PDH: No es la mejor etapa en la independencia judicial

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Impunity Watch señala que los jueces de Mayor Riesgo sufren injerencia indebida

Actos de persecución, vigilancia y hostigamiento violentan la independencia judicial, detalla el informe.

En su más reciente informe, Impunity Watch Guatemala señala que el Estado, lejos de salvaguardar la vida e integridad personal de jueces y proteger a todos los operadores de justicia, se ha dedicado a ejercer presión desde instituciones estatales para persuadir a los jueces de Mayor Riesgo e injerir en sus resoluciones.

“Algunos han sido objeto de persecución y vigilancia, han recibido múltiples denuncias penales y administrativas por parte de procesados y sus abogados defensores, sufren campañas de desprestigio y señalamientos infundados por parte de funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, y son constantemente hostigados a través de las redes sociales”, dicta el documento.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Guatemala de 2017, señaló que junto al avance de la lucha contra la corrupción en el país, se han registrado ataques y amenazas contra operadores de justicia.

También denunció hostigamientos, agresiones y amenazas, utilizados como instrumentos de control e intimidación al ejercicio de la labor judicial de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos.

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Las presiones de la ONPT

El documento señala las presiones ejercidas por la Oficina Nacional de Prevención de Tortura (ONPT), la cual “ha desvirtuado su mandato y se ha convertido en un instrumento de hostigamiento y criminalización para los jueces independientes que conocen casos de Mayor Riesgo”.

Dicha oficina ha señalado falsamente a jueces de cometer actos de tortura en contra de procesados y recomendar la libertad exclusivamente de personas que guardan prisión preventiva en casos de corrupción.

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CSJ lleva casi un mes sin responder a inquietudes de seguridad de jueces

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Desde el 19 de enero, la Asociación de Jueces por la Integridad envió un oficio a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) manifestando deficiencias en la seguridad que el Organismo Judicial (OJ) ha brindado a la jueza Erika Aifán y al juez Carlos Ruano. Sin embargo, transcurrido casi un mes, la CSJ aún no ha respondido a los juristas.

En el oficio enviado a la Presidencia, la Asociación informa falta de diligencia en la seguridad que la Dirección de Seguridad Institucional, ahora a cargo de Rodrigo Mota Bonilla, ha brindado a la jueza Aifán y al juez Ruano.

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, dijo que debido a la falta de respuesta tienen contemplado reiterar la solicitud de una explicación a la presidencia.

Ayer, la CSJ emitió un comunicado informando, entre otros aspectos, que el nuevo director de seguridad Mota Bonilla fue nombrado luego de someterse a un proceso de selección, evaluación y contratación, tal como lo establece la ley. Sin embargo, el comunicado no aclara por qué no se ha respondido el oficio a la Asociación de Jueces.

Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad dijo que el comunicado da una respuesta a los medios de comunicación, pero no hay ninguna explicación puntual sobre los casos de la jueza Aifán y del juez Ruano.

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Juez Pablo Xitumul lanza reclamo contra el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos y tres auxiliares

Durante una audiencia judicial, el juez Pablo Xitumul destapó este viernes diferencias con el equipo de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) porque a su consideración los antejuicios en su contra avanzan y las denuncias que ha planteado no.

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Hasta pidió la intervención de la fiscal General María Consuelo Porras, para deducir responsabilidades contra esos fiscales.

“Entonces fiscal General, María Consuelo Porras, instruya a quien corresponda, así como a la Fiscalía de Asuntos Internos, para lo que corresponda en contra de los fiscales que pudieran resultar responsables por su actuar anómalo, siempre en resguardo de la independencia judicial”, mencionó el juez Xitumul.

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Corte Interamericana: Guatemala es responsable de no investigar amenazas a jueza

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Guatemala por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas contra la jueza María Eugenia Villaseñor Velarde involucrada en casos de trascendencia pública, informó el tribunal continental.

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Nuevas judicaturas de alto impacto tienen casi dos meses sin audiencias

El tribunal está desintegrado y le falta el equipo para las videoconferencias, mientras el juzgado comparte oficina con otra judicatura y está sin notificador a pesar de que la jueza Eva Recinos fue nombrada desde la semana pasada.

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OJ envía a Auditoría Interna solicitud de destitución de Mota Bonilla

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Siekavizza, informó que la solicitud que hizo ayer la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para que el director de Seguridad Institucional, Roberto Mota Bonilla, sea destituido, se pondrá de conocimiento de Auditoría Interna para que se incorpore a la investigación disciplinaria que ya se realiza del funcionario.

La CIJ expuso su solicitud ante los magistrados de Cámara Penal. Además de la destitución de Mota Bonilla, la CIJ también pidió que la CSJ responda a la Asociación de Jueces por la Integridad las inquietudes de seguridad que manifestaron jueces de mayor riesgo.

Siekavizza dijo que la solicitud fue trasladada a la Presidencia del Organismo Judicial y esta lo remitirá a la Auditoría Interna para que la tomen en cuenta en la investigación disciplinaria sobre el desempeño de Mota Bonilla como director de Seguridad Institucional.

La CIJ también informará a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia las preocupaciones de seguridad que han manifestado los jueces de Mayor Riesgo.

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Aumenta la presión sobre el OJ para que el jefe de seguridad sea destituido

La Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia y la Alianza por las Reformas, que reúne a 40 organizaciones sociales, solicitaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Néster Vásquez, que sea removido del cargo el jefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ), Roberto Mota Bonilla.

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“Me dejaron solo”: Juez Pablo Xitumul se queda sin jueces vocales

El Tribunal de Mayor Riesgo C se quedó solo con el juez presidente Pablo Ximutul de Paz, ya que sus dos vocales, Eva Recinos y Elvis Hernández, fueron ascendidos a presidentes del Juzgado y Tribunal de Mayor Riesgo E, respectivamente, de reciente creación.

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Mano militar detrás de las altas Cortes y del Organismo Judicial

Opinión: Jose Rubén Zamora

Primero nombraron un oreja experimentado en el Organismo Judicial, que gozaba de toda la confianza del general Bustamante, nodriza intelectual de Jimmy Morales y poder tras la sombra del Consejo Nacional de Seguridad Estratégica, que por cierto sustituyó en la práctica al gabinete gobierno de Jimmy Morales, y que también es el líder de la Juntita Militar del Gobierno, pero sobre todo, Presidente Ejecutivo de la poderosa Cofradía, conocida también con el apelativo del Poder Paralelo, organización integrada y dirigida por los oficiales de inteligencia más prominentes que ha tenido Guatemala y que desde 1982 ha regido los destinos del país, ejerciendo el control riguroso de aduanas de puertos y aeropuertos y fronteras, lo que les ha permitido reunir entre el contrabando convencional, la protección al trasiego de cocaína, heroína, drogas químicas, tráfico ilegal de armas y municiones, trata de blancas y los flujos de indocumentados alrededor del 12 por ciento del PIB, cifra superior a la carga tributaria que recibe el Estado de Guatemala, al que esta organización mafiosa tiene infiltrado en todas sus posiciones claves.

En el Organismo Judicial nombraron como Jefe de seguridad para vigilar, intimidar, amenazar, y amedrentar y reprimir psicológicamente, fundamentalmente a los señores jueces a Roberto Motta Bonilla, quien sin embargo, a pesar de la resistencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que salir por la puerta trasera de la cocina debido a una orden de aprehensión en su contra.

Mientras tanto, Dina Ochoa, Presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) y representante de Jimmy Morales en esta alta Corte, nombró como Jefe de Seguridad a Marco Pozuelos, con el objetivo de espiar, hostigar, grabar, amedrentar y reprimir sicológicamente a los magistrados de la CC. Marco Pozuelos, es hermano del general Rudy Pozuelos, ex Jefe del Estado Mayor Presidencial de Álvaro Arzú y el encubridor clave del caso Gerardi. En adición, aunque es ilegal, Dina Ochoa ha venido sometiendo al personal de la CC al polígrafo, aunque carece de sustento legal en el país.

En otras palabras, con descaro y cinismo, han venido militarizando las altas Cortes sin desmayo, para establecer control paulatino de lo que en estos altos entes judiciales sucede.

El día de ayer, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Mauricio Vásquez, de manera sorpresiva destituyó a la licenciada Aracely Alvarado, Directora del Archivo General del Organismo Judicial , responsable del Almacén Judicial, Directora de Gestión Tribunalicia, encargada del resguardo de todos los archivos del Organismo Judicial: desde documentos históricos que vienen desde 1845 e incluso más antiguos, las evidencias de casos del pasado reciente, incluyendo pruebas tremendas de violaciones a los derechos humanos, tal los casos de la panel blanca y el asesinato de Mario Méndez Montenegro, hasta las evidencias documentales de los casos que hoy día se están discutiendo en tribunales.

Alvarado había iniciado la debida digitalización de todos los expedientes para que no se destruyeran por el abandono y los estaba recuperando de hongos y del deterioro progresivo.

A esto se suma que han logrado recobrar el control del archivo de la Policía que tiene vasos comunicantes con el del archivo del Organismo Judicial.

La destitución de la profesional Aracely Alvarado se suma a la destitución, hace un mes del Jefe de Informática, quien tenía a su cargo la protección de las bases informáticas del Organismo Judicial.

Por el momento no existe Jefe de Seguridad del OJ, lo que podría ser propicio para que los expedientes y archivos almacenados pudiesen ser sustraídos o destruidos.

Otra área delicada a cargo de la Licenciada Aracely Alvarado, es el centro de servicios auxiliares del ramo civil, responsable de distribuir los amparos electorales entre las salas de los contencioso administrativo, diligenciando así mismo, las notificaciones que de todos esos procesos se derivan. El control militar sobre las instituciones de justicia se va cerrando a velocidad de vértigo, sin que en apariencia podamos hacer nada. Comencemos por rechazar de manera categórica estos desmanes, excesos y abusos progresivos para militarizar sin vergüenza las altas Cortes y el organismo Judicial.

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Un magistrado represivo

Por Alejandro Balsells Conde

Guatemala comenzó en 1984 su proceso de transición a la democracia, desde la firma de los acuerdos de paz se habla de su consolidación democrática porque a partir de ese momento todas las expresiones políticas tuvieron representación electoral. De 1954 a 1985 se utilizaron “herramientas legales” para tachar opositores, pero también para limitar el actuar de jueces y magistrados que a lo largo de la historia han dado lecciones de rectitud e independencia. Debemos entender que vivimos una dinámica histórica, en donde el poder se ejerció por años de forma abusiva, y a la fecha muchos que ahora detentan posiciones privilegiadas pretenden seguir por esa vía.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico abordó lo relativo a la denegación de justicia estructural y dijo algo que ahora cae como anillo al dedo: “2632. Todo Estado tiene el deber de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y de organizar, en función del cumplimiento de este deber, el aparato gubernamental… 2635… (en) numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder Ejecutivo, aplicando normas y disposiciones contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que correspondían. 2635. Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos, que ha reprimido y negado protección de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

Señalado el Poder Judicial como cómplice silencioso de las graves violaciones a los derechos humanos, una justicia para la paz debe basarse en el respeto irrestricto a la independencia judicial y a una verdadera carrera judicial, porque si no lo logramos no existirán límites al poder.

Todo el andamiaje administrativo en el OJ debe girar en función de garantizar a los jueces y magistrados su independencia, pero, sobre todo, que las partes no puedan —al ejercer posiciones de poder— chantajear fallos próximos o pasar facturas sobre lo resuelto. Por ello es una tristeza que la Corte de Constitucionalidad de un plumazo en una terrible sentencia haya enterrado la carrera judicial en sentido contrario al texto constitucional. Esperemos que ese criterio quede solo como documento histórico, superándose en el futuro.

En estos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido señalado como quien, en el ejercicio de su cargo, contrató a una persona para brindar seguridad a los jueces y esa persona, en vez de hacer su función, los amedrentaba. Por si fuera poco, también se le imputa instalar personas no aptas para resguardar archivos, lo cual es fundamental para garantizar el acceso a la información pública y nuevos procesos judiciales.

Tras cada golpe de Estado siempre existieron abogados ávidos de brindar servicios para “legitimar el cuartelazo”. Hoy, en pleno siglo 21, vemos decisiones que muestran un claro retroceso en la administración del poder judicial y lo más grave es que la mayoría de magistrados de la más alta corte son copartícipes de la debacle. El magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel engalana las páginas de la historia como un presidente de Corte represivo, al llegar al extremo de denunciar a Claudia Samayoa y José Martínez, ambos defensores de derechos humanos, por hechos más que absurdos pero que muestran autoritarismo desde el estrado judicial.

El presidente de la Corte tiene el aval del Congreso y el Ejecutivo para actuar de forma impune y abusiva, así que hace méritos para buscar una eventual reelección. Lo triste es que la represión proviene desde dentro del sistema judicial.

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CIJ pide que CSJ intervenga en defensa del juez Xitumul

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), pidió mediante un comunicado de prensa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), salga en defensa del juez Pablo Xitumul en aras de defender la independencia de los jueces ya que el togado tendrá que enfrentar un nuevo proceso disciplinario.

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CSJ da trámite a solicitud de antejuicio contra juez Xitimul

POR CRISTIAN VELIX
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio en contra del Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”. El proceso que continúa su curso es por un incidente que tuvo con un Inspector de la Policía Nacional Civil (PNC).

La solicitud fue interpuesta por la Fiscalía de Delitos Administrativos, dirigida por Melvin Medina, la cual tiene a su cargo el Caso Thelma Aldana.

El motivo de la petición de retiro de inmunidad es por impedir el procedimiento judicial de identificación de una persona que se encontraba dentro de un vehículo “en estado de ebriedad”, según el vocero del OJ.

De momento no se conocen mayores detalles, debido a que la resolución aún no ha sido notificada, indicó Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial (OJ).

Sin embargo, Xitumul dijo que existía una solicitud de retiro de su inmunidad promovida por José Cuxaj, inspector de la Policía Nacional Civil, quien el 2 de febrero, aparentemente, lo agredió, hecho por el que Cuxaj fue ligado a proceso por el delito de abuso de autoridad.

El juez ha tenido a su cargo varios casos de impacto, entre ellos, la sentencia condenatoria contra los presuntos responsables de la desaparición y muerte de Marco Antonio Molina Theissen durante el Conflicto Armado Interno.

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Jueces de Centroamérica se pronuncian en favor de Aifán y jueces independientes

POR HEDY QUINO
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Por medio de un comunicado de prensa, jueces de Centroamérica y España se pronunciaron en defensa de la independencia judicial, y exigieron al Estado de Guatemala garantizar el libre ejercicio de la función jurisdiccional y que esté exento de presiones y amenazas. Además, rechazaron las acciones intimidatorias contra la jueza guatemalteca Erika Aifán.

“En defensa de la independencia judicial en Guatemala, conscientes del papel protagónico del juez y jueza independiente e imparcial, en la construcción permanente de la democracia, en la consecución de la justicia y respeto a los derechos humanos y libertades públicas, manifestamos preocupación por las constantes amenazas a la independencia judicial en la región centroamericana”, indicaron los jueces.

Los togados enfatizaron que los ataques en contra de los jueces independientes se dan por medio de ataques infundados, directos y mediáticos por poderes institucionales y fácticos, los cuales tienen como objetivo deslegitimar la actuación jurisdiccional independiente de jueces y juezas comprometidos con su labor.

“Rechazamos toda acción intimidatoria que pretenda vulnerar la función jurisdiccional de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila, del juzgado “D” de Mayor Riesgo de Guatemala, provenientes de voces que contienen posiciones interesadas, para desprestigiar su trabajo”, declararon los jueces de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y España.

“Es repudiable que se pretenda trasladar a la función jurisdiccional, la deficiencia en la tramitación de los delitos de corrupción en la persecución penal por parte del Ministerio Público. Exigimos al Estado de Guatemala que cumpla con su deber de garantizar el libre ejercicio de la función jurisdiccional, exenta de presiones y amenazas que afecten la imparcialidad e independencia de la judicatura”, concluyeron.

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“Tienen enemigos peligrosos”: Congresistas de EE. UU. abogan por agentes de Cicig, jueces y fiscales

Representantes urgen protección para agentes de la ley que han sufrido amenazas.

Por Irving Escobar

Doce congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, pidieron a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU) que garantice la integridad de los agentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como de fiscales, jueces y activistas sociales.

En una carta, los representantes exponen que los agentes de Cicig y operadores de la justicia guatemalteca han trabajado en los últimos 12 años para enjuiciar por asesinato, narcotráfico o secuestro a criminales e individuos implicados en redes político-económicas de corrupción que han robado millones de dólares de dinero público.

Esas redes, que ostentan un “poder informal significativo”, se han convertido en “enemigos peligrosos” de quienes han fortalecido al estado de Derecho guatemalteco, señalan los legisladores.

En una visita reciente a Guatemala, los congresistas pudieron constatar que hay agentes que han sufrido amenazas y temen que con el cierre de la Cicig puedan sufrir represalias.

“Es fundamental que la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas personas valientes, que han depositado su confianza en la ONU para llevar a cabo un trabajo importante con un gran riesgo personal”, afirman los representantes.

También refieren que es una obligación moral que la ONU proteja a aquellos agentes de la ley porque es parte del mandato, aun cuando tras el cierre de la comisión podría no existir la misma capacidad de proporcionar seguridad física.

La carta fue firmada por Torres, Eliot Engel, James McGovern, Nydia Velázquez, Anthony Brown, Lucille Roybal Allard, Jesús Chuy García, Katie Hill, Aumua Amata Coleman Radewagen, Lauren Underwood, Mary Gay Scanlon y Henry Cuellar.

Durante estos 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de mil 500 personas y unas 660 están procesadas.

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PGN se adhiere a denuncia de fiscal en contra de Aifán

Por Cristian Velix
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En una inusual práctica, la Procuraduría General de la Nación (PGN) se adhirió a la denuncia interpuesta por la investigadora de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, en contra de la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”.

La querella interpuesta en contra de la juzgadora se dio por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, por un supuesto incidente ocurrido el 5 de agosto pasado, en el despacho de la juzgadora. La demanda fue trasladada a la Fiscalía de Delitos Administrativos, la cual dirige Melvin Medina.

Según la descripción de los hechos de parte de Monterroso, la togada se reunió con ella para decirle “cómo se hacían las cosas”, además de que alega de que la expuso como una “incompetente” en una reunión en la que también estuvieron representantes de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la PGN.

Asimismo, la fiscal expresa en su denuncia que Aifán le dijo que su imputación en el Caso Asalto al Ministerio de Salud “no se entendía” y que debía hacerse conforme a la orden de detención, no obstante, la jueza rechazó esos argumentos.

En esa línea, la juzgadora manifestó, en una audiencia de esa misma causa, celebrada el 4 de septiembre pasado, que dicha reunión sí se hizo, pero que ella preguntó si podía asistir toda la parte acusadora, ya que en 20 años de ser jueza era la primera vez que un querellante adhesivo (CICIG) y el Ministerio Público (MP) pretendían pelearse en una audiencia.

De igual manera, Aifán aclaró que en el audio de la orden de captura no hay imputaciones, sino una narración de los hechos y que estas se conocen en la audiencia de primera declaración, por lo que “la judicatura no puede decirle que todas las imputaciones están mal hechas, si no las ha realizado”.

En ese contexto, la jueza afirmó que jamás le dijo a Monterroso cómo se debía hacer una imputación o qué poner en la misma para cada uno de los señalados en ese proceso penal.

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Escobar: ven persecución contra fiscales y jueces

Ayer la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, (MP), anunció un caso vinculado a la compra de un edificio de dicha institución, durante la administración de la ex fiscal general Thelma Aldana, por lo que recibió una nueva orden de captura, situación que a decir de la jueza guatemalteca Claudia Escobar, representa la persecución en contra de fiscales o jueces que tocaron a “intocables”.

El caso, además, surge días después de que el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar, mencionara que harían volver, a quienes lucharon contra la corrupción, para que pidan perdón y reparen los daños que cometieron en contra de las familias y a responder ante tribunales por abusos cometidos.

En ese sentido, Álvaro Montenegro de la Alianza por las Reformas, opinó que llama la atención que ahora fue el mismo ente investigador, como no ha ocurrido en otras oportunidades, quien se empeñó en dar a conocer el caso con una amplia difusión.

Montenegro dice que a raíz de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han surgido ataques, uno en contra de la jueza Ericka Aifán y ahora el de la ex fiscal general, que han ocurrido mientras se habla de una venganza.

“Al final se tocaron unas estructuras muy fuertes y muy consolidadas y al momento de sacar a la CICIG ven que hay mandar un mensaje para que este tipo de acciones en favor de la justicia nunca más vuelvan a ocurrir”, opinó, y aseveró que resulta preocupante porque al final el sistema se está protegiendo a sí mismo.

HAY UN SISTEMA DE JUSTICIA COOPTADO

Mientras el abogado y catedrático universitario Oswaldo Samayoa mencionó que la historia de nuestro sistema de justicia, es de un sistema de justicia cooptado que busca favorecer a personas con poder y finalidad es generar impunidad.

“Cuando alguien hace algo innovador y cambia y lo aplica como debe ser es perseguido y es criminalizado y no dudemos que tanto la fiscal Claudia Paz como la fiscal Thelma Aldana, como otras personas van a ser perseguidas y van a utilizar… este aparato cooptado para poder criminalizarlos”, dijo.

De acuerdo con lo presentado ayer por el MP, Lorena Escobar analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), añadió que hay inconsistencias en la compra del bien inmueble que se indicó, “pero parecieran ser más de responsabilidad de los vendedores y su forma de llevar el negocio”.

El fiscal Marlon Pacheco, encargado de la Fiscalía de Asuntos Internos, explicó detalles del caso “Gerencial Asunción Zona 05”.

Dentro de las irregularidades que citó el fiscal, mencionó que la zona 5 ocupa el lugar número cinco entre las veintidós zonas, con mayor índice de criminalidad, que existió una sobrevaloración de Q3.5 millones entre otros detalles.

Por ello se ordenó la captura de Aldana y tres personas del personal administrativo del MP, por delitos como abuso de autoridad, fraude, e incumplimiento de deberes, así como otras tres que figuraron como negociadores por delitos de apropiación indebida de tributos, testaferrato, defraudación tributaria y fraude.

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CIDH: Gobierno no manda representantes a audiencia de independencia judicial

Por Denis Aguilar
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En el marco del 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó una audiencia sobre la independencia judicial en Guatemala, a la cual el Gobierno de Jimmy Morales no mandó representantes. La CIDH lamentó la ausencia del Estado en la referida audiencia.

En la misma participaron miembros de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre ellos Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua); Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos; Francisco Soto, del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH); Ada Valenzuela, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) e Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (Sedem).

Santos, de Udefegua, dijo que la inasistencia de un representante del Estado de Guatemala es una muestra del retroceso en democracia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también lamentó que no haya asistido un representante del Estado de Guatemala, señalando que este se trata de un espacio para rendir cuentas.

Jorge Luis Borrayo, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), justificó el no acudir a la audiencia, enviando una nota a la CIDH el 16 de septiembre.

Borrayo dijo que analizó la solicitud de la audiencia en la CIDH y que los temas contenidos en el documento elaborado por las organizaciones son situaciones del Estado que ya han sido tratadas con la presencia de la delegación guatemalteca en otras audiencias.

Además, en la excusa Borrayo aseguró que no reconocen que el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pueda ser objeto de discusión por ninguna instancia interna ni internacional, porque se trataría de injerencia en temas internos.

De acuerdo con CEJIL, los comisionados valoraron como un grave retroceso el discurso de supuesta injerencia que utilizó el Estado para no acudir a la audiencia con la CIDH.

Durante la audiencia, el comisionado de la CIDH, Francisco José Eguiguren, dijo que Guatemala es el país del continente donde la CIDH ha otorgado más medidas cautelares solicitadas por magistrados y magistradas de la Corte Constitucional y del Poder Judicial, por lo que considera grave la ausencia del Estado.

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Acusan al Estado de Guatemala de pretender perpetuar su política de venganza, represión, corrupción e impunidad

Organizaciones proderechos humanos rechazan los “espurios y anacrónicos argumentos” del gobierno para no asistir ayer a audiencia en la CIDH.

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El presidente Jimmy Morales no envió el lunes a ningún representante a dar explicaciones ante la CIDH al considerar que el organismo se entromete en “asuntos internos” y comete “injerencia”, después de ser invitados a una audiencia titulada “obstáculos, retrocesos y retos para el avance de los derechos humanos en Guatemala”.

(...)

Ante ello, las tres organizaciones recordaron que la nación es signataria de la Carta Americana de Derechos Humanos, aunque hoy desconozca “su accionar” y rechazaron los “espurios y anacrónicos argumentos” esgrimidos por el gobierno para justificar su ausencia.

“La incomparecencia del Estado en la audiencia temática representa la materialización de la política de regresión autoritaria del gobierno de Jimmy Morales, así como la representación dictatorial que ha mostrado desde el 2016. Este hecho sólo tiene parangón a las actitudes de los gobiernos militares en el marco del Conflicto Armado Interno, en la década de los ochenta”, aseguraron.

Además, denunciaron que el Gobierno ha impulsado “una serie de acciones que violan todos los principios democráticos e incluso ha violado el Estado de Derecho con el único objetivo de mantener y ampliar la impunidad y garantizar los espurios intereses de grupos de poder fáctico en el país”.

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Reformas a la ley del MP podrían debilitar la independencia de la institución

Las reformas que propone el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) es vista con mucho escepticismo por algunos sectores, pues se preguntan por qué las plantean cuando están a 90 días de abandonar el Congreso, y debido a que dicho partido impulsó cambios en el 2016.

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[chronos]

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CIJ: Jueces y juezas están siendo seriamente atacados

Por Denis Aguilar
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En el marco de la celebración de la VII Conferencia Regional sobre Independencia Judicial con el tema de Seguridad y Protección de Jueces juezas, Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, comentó que actualmente en el país tanto jueces y juezas se encuentran seriamente atacados.

“Lamentablemente vemos que la Corte Suprema de Justicia no hace nada por defenderlos, la Corte Suprema de Justicia debería asumir un papel mucho más activo en la defensa de las juezas y los jueces”, dijo Cadena.

Cadena indicó que el concepto de seguridad para jueces es amplio e integral, lo cual se debería abordar desde un ámbito preventivo, para lo cual se necesita un marco jurídico seguro que ofrezca garantías a los jueces de que permanezcan en sus cargos aunque emitan resoluciones que molestan al poder económico, político o militar.

“Necesitamos en la prevención que exista un Consejo de la Carrera Judicial y una Corte Suprema de Justicia que asuma su verdadero papel y su rol de proteger la independencia judicial”, dijo el abogado, quien agregó que se debe fomentar la investigación y la sanción.

Ante esta situación, Cadena aseguró que el tema de la independencia judicial está en riesgo debido al poco respaldo que tienen los jueces ante esta situación, donde incluso están en riesgo de la extracción de información, como el caso de la jueza Erika Aifán.

“El Ministerio Público tiene una fiscalía para investigar delitos en contra de operadores de justicia, pero vemos que el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y específicamente la Unidad Fiscal de Protección de Delitos contra Operadores de Justicia no investiga, entonces hay una impunidad casi del 98 por ciento de los casos donde se atacan a jueces”, dijo Cadena.

El director de la CIJ para Centroamérica manifestó que la seguridad de los jueces hay que vincularla con la independencia de los mismos y a la carrera judicial, ya que los juzgadores sufren ataques cuando son llevados al régimen disciplinario.

Asimismo, Cadena señala que hay grupos del crimen organizado que buscan controlar el sistema de Justicia para obtener resoluciones a su conveniencia.

SON MOMENTOS DE RIESGO

A decir de Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), el trabajo de jueces y magistrados atraviesa momentos de mucho riesgo, aunque los ataques no se tratan de atentados físicos, sí hay un desgaste contra jueces mediante estrategias mediáticas.

Vásquez dijo que ese tipo de ataques los ha realizado incluso el mismo Presidente de la República, pese a que es representante de la unidad nacional, con lo que termina afectando al Poder Judicial.

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CIDH pide al Estado de Guatemala proteger a la jueza Erika Aifán

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere al Estado de Guatemala que proteja a la jueza Erika Aifán, por “amenazas”.

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CC ordena al Mingob trasladar fondos a comisión de justicia

El Ejecutivo intentó en junio pasado, cerrar la entidad creada tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Por: Luisa Paredes

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ministerio de Gobernación (Mingob) transferir fondos a la Comisión Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, al declarar con lugar un recurso de apelación presentado por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

La entidad no recibió la transferencia de los Q5.7 millones para su funcionamiento que fueron autorizados por el Ministerio de Finanzas en la propuesta de presupuesto 2019 debido a decisiones administrativas del Mingob. La Comisión recibe los fondos anules por medio de la firma de un convenio con la cartera, que el año pasado decidió posponer la suscripción del documento, hasta después de la aprobación del Presupuesto General.

La Comisión que fue creada como parte de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala en la firma de los Acuerdos de Paz para dar seguimiento a recomendaciones y para gestionar propuestas para mejorar el Sistema de Justicia Nacional.

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Entramado de poder, tras la designación de jueza de paz

En el marco de una disputa por determinar quién debe dirigir el Juzgado Décimo de Paz Civil, una red de poder se manifiesta en favor de Cindy Lizeth Franco Figueroa, nombrada titular de esa judicatura por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero en detrimento de la jueza Genoveba Ofelia Vásquez Mazariegos, quien ganó el concurso para poder dirigir ese órgano jurisdiccional.

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La fotografía de un juez que hace dudar de su imparcialidad

Por Evelyn De León

Una fotografía que circula en redes sociales es la causa de una recusación que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra del juez Fredy Orellana.

En la imagen aparece Orellana sosteniendo un arma de fuego. A su lado aparece el abogado Manuel Ixmay, quien defiende en el caso "Negociantes de la Salud" al empresario farmacéutico Gustavo Alejos.

La foto correspondería a una actividad que organizó la Asociación de Jueces y Magistrados denominada: "Inducción de tiro, básico", la cual se realizó el pasado 18 de enero y que, según la convocatoria, era exclusiva para los jueces y magistrados agremiados a esa organización.

La FECI, al tener conocimiento de la imagen, decidió presentar la recusación en contra del juez al dudar de su imparcialidad. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, declaró: "Consideremos que en este caso se ve afectada la independencia (judicial) por las relaciones que puede tener el juez con alguna de las partes".

“En una actividad de ocio, no era académica, en su tiempo libre estaba compartiendo con el abogado de uno de los acusados. Entonces ejerciendo el derecho de exigir un juez imparcial presentamos una recusación” Juan Francisco Sandoval , jefe de la FECI

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[chronos]

Iniciado por elPeriodico

CSJ anula nombramiento de hija de exmagistrado

Por: Rony Ríos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento de favorecer la administración de justicia, anuló el nombramiento de Cindy Lizeth Franco Figueroa, hija del exmagistrado Mynor Custodio Franco, como jueza Décimo de Paz Civil.

“Luego del análisis correspondiente, con el objeto de favorecer la administración de Justicia en beneficio de la población, se deja sin efecto el nombramiento de la abogada Franco Figueroa”, expresó la CSJ en un comunicado de prensa.

Anteriormente, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) había designado a Genoveva Vásquez como titular del juzgado, pero la disposición de la Corte había provocado que existieran dos nombres vigentes para el mismo cargo.

En publicaciones anteriores de elPeriódico, la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés, había defendido el nombramiento de Franco Figueroa aduciendo que los “traslados” que realizaba el CCJ son una figura que no existe en la Ley de la Carrera Judicial, pero fue anulada tras varias acciones legales.