Adversan reformas a la Ley 02-2003 porque busca someter a las ONG al Mingob

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No estaria mal si tambien se creara una ley donde los funcionarios publicos "responderian con su patrimonio ...”

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Adversan reformas a la Ley 02-2003 porque busca someter a las ONG al Mingob

Directivos señalan que las reformas contenidas en el proyecto 5257 violentan el derecho a la organización y a la libre expresión

Por: Óscar F. Herrera [email protected]

Organizaciones de la sociedad civil adversan las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Decreto 02-2003 que está agendada para ser discutida en el pleno del Congreso de la República, mañana miércoles 13, ya que consideran que violenta los derechos a la libre organización y a la libertad de expresión.

De acuerdo con Helmer Velásquez, representante de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, la discordia inicia con la propuesta de reforma al Artículo 6 de la Ley de ONG, donde indica que los asociados a cualquiera de estas organizaciones responderán por las obligaciones de éstas “con su patrimonio”, lo que desestimula la asociatividad, indicó.

“Ya nadie va querer estar asociado a ninguna entidad porque puede perder sus bienes. Ni siquiera se ha aplicado a funcionarios corruptos, nos parece que se penaliza la organización social y es un atentado contra el patrimonio de nuestros asociados que en su mayoría es gente que no tiene salario y se asocian por voluntad propia”, refirió Velásquez.

Las reformas incluyen para las ONG nacionales el registro ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que actualmente ya hacen, sin embargo, para las ONG internacionales, agrega un tercer registro ante al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

“Esto burocratiza el proceso de registro y a las ONG internacionales les complica más con un tercer registro. Van complicando la organización social”, apuntó Velásquez.

Velásquez agregó que el proyecto de reformas incluye que toda donación, cuando la fuente sea externa, deberá ser informada al Minex dentro de los 30 días siguientes de haberse recibido.

El Artículo 22 contempla dejar a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación calificar si las ONG cumplen o no sus estatutos. “Por ejemplo, una expresión pública sobre determinada política podría entenderse que no está dentro de nuestros estatutos y eso podría ser causa para la cancelación, lo que violenta la libre expresión”, indicó.

“Eso es fácil de entender que nuestras actividades de rechazo al pacto de corruptos, podrían entenderse como una alteración al orden público y suprimirnos”, concluyó el entrevistado.

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Relator de la ONU: reformas a Ley de ONG afectarían la defensa de derechos humanos

La iniciativa se discutirá este miércoles en el pleno del Congreso de la República.

Por: Luisa Paredes

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, manifestó su preocupación por las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el Desarrollo que se promueve en el Congreso de la República.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, señaló que la aprobación de la legislación podría tener un impacto negativos y restringir para la operación de las ONGs y la defensa de los Derechos Humanos en el país.

“Guatemala debe respetar el derecho a defender los derechos humanos”, indicó Forst en su mensaje. La postura del representante de la ONU, se suma al rechazo que organizaciones de la sociedad civil manifestaron ayer, por considerar que el proyecto de ley violenta los derechos a la libre organización y la libertad de expresión.

La iniciativa de Ley 5257 que pretende reformar el Decreto 02-2003 estipula que las organizaciones deberán reportar las donaciones externas al Ministerio de Relaciones Exteriores en un plazo de 30 días luego de haberse recibido.

Además, el Ministerio de Gobernación tendría el poder de cancelar a la entidad si considera que no cumple con sus estatutos. Se espera que el pleno del Congreso de la República discuta la iniciativa en la sesión programada para este miércoles.

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Congcoop rechaza reformas a Ley de Oenegés

Por Denis Aguilar
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La Coordinación de ONG y Cooperativa (Congcoop) emitió hoy un comunicado de prensa en rechazo a la intención del Congreso de reformar el decreto 02-2003, Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

Indicaron que “diputadas y diputados que responden al Pacto de Corruptos”, son quienes están pretendiendo realizar las reformas a la Ley de ONG, la cual consideran que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de organización, por lo que significaría un retroceso para la democracia y la violación de derechos constitucionales.

“Congcoop reitera su rechazo a la referida reforma y demanda la no continuación de su discusión, que sea retirada de la agenda legislativa, ya que no aporta en nada al fortalecimiento del sector de ONG de desarrollo, ni al proceso democrático del país”, expresaron.

El intento de la Junta Directiva del Congreso por aprobar dicha iniciativa fracasó hoy, pues el pleno del Legislativo aprobó que se continuara con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge.

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Alianza oficialista modifica agenda para aprobar la ley de ONG

Diputados legislan para que las ONG no utilicen donaciones para actividades que alteren el orden público y deberán publicar el balance general al cierre de cada ejercicio contable.

Por D. Rivera, A. Domínguez E I. Escobar

Bancadas aliadas aprobaron este 11 de febrero por artículos y redacción final una reforma que busca fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en medio de reclamos de bloques de oposición, que señalaron artimañas usadas por el pacto oficialista para llevar al tema una propuesta que para la mayoría era desconocida.

Los diputados Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía introdujeron una moción para alterar el orden del día que contenía un punto resolutivo para llamar al Ejecutivo que adopte medidas frente al brote de coronavirus, pero en esa misma propuesta se incluía, en el punto sexto, la iniciativa 5257, ley de ONG.

Posteriormente Conde planteó otra moción que ponía la ley de ONG en el punto cuarto, lo cual fue leído rápido por la junta directiva y consiguió los votos, pero despertó el reclamo de los opositores porque ese proyecto legal no estaba consensuado y defendieron el rol de esas organizaciones. También repudiaron que han vuelto las malas prácticas que desprestigian al organismo.

Algunos diputados de UNE y URNG abandonaron posteriormente el hemiciclo.

Sonia Gutiérrez Raguay, de Winaq, dijo que la ley vendría a interrumpir el puente que existe entre la población, oenegés y el Estado. Aldo Dávila Morales, de Winaq, apeló a los diputados a que vean que las oenegés llenan los vacíos que no cubre el Estado. Ramón Castellanos, del Movimiento Semilla, dijo que hay una reacción de limitar garantías de asociación tiene implicaciones que afectan la democracia y apeló a un sistema plural. Evelyn Morataya, de Bien, dijo en Twitter que la ley de ONG “es una puerta abierta para limitar derechos y libertades civiles y políticas de la ciudadanía guatemalteca”. Agregó que votó en contra porque el proyecto fue presentada de forma “opaca y sin discusión”.

Samuel Pérez, de Semilla, expuso en Twitter que el congresista Felipe Alejos fue el promotor de esa maniobra, la cual fue aprobada con el “mínimo -de votos-, sin discusión y corriendo” y alertó a la ciudadanía a que esto podría repetirse para la elección de cortes judiciales.

Shirley Rivera Zaldaña, de Vamos, dijo que no debe haber inconformidad con que las organizaciones sean fiscalizadas. Carlos Roberto Calderón, de Vamos, dijo que quienes fueron votaron en contra de la moción deberían aceptar el resultado del tablero, pero que el Congreso debe dar resultados a la población y reprobó que hayan abandonado el hemiciclo.

Posteriormente, con 83 votos a favor, el Congreso se declaró en sesión permanente.

Durante la votación por artículos, Rodolfo Neutze, de Creo, pidió por escrito los artículos o que la secretaría leyera más despacio porque no se conoce el contenido del proyecto de ley.

Durante la última fase de la aprobación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, dijo en Twitter que las ONG necesitan un marco regulatorio actual y moderno “que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos”.

Lo aprobado

Las ONG deberán registrarse según estas orientaciones: caridad, servicios, participativa, incidencia, investigación, deportiva, cultural, defensa, generación de ingresos desde lo local, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación ciudadana. Según su área de actuación: base comunitaria o nacionales, y según su forma de constitución: desarrollo, asociación, fundación, federación y confederación.

El artículo 7 aprobado establece que las ONG deberán responder con su patrimonio por las obligaciones que contraigan.

Según el artículo 10, para obtener la personería jurídica, las ONG deberán inscribirse en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y luego deberá inscribirse en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) únicamente al momento de constituirse y al hacer cambios en su escritura de constitución o cambio de directiva o representación legal. Si manejan fondos públicos deberán registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría.

El artículo 13 establece que ninguna donación o financiamiento puede usarse para actividades que alteren el orden público o será cancelada y sus directivos deberán responder civil o penalmente. En el caso de los asociados no podrán formar parte de una ONG dentro de un plazo un menor de dos años. Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, dijo que ese artículo, así como otros de la ley, violan derechos civiles y políticos. Por su parte, Lázaro Zamora, de Unionista, señaló que este artículo salva la soberanía de la nación.

El artículo 14 ordena que las organizaciones deberán publicar en cualquier medio su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable. También deberán llevar libros de contabilidad y estados financieros en sistemas electrónicos, habilitados por la SAT.

Los diputados improbaron el artículo 22 que daba facultades al Estado para vigilar a las ONG y de intervenirlas cuando el interés u orden público lo requiriera.

Giammattei se pronuncia

Un día después de que el Congreso aprobara una reforma que busca fiscalizar a las ONG, el presidente Alejandro Giammattei expresó que revisará la ley de oenegés aprobada para determinar si la veta o la sanciona. “La Ley tiene que regir en todos” afirmó.

Añadió que la desconoce esta ley en su redacción y artículos finales.

Dijo que Guatemala está urgida de una cultura de transparencia y que “muchísima gente les pide transparencia a los gobiernos, pero se niegan a ser transparentadas sus operaciones”.

Añadió que la desconoce esta ley en su redacción y artículos finales.

Al consultarlo del por qué se tiene que fiscalizar los fondos donados por entes internacionales a las ONGS si estos no son dados por el Estado, Giammattei respondió: “Seamos enfáticos en algo, entra dinero a Guatemala bajo el paraguas de ONGS que no se sabe la procedencia, no se sabe su destino y no se sabe en qué va a beneficiar”.

Afirmó que han tenido algunos casos en los que ha entrado dinero y se ha utilizado para financiamiento de actos delictivos, aunque dijo desconocer detalles, ya que han sido casos denunciados en años anteriores.

“Las ONGS que están correctamente actuando, yo no creo que tengan problemas en decir miren estos son los fondos que recibo y los utilizo en esto”, señaló.

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Ley de ONG: Es necesaria su fiscalización, pero posibles inconstitucionalidades amenazan su vigencia

La necesidad de incrementar los controles y fiscalización a las de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según los intereses de 81 diputados que aprobaron las reformas el pasado martes, también podría excederse y rozar ciertas inconstitucionalidades, lo que compromete la validez de lo hecho por el Congreso.

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Ley de ONG: Accionan contra el decreto y Giammattei pide tiempo para analizarlo

Acción Ciudadana y diputado presentan amparos porque consideran que la reforma de ley de ONG viola derechos constitucionales.

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CC admite para trámite tres amparos contra la ley de ONG

Por: Luisa Paredes

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para trámite tres amparos presentados en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo.

La máxima corte solicitó un informe en menos de 48 horas al Ejecutivo, autoridad denunciada en las acciones legales planteadas por el Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el dirigente campesino Daniel Pascual quienes buscan evitar que el presidente, Alejandro Giammattei, sancione la normativa.

Las reformas permiten al Ejecutivo cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones que según ellos, estén involucradas en actividades contrarias al orden público.

También podrá intervenir cuando el interés o el orden público lo requieran y cancelar su registro por “cualquier violación a la normativa”.

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Más de 50 organizaciones condenan ley de ONGs

Entidades nacionales e internacionales piden al presidente vetar la iniciativa.

Por: Luisa Paredes

Organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aprobadas por el Congreso de Guatemala esta semana y exhortaron al presidente, Alejandro Giammattei, a vetar la normativa.

Más de 50 entidades firmaron una carta en la que condenaron las modificaciones al Decreto 2-2003 y al Código Civil que consideran establece un régimen legal que busca imponer un control centralizado y excesivo sobre el registro, administración, operación, fiscalización, financiamiento, y cancelación de las ONG.

En el documento manifestó su preocupación porque las reformas otorgan al Ejecutivo potestad para cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones que según ellos, estén involucradas en actividades contrarias al “orden público”.

El gobierno guatemalteco podrá intervenir “cuando el interés o el orden público lo requieran” y cancelar su registro por “cualquier violación a la normativa”. La entidades indicaron que estas atribuciones podrían ser usadas de manera arbitraria para limitar la labor de organizaciones que representen espacios de crítica y denuncia hacia las acciones del gobierno.

El grupo señaló que de entrar en vigencia impondrían un régimen que excede las potestades del Estado para regular el funcionamiento de las ONG. Además, violaría las libertades de expresión y de asociación, limitaría el espacio cívico, limitaría el derecho de defender los derechos humanos y generaría un ambiente hostil para la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público.

Entre las organizaciones firmantes está Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Impunity Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala.

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Rápido sacaron el cobre

El país debe entrar en modo alerta pues tenemos un nuevo Congreso que legisla como los anteriores, con agenda oculta, total opacidad y dominado por intereses muy alejados del bienestar e interés nacional.

Por: Manfredo Marroquín

Ni un mes ha pasado desde que tomaron posesión y ya sacaron el cobre. Haciendo gala de artimañas legislativas al mejor estilo de la legislatura pasada y aprovechando una jugada con cartas bajo la mesa, cambiaron la agenda del día para aprobar una ley con dedicatoria que pretende callar y reprimir libertades constitucionales inviolables como la libertad de asociación y expresión y defensa de las organizaciones que a su criterio y libre albedrío, decidan que violan el orden público.

Calcada de países con gobiernos intolerantes y con vocación totalitaria como Venezuela y el resto de los que constituyeron el grupo Alba, la ley aprobada busca suprimir de un plumazo las organizaciones que le resulten incómodas y obliga a cometer ilegalidades a instituciones como el MP, la Contraloría, el ministerio de Gobernación, concediéndoles un poder inconstitucional como el de violentar el derecho de defensa.

Vendiendo el falso discurso de que buscan transparencia y rendición de cuentas de las ONGs, no aporta ningún control a los ya existentes como la obligación de tributar bajo el régimen que impone la SAT a los inscritos bajo esta categoría. Tampoco le da más presupuesto a la Contraloría que ha dicho en citaciones en el mismo Congreso que no tiene recursos para auditar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Estado y que los mismos diputados que se rasgan las vestiduras por la transparencia, les aprobaron solo para este año 800 millones.

Hay que recordar que la imagen negativa contra la figura legal de ONGs vino del mismo Congreso que hasta el año 2013 aprobaba sumas millonarias que eran destinadas a ONGs vinculadas a diputados, alcaldes y otros funcionarios para que hicieran obra pública como si fueran empresas de construcción y que sobrevaloraban y en la mayoría de casos nunca cumplían con realizar la obra. Fue por la presión hecha por organizaciones como Acción Ciudadana y otras que se logró modificar la Ley de Contrataciones que prohibió la contratación de ONGs para hacer obra pública.

Si tanto les interesa la transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a las ONGs que ellos mismos eligen con total discrecionalidad a quién dar y cuánto, deberían examinar los informes que estas envían al Congreso periódicamente y que en lugar de ser evaluados están apilados en cuartos y bodegas porque nunca los voltean a ver.

Pero les resulta más cómodo pedir cuentas a organizaciones que no reciben fondos públicos con el pretexto de que hay muchas de estas que generan conflictividad y desorden público. La institución responsable de investigar si hay organizaciones cometiendo ilegalidades es el Ministerio Público y los mismos diputados si están tan preocupados por eso, deberían presentar las denuncias y pedir una investigación pronta.

Para las organizaciones que actúan cumpliendo con las obligaciones de ley, esta pieza de horror legislativo no genera ninguna consecuencia y que a mi juicio son la mayoría. Pero resulta además que los señores que aprobaron este adefesio de ley desconocen que son cientos de miles las ONGs que pretenden vigilar y mandar a cancelar. Las iglesias, los gremios empresariales y profesionales, cooperativas, cocodes, deportivas y un largo etcétera conforman el universo de ONGs en el país pues bajo esa denominación caben todas las asociaciones, fundaciones, patronatos, sociedades civiles no lucrativas, etcétera.

El país debe entrar en modo alerta pues tenemos un nuevo Congreso que legisla como los anteriores, con agenda oculta, total opacidad y dominado por intereses muy alejados del bienestar e interés nacional.

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Funcionarios estadounidenses rechazan reformas a ley de ONG

Los funcionarios estadounidenses Michael Kozak y Norma Torres utilizaron sus cuentas de Twitter para pronunciarse en contra de la aprobación a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, e instan al país a revisar la legislación

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se pronunció este sábado sobre la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales -ONG- por parte del Congreso de la República, el martes último.

El mensaje del funcionario estadounidense llegó a través de la red social Twitter, y señala que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Kozak se reunió con el presidente Alejandro Giammattei el pasado 7 de febrero para firmar, en nombre de Estados Unidos, un convenio para que guatemaltecos tengan visas temporales de trabajo en agricultura, como parte de los compromisos del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

Al igual que Kozak, la congresista estadounidense Norma Torres se pronunció contra las reformas a la ley de ONG. Ella envió un mensaje en Twitter dirigido a Giammattei, y en el texto señala que la ley de limitar a organizaciones y que “no debe firmarse”.

Torres indicó que “Guatemala necesita un presidente que establezca límites”.

Por medio de un comunicado de prensa, la Alianza Uniendo Fuerzas por los Derechos de la Niñez, Joining Forces, señala que esta normativa vulnera las garantías del derecho a la libre asociación, además de que presenta ambigüedades y adolece de claridad, mismas que dejan a discreción de las autoridades la interpretación de algunos artículos.

Otra de los puntos del documento es la preocupación por el retraso de donaciones que están dirigidas a la población más vulnerable del país.

Joining Forces actualmente da asistencia a la población infantil y juvenil de 22 departamentos en áreas como educación, salud, seguridad alimentaria y nutrición, entre otros.

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[chronos]

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Presidente del Congreso no permitirá “injerencia” en ley de ONG

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró este lunes 17 de febrero que no permitirá "injerencia de ningún tipo" y que no tolerará "ningún tipo de recomendaciones o presiones", para modificar una polémica reforma a la Ley de las ONG, ante la insistencia de Estados Unidos.

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[Nefilim B18]

esas ONGS, como se prestan para lavado de dinero.

conoci a varios que solo fondos para ellos se generaban

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Reformas a la Ley de oenegés

La semana pasada, el Congreso, mediante el Decreto 4-2020, aprobó la incorporación de reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Decreto 2-2003 del Congreso). Dicha Ley tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (oenegés).

Son oenegés, dice la referida Ley, las constituidas con intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, sin fines de lucro. Asimismo, dispone dicha Ley que las oenegés podrán estar constituidas como asociaciones civiles, fundaciones u ONG propiamente dicha, constituida bajo el amparo de la presente Ley, y tienen las siguientes características: a) Ser asociación sin fines de lucro y de beneficio social; y b) Estar destinada a promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente.

Por consiguiente, no todas las asociaciones civiles y fundaciones son oenegés, sino que solamente las que están constituidas y organizadas con base en la mencionada Ley. En todo caso, cabe advertir que existen asociaciones civiles y fundaciones constituidas bajo la normativa del Código Civil, incluso constituidas y organizadas con anterioridad y posterioridad a la vigencia del Decreto 2-2003 del Congreso, que no están regidas ni reguladas por este Decreto.

Sin embargo, a través del Decreto 4-2020 del Congreso también se reforman disposiciones del Código Civil relativas a las asociaciones civiles y fundaciones constituidas al amparo de esta normativa, por lo que no solo se afecta a las oenegés constituidas y organizadas bajo el Decreto 2-2003 del Congreso, sino que también a las asociaciones civiles y fundaciones reguladas por el Código Civil.

Las reformas legales al Decreto 2-2003 del Congreso más importantes son las siguientes: a) Para obtener su personalidad jurídica, además de inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, deben registrarse en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); y b) Si las oenegés utilizan las donaciones o financiamiento externo en alterar el orden público serán canceladas por el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.

Asimismo, se reforma el Artículo 25 del Código Civil, el cual queda así: “Las asociaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinan sus estatutos. También pueden disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva, a pedido del Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas o Ministerio de Gobernación, cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público”. También se reforma el Artículo 31 del Código Civil, el cual queda así: “Las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones, establecimientos de asistencia social y asociaciones cuyas finalidades sean de interés público, estarán sometidas a la vigilancia del Estado.

Dichas entidades y las sociedades por acciones podrán también ser intervenidas por el Ejecutivo cuando el interés o el orden público lo requieran”.

Toca ahora al presidente Alejandro Giammattei vetar o sancionar el referido Decreto 4-2020 del Congreso, para lo cual deberá analizar la compatibilidad o no de su normativa con la Constitución. La impugnación de inconstitucionalidad del referido Decreto, por la vía jurisdiccional, solo es posible después de que el mismo cobre vigencia.

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Ley de ONG’s: necesario balance

Por más que la base de la acción de la sociedad civil sea la interacción entre ciudadanos libres en busca de fines lícitos, siempre será necesaria una estructura legal que proteja su actuar.

Por: Hugo Maul R.

Silenciar las voces disidentes ha sido siempre uno de los elementos esenciales a los que se recurre cuando se desea imponer una determinada “verdad”. Las formas que han sido utilizadas a lo largo de la historia para conseguir este silencio abarcan una diversidad de métodos: desde la persecución y eliminación física hasta el uso de normas legales de inferior jerarquía para dificultar el trabajo de los sujetos e instituciones “problemáticas”. Algunos de los ejemplos más cercanos y contemporáneos de este tipo extremos están a la vuelta de la esquina: Ortega y el Sandinismo en Nicaragua; un poco más lejos, pero todavía dentro del vecindario: Maduro y el Chavismo en Venezuela. Equiparar las recientes reformas a la “Ley de ONG’s” a este tipo de extremos es una exageración. No obstante, es de tanta importancia la protección a los espacios de participación de la sociedad civil dentro de cualquier forma de gobierno, no se diga dentro de un régimen democrático, que cualquier disposición legal que pueda terminar entorpeciendo, debilitando o castigando el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y/o a limitando su espacio de acción, debe ser vista con profunda sospecha.

Lo cual no quiere decir que las organizaciones de la sociedad civil deban operar dentro del vacío legal. Por más que la base de la acción de la sociedad civil sea la interacción entre ciudadanos libres en busca de fines lícitos, siempre será necesaria una estructura legal que proteja su actuar; facilite la acción colectiva; y promueva, sin vulnerar su libre funcionamiento, una adecuada rendición de cuentas que promueva la integridad, transparencia y credibilidad de las organizaciones que la componen. En todo caso, a manera de regla general, este tipo de regulaciones debe guiarse por el principio que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas estén sujetas a regulaciones legítimas, justas e imparciales, con especial énfasis en lo que se refiere a registros, tratamiento impositivo, operación y divulgación de información. Incluso, en el complicado asunto del financiamiento, es necesario reconocer que el derecho a procurar, recibir y usar fondos debe ser respetado por el Estado y su regulación que no debe ser utilizada para disminuir o anular el derecho a la libertad de asociación. Al mismo tiempo que las organizaciones de la sociedad civil, en consonancia con lo que manda el Artículo 13 de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, tienen la obligación de “promover y proteger, por medios pacíficos”, las causas que hayan decidido seguir. Así como el Estado está obligado a respetar al máximo la libertad de asociación, siempre que se sigan fines lícitos de forma pacífica, también las organizaciones de la sociedad civil están obligadas a respetar las libertades y derechos de los demás y a buscar formas de autorregulación que favorezcan su credibilidad y transparencia.

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Congreso cierra calles para evitar protesta por la ley de las ONG

Con barricadas y un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) amanecieron las calles aledañas al Congreso, con el fin de evitar cualquier manifestación frente al Palacio Legislativo.

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[chronos]

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Rodrigo Diamanti: El primer síntoma de una dictadura es la persecución a la prensa y las organizaciones sociales

Diamanti, quien es un activista venezolano de los derechos humanos y experto en “la no violencia”, dice que por medio de las asociaciones de ciudadanos se pueden lograr grandes cambios en la sociedad ya que “solo una persona no puede lograr nada”, por lo que este derecho debe preservarse, ya que de lo contrario puede ser utilizado “para reducir la oposición hacia los gobiernos”.

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