis de China. Afinó su influencia sobre el gremio por medio de su agrupación Justicia para el Cambio gracias a la organización de comidas y fiestas, y pagando viajes a potenciales magistrados para especializaciones en Sevilla, España, por medio de su empresa D’LoVi. Desde el establishment y la sociedad civil se le acusó de ser un mero contrabandista, y tras una publicación periodística de 2001 se le conoce como “el Rey del Tenis”. En un ejemplo de su influencia y de las diferencias entre el mundo mediático y el mundo de la política, los diputados y abogados emergentes entrevistados se refieren a él únicamente como “el Rey”.

López Villatoro incluso participó en la creación de algunas universidades privadas –el otro bastión del sector privado en las Comisiones de Postulación–. “Después de ir ganando en el Colegio de Abogados, nos dimos cuenta que (los tradicionales) nos seguían ganando en las comisiones de postulación por las universidades privadas, y entonces nos pusimos a crear algunas para competirles”, dice uno de sus aliados. Cinco de las diez facultades de Derecho tienen menos de quince años; tres, la Universidad San Pablo, la de Occidente y la Da Vinci, no tienen graduados colegiados; y seis de las 11 facultades graduaron únicamente al 0.8% de los colegiados entre 2002 y 2014.

Hay otro elemento unificador entre muchos de los abogados emergentes: el eferregismo. Así, no es de extrañar que Thelma Aldana, candidata a Fiscal y magistrada de la CSJ con el apoyo de López Villatoro y Gustavo Herrera, favoreciera a los bancos de Francisco Alvarado McDonald, financista del FRG, cuando era miembro de la Sala de Apelaciones. También se comprenden los votos de los diputados por jueces pro-militares. Dos ejemplos son Erick Álvarez, graduado del Adolfo V. Hall, y electo magistrado de la CSJ, y Rolando Segura, acusado de retardo malicioso en el juicio por el asesinato de Myrna Mack a manos del ejército y promovido por el Partido Patriota para magistrado del TSE, sin éxito en la Comisión de Postulación.

Si bien las diferencias de clase y el eferregismo les ha distanciado durante los últimos 15 años por el control de la justicia, entre estos dos grupos no hay diferencias ideológicas y sí una tregua coyuntural: la animadversión de los más radicales contra la fiscal Claudia Paz por haber sido independiente (o inquisidora, según ellos) respecto de militares y empresarios durante sus tres años al frente del Ministerio Público.

El tablero, no obstante, estaría incompleto únicamente con abogados y grupos de presión tradicionales y emergentes. Los abogados, jueces, activistas y diplomáticos que defienden el respeto a los derechos humanos no sólo han sido un contrapeso sino que tienen adeptos dentro de las filas de los tradicionales y los emergentes. Un ejemplos de estos traslapes: César Barrientos, el finado magistrado de la Corte Suprema y estandarte de la lucha contra la impunidad, fue candidato a presidente del Colegio de Abogados por la agrupación pro-empresarial en 2009.

Hay otro elemento que aleja el proceso de la ley de la selva. Hay jueces, progresistas y conservadores, que creen en la aplicación de la ley. Y hay organizaciones civiles, conservadoras y progresistas, que velan porque se apliquen estándares de transparencia en el proceso.

Los empates de fuerzas

Las alianzas entre los 9 grupos que dominan la justicia no son una especie de amor libre, sino que también hay divisiones. Los aliados naturales son los actores emergentes: 1) Justicia para el Cambio, del Rey del Tenis y los Abogados de Mixco; 2) Ética y Derecho, del rector de la USAC; 3) las agrupaciones en torno al Instituto de la Defensa Pública dirigido por Blanca Stalling; y 4) los gobiernos, primero de la UNE y luego del PP. Estos dos gobiernos, quizás curtidos por relaciones peligrosas durante las campañas electorales, han sido más laxos a la hora de aceptar el apoyo de un quinto actor: 5) personajes acusados de tener relaciones con mafias. Un elemento clave es que por el crecimiento de la economía o la corrupción estatal, hay más grupos con poder económico para presionar por sus candidatos.

Hace cuatro años, aquí se delimitaba la frontera. Del otro lado se agruparon cuatro: 6) El CACIF. 7) La minoritaria agrupación de abogados Alternativa Independiente, en donde pueden participar juntos un corporativo de derecha dura, Mario Fuentes Destarac, y una activista de derechos humanos, María Eugenia Solís, y que hace públicos sus gastos de campaña. 8) Las organizaciones de la sociedad civil, los países cooperantes y la CICIG, que es un grupo que ha encontrado más puntos en común con el sector privado.

Cierra el club de los 9 otro de los actores más poderosos, que hace circular listas con poder de veto: la embajada de Estados Unidos. El involucramiento estadounidense para defender a “su aliada” contra el narcotráfico, Claudia Paz, tiene proporciones de agenda mundial. Esta semana viene al país su ministro de la Defensa, Chuck Hagel, para “hablar sobre cooperación con el presidente Pérez Molina”. En realidad, viene a hablar del MP en un momento de transición.

Los grupos, de emergentes y gobiernos por un lado, y de empresarios, activistas y diplomáticos por el otro, quedaron al final en un empate por la Corte Suprema de 2009, confirman cinco entrevistados que participaron en el proceso. Siete de los trece magistrados electos fueron apadrinados por el grupo liderado por Gloria Torres, hermana de Sandra Torres y operadora de la UNE; César Fajardo, diputado de la UNE; el empresario Gustavo Herrera; y en menor intensidad Estuardo Gálvez y López Villatoro. Los otros seis fueron apadrinados por Gustavo Alejos, secretario de la Presidencia y financista de partidos; Roberto Alejos, entonces presidente legislativo; el CACIF; y las organizaciones de la sociedad civil. El resultado de esta competencia fue una corte con lealtades más dispersas, y a la larga, más independiente.

El mismo empate de fuerzas, sólo que entre partidos, y la misma mejora de la independencia de magistrados, sucedió el mes pasado con el Tribunal Supremo Electoral.

El partido oficialista, el PP, no pudo llevar a sus principales candidatos a la lista de 40 finalistas y tuvo que ceder el 60 por ciento de los magistrados para poder proponer a dos de los cinco electos.

El MP, la última batalla (por el momento)

Esta semana se definirá otro pulso, una batalla final, que determinará cuán profundas fueron las reformas emprendidas durante los últimos tres años y medio. Las universidades privadas, tradicionales y nuevas, cercanas al sector privado, al gobierno, al antiguo
eferregismo o a los derechos humanos, decidirán junto abogados negociantes al sexteto de candidatos a Fiscal General.

De momento, está convertido en un referéndum de las facultades de Derecho y las agrupaciones de abogados sobre el trabajo de Claudia Paz. Necesita de nueve votos para pasar y que la brasa de su reelección –aupada por Estados Unidos y la sociedad civil– recaiga sobre el presidente Pérez Molina –presionado también por militares y empresarios–. Las tendencias de voto en las rondas preliminares sobre tachas muestran un empate en el pulso. El pronóstico está reservado.

Actualización del 29 de abril de 2014

Después de la publicación anterior siguió una semana con varias jornadas de formalismos jurídicos minuciosos, de otra época, en los que una de las comisionadas llegó a repetir 14 veces, con cada candidato, la frase “no lo conozco personalmente, pero con base en el expediente y en el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el concepto de honorabilidad, no tengo elementos que me hagan pensar que no goza de reconocida honorabilidad; por lo tanto considero que tiene reconocida honorabilidad”. 14 veces lo repitió. Al igual que sus doce colegas sobre cada uno de los 14 candidatos finalistas.

Dos meses de formalismos en la Comisión de Postulación evaluando las cualidades, las pruebas psicométricas, los resultados laborales, los expedientes, dos meses se resolvieron en menos de cuatro minutos en los que los 13 comisionados presentes votaron por unanimidad a favor de cuatro de los candidatos mejor calificados. 9 de ellos hicieron una excepción con la segunda mejor. “Levanten la mano quienes votan porque Claudia Paz y Paz Bailey”, pidió el presidente de la Comisión, José Arturo Sierra. Sólo cuatro lo hicieron: los decanos de la USAC, Avidán Ortiz; de la URL, Rolando Escobar; de la Da Vinci, Fredy Cabrera; y el presidente de la Corte Suprema; José Arturo Sierra. Los restantes nueve dejaron la mano sobre la mesa, sobre sus piernas o entre los brazos cruzados.

Se consumó la tregua entre el sector privado tradicional (UFM, Unis, U San Pablo), el sector emergente (U Rural, U Mesoamericana, U Panamericana) y amigos del gobierno del Partido Patriota (Colegio de Abogados, Tribunal de Honor y U de Occidente): todos contra Claudia Paz y Paz.

Como sucedió hace cuatro años por estas fechas, la Comisión de Postulación eligió a un sexteto bajo la sombra de favorecer la impunidad de los poderosos. Hace cuatro años, de una lista similar de seis el presidente Álvaro Colom seleccionó a Conrado Reyes por la intermediación de pastores evangélicos como Harold Caballeros, Jorge H. López y Carlos “Cash” Luna. En las primeras semanas, Reyes desmanteló al equipo del MP que habían construido el fiscal interino Amílcar Zárate con apoyo internacional y colocó a personajes poco confiables. Días después el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, se autoinmolaba con una renuncia y la Corte de Constitucionalidad defenestraba a Conrado Reyes para que una nueva Comisión de Postulación repitiera el proceso.

Faltan dos capítulos por escribir en esta historia.

Comunicado de Prensa

CIDH reitera su preocupación por procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas para Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en Guatemala

27 de septiembre de 2014

Washington, D.C. – Ante la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los próximos nombramientos de magistrados de Salas de Apelaciones, la Comisión reitera al Estado de Guatemala su obligación de cumplir con los estándares de derecho internacional indispensables para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia dentro de los procedimientos de selección.

En los últimos meses la Comisión, mediante sus diversos mecanismos, ha dado seguimiento a los procedimientos de selección de las y los operadores de justicia en Guatemala. Al respecto, por medio de su comunicado de 21 de abril de 2014, la CIDH instó a Guatemala a garantizar la transparencia y cumplir estándares mínimos en nombramientos de operadores de justicia.

Según la información disponible, el 24 de septiembre de 2014 el Congreso eligió a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia antes de que culmine el plazo de 72 horas establecido en la Ley de Comisiones de Postulación para presentar impugnaciones, afectándose con ello el procedimiento establecido en la legislación guatemalteca. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil han expresado que la elección se habría basado en intereses particulares y/o partidarios y sin evaluar la idoneidad de las y los candidatos. La Comisión ha recomendado que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados tengan la posibilidad de impugnar a las candidatas y los candidatos para cargos de operadores de justicia, por lo que manifiesta su preocupación por que se haya restringido el periodo de impugnación mencionado.

Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento de que el Congreso elegirá próximamente a las y los magistrados de Salas de Apelaciones de una nómina de 252 aspirantes propuestas por una Comisión de postulación el 22 de septiembre de 2014.

Según información de público conocimiento varias organizaciones nacionales e internacionales, han cuestionado los dos procesos de postulación desde la integración de las Comisiones de postulación hasta la propuesta de la nómina de candidatos. En particular han denunciado públicamente una falta de rigurosidad, posibles conflictos de intereses, tráfico de influencias, escrutinio insuficiente de los candidatos así como la falta de criterios objetivos para la nominación.

A la fecha existen varias impugnaciones en relación con cada etapa de los procesos de selección ante la Corte de Constitucionalidad. En el marco de una de dichas impugnaciones ya resueltas, el 13 de junio de 2014 la Corte de Constitucionalidad reiteró que “los comisionados deberán efectuar una evaluación objetiva y razonable, apegada a las constancias que se presenten por los participantes, lo investigado por ellos, las entrevistas realizadas y considerado adecuadamente los aspectos que se reseñan, y tomar en cuenta que el solo hecho de participar implica que el postulante ha satisfecho los requisitos para haber obtenido un grado universitario, y sin que esa evaluación sustituya la obligación que tiene cada uno de los integrantes de la Comisión de Postulación de justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado”.

La Comisión recuerda los estándares plasmados en su Informe sobre Garantías de Independencia para las y los Operadores de Justicia en el que se indica que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar. Para ello, la Comisión considera indispensable que se apliquen criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección. En este sentido el Estado debe establecer salvaguardas para que los procesos de selección no sean realizados con base en intereses particulares y/o partidarios que pudieran socavar la independencia del poder judicial1.

La Comisión considera que si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual, las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas y capaces, lo que podría afectar severamente el desempeño de sus funciones futuras.

En cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y atendiendo al rol esencial que juegan las y los operadores de justicia en el acceso a la justicia y la preservación del estado de derecho, la CIDH exhorta al Congreso de la República de Guatemala a seleccionar a las magistradas y magistrados de Salas de Apelaciones con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, como estipula el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala así como observar los estándares mínimos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos a fin de asegurar la independencia judicial

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Torbellinos en la elección de las Cortes

El papel de la CC como ente corrector de procesos, es un factor que ciertos sectores cuestionan.

Por: Renzo Lautaro Rosal

Ante la encrucijada en la que se encuentra inmersa la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, es preciso quitar las ramas que restringen las miradas completas de lo que en realidad está en juego.

Es evidente que en las semanas recientes se han activado diversos mecanismos orientados a colocar a la Corte de Constitucionalidad como el único ente responsable del escenario en que nos encontramos. Ese propósito tiene varias motivaciones, pero la esencial es minar el terreno de esa institución y así crear las condiciones para la elección de nuevos magistrados en 2021.

La discusión sobre cumplimiento de plazos vs. riesgo de rompimiento constitucional, lleva consigo algo más. El desafío de aprovechar el momento actual para la designación de jueces probos, que finalmente antepongan el principio constitucional de independencia judicial y hagan prevalecer el valor supremo de la justicia, tendrá que esperar al menos un período más. El juego de intereses perversos está ganando la batalla, lo cual deriva que la discusión de la coyuntura se focalice sobre el factor continuidad, como si ese fuera el objetivo único.

Desde hace varios meses se avizoraba buena parte de lo que ahora ocurre. Los expresiones de poder que pululan desde tiempo atrás para tomar por asalto las Cortes, apuntaban a que el proceso, desde las Comisiones de Postulación, se armara de forma tal, que hubiese poco tiempo para la decisión final en el Pleno del Congreso. Adelantar la convocatoria, manejar los tiempos de la asamblea del Colegio de Abogados, reducir el tiempo de trabajo de las Comisiones, incumplir con el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, manejo inadecuado de la elección de los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, son algunas de las piezas del intrincado modelo preestablecido. El primer llamado de atención, lo dio la CC cuando en mayo otorgó un amparo provisional solicitado por la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), en contra del Congreso de la República debido a que la convocatoria se realizó antes de lo establecido en ley (cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para el que fueron electos). El Congreso convocó ocho meses antes.

En septiembre pasado, nuevamente la CC enmendó la plana sobre algunas acciones cuestionadas llevadas a cabo, siendo el proceso de la CSJ el más “afectado”; ya que deberá comenzar desde cero porque se deben repetir las elecciones de los 12 representantes de salas de Apelaciones; en tanto que el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a los jueces y magistrados que quieran ser magistrados, cuyo resultado deberá enviarse a la postuladora de Cortes de Apelaciones.

El papel de la CC como ente corrector de procesos, es un factor que ciertos sectores cuestionan; pero dejan de lado que quizás ellos y otras expresiones son los verdaderos responsables de generar los puntos de colisión. Que la actual CSJ continúe en sus puestos después del domingo 13, tampoco es buena noticia. Ellos querrán quedarse el mayor tiempo posible, a pesar de las oscuridades que representan.

Las realidades políticas corren a una velocidad que supera con creces el contenido del texto constitucional y los marcos de funciones de instancias, como la Corte de Constitucionalidad.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Postuladora para CSJ comienza a trabajar desde cero

Con una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que a partir de ayer extendió sus funciones por tiempo indefinido, hoy comienza de nuevo el trabajo de la comisión de postulación para magistrados que integrarán esa corte.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Postuladora de CSJ esperará evaluaciones del CCJ

Por Eder Juárez
[email protected]

La Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició labores nuevamente, luego de haber estado suspendida por un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgado a la Fundación Myrna Mack y al magistrado Noé Ventura Loyo, por vicios e irregularidades en el proceso de Postulación.

Sin embargo, la Postuladora no podrá seguir trabajando hasta que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) evalúe a magistrados y jueces tal como lo resolvió la CC en el amparo provisional.

Félix Serrano, presidente de la Comisión Postuladora, indicó que tendrán que trabajar y quedarse con las manos cruzadas hasta que el CCJ tenga las evaluaciones correspondientes de los jueces y magistrados que presenten sus expedientes.

“La Comisión de CSJ por lo menos dio los tiempos e hizo los requerimientos necesarios a la CCJ y no respondieron en la forma que se esperaba. Ahí concretamente lo que tendrían que haber sancionado era al CCJ, no tanto en lo que es la Comisión de Postulación (…), la resolución de la CC dice que no se cumplió con la Ley y debe cumplirse, cómo se va a cumplir con la Ley si no se establecen las instituciones adecuadas que la misma Ley establece, concretamente nosotros debemos empezar a trabajar y quedarnos de brazos cruzados hasta que el Consejo nos envíe las evaluaciones”, dijo Serrano.

El CCJ es un ente que no “tiene patas, ni cabeza”, no tiene reglamento, no tiene presupuesto, no tiene personal, no tiene instrumentos para evaluar, “el Consejo hizo una solicitud a las universidades para que le brindaran 10 abogados y poder hacer las evaluaciones ad honorem, en un mes, en qué país vivimos, quien va ir un mes a evaluar gratuitamente a esos expedientes”, manifestó Serrano.

Durante esta primera jornada los comisionados entraron a analizar las resoluciones de la CC en cuanto a la operatividad de la Comisión, al punto que propusieron una subcomisión para realizar un análisis para dar la ruta a seguir y cumplir con lo resuelto por la Corte.

En ese análisis, el decano de la Universidad Panamericana propuso que se detuviera el trabajo de la Comisión de Postulación, hasta que la CC o el juez de instancia hayan dictado una resolución en definitiva y no provisional.

Entre tanto el comisionado Denis Herrera aseguró que la Postuladora debe continuar el trabajo hasta donde se permita y si el CCJ no tiene la evaluación será problema del Consejo, no sin antes criticar la resolución de la CC.

“La CC está haciendo una violación a la Constitución Política de la República, considero que nosotros como garantes de la Comisión de Postulación, no podemos hacer que caiga en nuestras manos ese rompimiento del orden constitucional, considero que debemos avanzar hasta donde nos permita la Ley y si es que el CCJ no envía los expedientes porque no puede, no es problema de nosotros”, dijo.

(...)

Iniciado por La Hora

García Laguardia: Si no se respeta a la CC, Guatemala puede caer en la anarquía

El doctor en Derecho, Mario García Laguardia, manifestó que si no se respetan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), el país puede caer en la anarquía, en la cual considera que Guatemala ya está porque hay muchas decisiones de la Corte que no son aceptadas por quienes deben hacerlo.

Entrevistado por Alianza por las Reformas sobre la situación que atraviesa Guatemala, García Laguardia indicó que se está viviendo una “situación límite” y el país está al borde del desorden “porque si no hay instituciones fuertes y si no se respetan las decisiones de los Tribunales fundamentales, este país puede entrar en el desorden”.

A decir del abogado, la mayoría de los magistrados de la CC han actuado correctamente en sus últimas resoluciones, y señaló que los grupos que cuestionan al Tribunal constitucional están en contra del régimen democrático que se está construyendo en Guatemala y deben de salir del esquema político del país y ser sustituidos por otros grupos.

“Por eso insisto, estamos en un Estado fallido que hay que rehacerlo totalmente, con otras directrices y otras líneas de conducta”, indicó.

Sobre el papel de Jimmy Morales como Presidente, el exmagistrado indicó que ha sido el mandatario más negativo que se ha tenido en los últimos años. “Él es responsable en gran medida, por el ejercicio del cargo que ha tenido, de muchas de las cosas negativas que han estado sucediendo en los últimos años”, señaló.

En cuanto al papel del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), del cual él fue directivo, el doctor en Derecho dijo que ve con preocupación la actitud de sus actuales miembros. “No han estado a la altura de la responsabilidad que tienen de intervenir en las cosas del país, de orientar al país en las reformas fundamentales”, expresó.

Sobre lo que ocurre actualmente en Guatemala, García Laguardia indicó que su análisis es “drástico”. Creo que hemos cometido muchos errores, desde la Independencia en 1821, que hemos llegado a un Estado fallido, que es aquel donde ninguna de las instituciones funciona y eso es lo que sucede en Guatemala, anotó.

García Laguardia fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad de 1991 a 1993, período en que ocupó la Presidencia de la CC, posteriormente fue Procurador de los Derechos Humanos entre 1993 y 1997 y embajador de Guatemala en Cosa Rica. Es doctor en Derecho por la UNAM, entre otros títulos.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Pro Justicia: evaluaciones a la carrera generarán más acciones legales

Por Eder Juárez
[email protected]

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, se refirió a la evaluación que debe realizar el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) a jueces y magistrados que se postulen a las Comisiones de Postulación, calificando la evaluación como “un tema explosivo” ya que advierte que se podrían interponerse acciones constitucionales si se hace una evaluación a la carrera.

“La evaluación de jueces y magistrados es un tema explosivo para quienes son miembros de la carrera judicial y para quienes quieren incidir en el proceso de postulación aunque no sean miembros de la carrera, porque primero un proceso de evaluación es un proceso delicado que no se puede hacer de la noche a la mañana y sin duda alguna cuando el CCJ quiera arrancar la evaluación, es posible que algunos de los afectados interpongan acciones constitucionales, tratando de defenderse de cualquier daño que pueda ocasionar una evaluación hecha a la carrera” dijo Ibarra.

Además aseguró que “el dilema es que estamos en una situación muy compleja, porque se requiere de un buen instrumento de evaluación, se requiere de un adecuado proceso de evaluación, eso lleva tiempo, pero ahora que los plazos están agotados ya no vale la pena correr, pero tampoco debe quedarse aeternum, tiene que haber un equilibrio entre la calidad y objetividad de los instrumentos de evaluación y del proceso así como del tiempo para que sean plazos razonables los queden prolongados” manifestó.

(...)

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Consejo de la Carrera Judicial sin capacidad logística para evaluar a jueces y magistrados

Para hacer las evaluaciones de desempeño el Consejo de la Carrera Judicial necesita personal y al no tenerlo solicitó a las facultades de Derecho estudiantes que ayuden en el proceso; hasta ahora solo la Universidad del Valle ha ofrecido su apoyo.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Los deberes que no hizo el CCJ y que ahora se pagan caro

Por: Cristian Velix
[email protected]

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) se compone de siete personas, cuatro de ellas, conocidas como los “jurisdiccionales”, representan al mismo número de gremios a lo interno del Organismo Judicial (OJ) y sus acciones o criterios relacionados a la aprobación del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial contribuyeron a la falta de este mecanismo y a una crisis para la elección de las nuevas autoridades judiciales.

Obligado a realizar las evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados como lo establece la citada normativa, el CCJ enfrenta un contexto en el que la falta de mediciones por la inexistencia de ese reglamento detuvo el trabajo de las Comisiones de Postulación y por ende la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones.

El presidente del Consejo, Carlos Guerra, expresó en su momento que en febrero del año pasado se terminó de integrar ese ente, sin embargo, por ahora el reglamento de dicha ley sigue sin ser aprobado, a pesar de que la legislación entró en vigor en noviembre de 2016 y que posteriormente fue modificada parcialmente en octubre de 2017.

De esa forma, el CCJ terminó conformándose, de forma titular, por Guerra, electo por la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia y Gilma Valladares, representante de la Asamblea General de Magistrados de Corte de Apelaciones.

Junto a ellos forman el Consejo, por la Asamblea General de Jueces de Paz, Martha Valdés, mientras que por la CSJ se encuentra Carolina Paniagua, todos ellos representantes de grupos de autoridad en el Poder Judicial.

De igual manera, son parte de esa institución Henry Ramos, Yesika Chiapas y Liza González, profesionales en recursos humanos, administración pública, y psicología, respectivamente, quienes también ocupan el puesto de consejeros, pero son integrantes externos al OJ.

Si bien este órgano ha estado plenamente integrado desde hace 20 meses, sus miembros han manifestado criterios distintos (incluidos sus suplentes) en referencia con la aprobación del Reglamento de la mencionada ley, que van desde que no es competencia del Consejo aprobarlo, hasta que este es el encargado de llevar a cabo esa acción y un voto razonado que arrojó luces de lo que sucedía a lo interno de esa instancia.

(...)

FMM Y ALIANZA POR LAS REFORMAS LOS DENUNCIAN

La Fundación Myrna Mack (FMM) pidió la destitución de los siete integrantes titulares del CCJ argumentando que ellos han sido “negligentes” en el cumplimiento de su obligación de emitir el Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial.

En esa línea, la FMM sostiene que ellos han incumplido en elaborar un reglamento que desarrolle todos los aspectos necesarios para viabilizar la integración de los órganos auxiliares del sistema de la carrera judicial, para poder desarrollar lo concerniente a las evaluaciones del desempeño profesional.

La petición de que se cesara del cargo a dichos integrantes la colocó la Fundación ante la CSJ, la cual trasladó la misma al Ministerio Público (MP), para que sea este el que determine si los consejeros incurrieron en algún ilícito.

Por su parte, Alianza por las Reformas interpuso una querella el 16 de octubre pasado en contra de los integrantes titulares del Consejo, denunciándolos por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Según la organización, la demanda se presentó por no realizar el reglamento de Evaluación de Jueces y Magistrados dentro del plazo establecido, lo cual ha detenido el proceso de elección de magistrados de Corte de Apelaciones y de los integrantes de la CSJ.

De igual manera, ese colectivo dijo que si a la fecha no hay magistrados electos para la CSJ y Corte de Apelaciones se debe al incumplimiento del Consejo, que conllevó a que la CC ordenara que se detuviera el proceso de selección en la Comisiones de Postulación hasta que se corrigieran los procedimientos relacionados a los exámenes de desempeño de jueces y magistrados, con intención de aspirar a una magistratura.

(...)

[chronos]

Iniciado por La Hora

Postuladora culpa a CC y al CCJ por no haber elegido a magistrados de CSJ

Por Eder Juárez
[email protected]

El presidente de la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Félix Serrano, responsabilizó a la Corte de Constitucionalidad (CC) y al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) señalando que por ellos no se ha elegido a los magistrados de la CSJ.

“En realidad ellos (CC y CCJ) deben tener la misma inquietud de nosotros (Postuladora) para elegir cuanto antes a los miembros de la CSJ y no están en los plazos ni en los tiempos que nosotros quisiéramos llevar para eso. La CC emitió un fallo hace un mes y después de un mes podrían haber resuelto en definitiva y no lo han hecho, qué esperan, que nosotros tengamos una nómina de candidatos y nos vuelvan a resolver con otro amparo, no, no es un juego, nosotros aquí no podemos estar jugando, ni con el costo de mantenimiento ni con el tiempo de las personas y con esa incerteza que no sabemos qué va a pasar el día de mañana”, manifestó Serrano.

Además el Presidente de la Postuladora de la CSJ informó que se han recibido varios amparos en contra de la Comisión, entre ellos uno en su contra porque no quieren que sea el Presidente de la Comisión. La razón de los amparos, dijo Serrano, es porque es sacerdote católico “pero eso no dice nada para ser Presidente de la Comisión, lo único que dice es que sea rector y soy rector hasta la fecha”, dijo.

Durante la sesión de la Comisión de Postulación para elegir a magistrados de la CSJ, Serrano propuso que se suspendieran las sesiones de la Postuladora hasta que exista una resolución en firme por parte de la CC y de esa manera los comisionados no sean denunciados por incumplimiento de deberes.

Por esto, los comisionados entraron en una discusión, unos apoyaban la moción presentada por Serrano y otros que proponían entrar a conocer el documento que la comisión que analizó el amparo provisional otorgado por la CC, y otros comisionados proponían que se entrevistara al Presidente del CCJ, Carlos Guerra, y posteriormente conocer la propuesta hecha por el Presidente de la Comisión, sin embargo, no hubo votación.

Serrano convocó para el próximo miércoles 30 de octubre, en dicha sesión se entrevistará a los siete miembros del CCJ y posteriormente se votará sobre la propuesta hecha por el Presidente de la Comisión de suspender las labores hasta que haya una resolución en definitiva de la CC.

[chronos]

Iniciado por La Hora

Valdés acerca del CCJ: Ellos no hicieron su trabajo

Por Cristian Velix
[email protected]

La presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, habló con “La Hora” en relación con la labor que ha realizado a la fecha el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y la falta de Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial y consideró que el CCJ no ha hecho su trabajo.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicó que se reunió con los consejeros después de que asumió la Presidencia, en donde se les brindó apoyo en torno a la elaboración del reglamento, necesario para la realización de las mediciones de desempeño mencionadas.

Dicha colaboración consistió, según Valdés, en explicarles cuánto presupuesto tienen para tres meses (Q18 millones), cómo deben hacer las modificaciones presupuestarias, para lo cual les envió un asesor financiero, además de la autorización de compra de computadoras, entre otros aspectos.

“Les dije que contraten una empresa que se los haga (el reglamento) y que lo paguen como una asesoría, tienen como Q18 millones sin ejecutar (…) Ellos saben que no hicieron su trabajo y ahora no saben cómo justificarse. Es lamentable”, expresó la togada.

Asimismo, la entrevistada cuestionó que no ve voluntad de parte del Consejo y que este ente está con la idea que no haya evaluaciones, además de que debían hacer ocho reglamentos y “no han hecho nada”.

“Tenían que hacer el Reglamento de Evaluación, Reglamento para las Comisiones, Reglamento de la Ley, Reglamento de Supervisión de Tribunales; la Ley les daba un plazo de un año a partir de la vigencia de la normativa”, añadió la funcionaria pública.

Al consultársele respecto a un memorial que la CSJ remitió al CCJ en el que rechazan aprobar un Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial enviado por el Consejo el año pasado, manifestó que en el mismo este último órgano crea alrededor de 60 plazas sin respaldo presupuestario.

“Ellos estaban creando plazas y no tenían perfiles, ni habían solicitado asignación presupuestaria”, explicó la presidenta del OJ, quien agregó que el CCJ está “pensando dejar sin efecto ‘temporalmente’ el Artículo 76 que es el que le ordena (hacer) las evaluaciones. Sin ese artículo el Consejo no tiene razón de ser”.

(...)

Iniciado por La Hora

¿Quién causó todo, señor Serrano?

Oscar Clemente Marroquín
[email protected]

Luego de haberse reunido con el Presidente del Congreso, el Presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, hizo graves críticas a la Corte de Constitucionalidad por el fallo que detuvo el amañado proceso que él mismo estaba dirigiendo sin considerar las normativas de ley que obligaban a esa Postuladora a tomar en cuenta las inexistentes evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial. Evidentemente para Serrano, como para Arzú, el que no se hubieran producido esas evaluaciones era irrelevante porque ya tenían armado el pastel para entregar la lista de los postulados, pasándose por el arco del triunfo la violación de la específica normativa.

Serrano dijo que “Evidentemente estamos fuera de los plazos que están fijados en la misma Constitución; estamos fuera de los márgenes de la Constitución y ninguna institución puede ir más allá de lo que está explícitamente señalado en la Constitución, puede interpretarla, pero no corregirla, no modificarla, esto es importante decirlo, que estamos fuera del plazo que la Constitución fija para la elección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, estamos fuera del plazo constitucional”.

Pero este peculiar y curioso personaje acababa de criticar al Consejo de la Carrera Judicial por la ineficiencia que llevó al incumplimiento de la taxativa normativa que los obligaba a presentar las evaluaciones para que sirvieran como criterio importante para la postulación de los aspirantes a magistrados. Los miembros de ese Consejo dijeron que necesitarán varios meses para hacer las evaluaciones que dejaron de hacer, lo que obliga a entender el marco del problema, ya que no se trata de una resolución caprichosa de la Corte de Constitucionalidad sino de un fallo que demanda y obliga al total cumplimiento del marco legal establecido para hacer las nominaciones que deberá presentar la Postuladora al Congreso de la República.

Según el poco ilustrado criterio de ese Rector, basta que un grupo de mafiosos ignore deliberadamente el cumplimiento de la ley para que, llegado el plazo, se dé prioridad a los tiempos que a la elemental sustancia que significa el que todos los que siendo parte de la Carrera Judicial aspiran a ser magistrados, tengan las evaluaciones correspondientes del Consejo legalmente establecido para realizar esas funciones.

Resulta patética la postura de ese Rector, encargado de la educación superior de miles de personas, mostrando tan pocas luces para entender que el problema no ha sido creado por la Corte de Constitucionalidad, misma que tiene que exigir el cabal cumplimiento de los requisitos en un asunto tan esencial como el de las Postulaciones que, históricamente, se han traducido en el mecanismo para que los grupos de poder se encarguen de la captura del Sistema de Justicia. Si tenemos un Sistema Judicial viciado es precisamente porque bajo las narices de rectores y decanos, los grupitos que saben cómo se opera en comisiones paralelas, han dispuesto quiénes serán los que lleguen a las magistraturas a encargarse de garantizar la supervivencia del régimen de impunidad.

Iniciado por elPeriodico

El Consejo de la Carrera Judicial tardará 220 días para la evaluación de jueces

La Comisión de Cortes de Apelación se reunió para definir cuál sería su labor, sin embargo las sesiones quedaron suspendidas.

Por: Evelin Vásquez

El Consejo de la Carrera Judicial explicó ante la Comisión de Postulación de Corte de Apelación que tardará 220 días para evaluar a jueces y magistrados, quienes aspiran al proceso de elección.

La consejera Liza González informó que son 402 personas aspiran actualmente en el proceso de elección de Cortes, y de ellos 63 jueces ya están evaluados.

De acuerdo con la Comisionada del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) Gladys Ponce, la validez de la evaluación que realiza el Consejo se coloca en riesgo porque aún no está aprobado el reglamento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que podría provocar impugnaciones y retrasar aún más el proceso.

Asimismo, durante la reunión Murphy Paiz, presidente de la Comisión de Cortes de Apelación, mencionó que los comisionados acordaron que se envíe un informe al Congreso de la República, a la Corte de Constitucionalidad (CC) y al Juzgado 14 para advertir sobre la situación debido a que no podrán continuar con las actividades por falta de evaluación de jueces y magistrados.

Insumos

La presidenta de la CSJ, Silvia Valdéz señaló que el Consejo de la Carrera Judicial tuvo una asignación de Q155 millones desde su inicio, sin embargo por falta de ejecución fue perdiendo espacio en las partidas presupuestarias.

Valdéz añadió que hasta hoy les quedan alrededor de Q18 millones para trabajar y realizar la evaluación.