Demanda obliga al Estado a pago de Q117 millones a banco francés

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Demanda obliga al Estado a pago de Q117 millones a banco francés

El monto se incluyó en el Presupuesto de 2020 para cumplir con la deuda contratada por una empresa hace más de 30 años.

Por: Lorena Álvarez

En el Artículo 122 del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2020 el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) establece un aporte extraordinario para el Organismo Judicial (OJ) por Q117 millones para el pago de una demanda promovida en 1984 por el Banque Nationale de París (BNP) Sucursal Panamá.

Salvador Saravia Castillo, mandatario de BNP Paribas, explica que el origen del litigio refiere a que una entidad dedicada a operaciones agroindustriales (Organización García Granados) solicitó el financiamiento poniendo como garantía hipotecas, prendas agrarias, prendas industriales, entre otras.

“El crédito estaba estructurado para ser amortizado en cinco años”, continúa, y se había proyectado con una cosecha anual de entre US$12 millones y US$15 millones para amortizar el capital y pago de intereses. Pero en el convenio se estableció que la compañía no realizaría inversiones en nuevos proyectos, situación que incumplió y cae en problemas de capital por lo que acude, sin éxito, al banco a solicitar financiamiento adicional.

En septiembre de 1981, la empresa comienza diligencias voluntarias para la venta de la semilla y cosecha de algodón, la cual era parte de la garantía del pago ante el juez Daniel Samuel Sandoval de León, quien resuelve con lugar la venta. De acuerdo con Saravia, “la autorización se da sin haber citado al banco en el proceso legal”.

El defensor judicial de BNP apela la decisión y se inicia un juicio contra el juzgador Sandoval por haber autorizado la venta de algodón. En abril de 1999, se resuelve que debe pagar por daños y perjuicios causados, pero en 2000 se desestima. Y se vuelve a comenzar con el proceso jurídico para que se pague al banco francés.

Luego de apelaciones y recursos presentados en la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2004 se fijó en US$15 millones los daños ocasionados a BNP Paribas. Como respuesta la Procuraduría General de la Nación (PGN) pide que sea el OJ quien debe pagar la deuda.

Tras nuevos amparos, desde 2010 se solicita el pago al exjuez (quien ya murió) y al Estado y que se envíen oficios al Minfin, al Congreso y la Comisión de Finanzas del Legislativo.

En la resolución de la CC de los expedientes 2238 y 2400-2018, de enero de este año, se ordena al Minfin a incluir en el Presupuesto el pago para BNP Paribas. En agosto pasado, la PGN le indicó al Minfin que se han agotado todas las instancias y las resoluciones de este proceso están en firme, lo que avala la inclusión del pago en el Proyecto que Finanzas entregó este mes al Congreso.

Si el Legislativo lo aprueba, el pago se podría realizar luego de 35 años de iniciado el proceso contra el hoy fallecido exjuez Séptimo de Primera Instancia Civil y subsidiariamente contra el Estado de Guatemala.

LA DÉCADA PERDIDA

La negociación del préstamo con BNP Paribas se da al inicio de la Década Perdida para América Latina. La caída de los precios del café, banano y del algodón en los mercados internacionales, sumado a los efectos del shock petrolero mundial. Además, la entrada de China en el mercado internacional del algodón a inicios de los años ochenta.

Las dictaduras militares de esa época incluyen desde 1978 hasta 1982 a Romeo Lucas García, desde marzo de 1982 el poder lo tomó Efraín Ríos Montt y en 1983 llegó a la Presidencia Óscar Mejía Víctores.

En el libro El ascenso de las elites industriales en Guatemala 1871-1994, de Paul Dosal, se reseña la creación de la Cámara del Agro en 1973 con la participación de Raúl García-Granados Quiñónez, representante del Consejo Nacional del Algodón.

García-Granados Quiñónez fue uno de los principales asesores económicos de Lucas García. Jorge Raúl García Granados de Garay, hijo del asesor de Lucas, se convierte en una figura clave dentro de la corporación familiar en los años noventa. El exalcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, en ese entonces estaba casado con Silvia García-Granados de Garay, según describe la historiadora Marta Elena Casaús.

DISCUSIÓN LEGISLATIVA

La semana pasada, diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza solicitaron a la Contraloría General de Cuentas de la Nación que se realice una auditoría especial, debido a que si el Congreso aprueba el Artículo 122 propuesto se crearía un precedente.

Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el Proyecto de Presupuesto que presentó el Minfin.

En opinión de Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, el Artículo 122 del Proyecto de Presupuesto requiere de una discusión pues se trata de un pago que aunque es legal realizarlo, resulta ilegítimo que pague el Estado.

El tema se discutirá en la audiencia pública que convoque la Comisión para escuchar al Organismo Judicial, agregó el congresista.

Sin embargo, para Saravia la justicia llega en este caso 38 años más tarde. “El Estado debe saber que también es responsable de sus actos”, añadió.

Declive del algodón

El auge de la actividad algodonera fue en la década de los años setenta, en la que Centroamérica logró posicionarse por los rendimientos alcanzados, pero en los años ochenta la caída de los precios, altos costos de producción y menores rendimientos llevó a una crisis al sector, según un análisis de sostenibilidad de la industria algodonera publicado en 1997 por el CLACDS.

Manuel Roberto Yurrita, en un estudio publicado por el Ministerio de Economía, agrega que desde 1977 hasta 1985 se tenían seis zonas algodoneras: Tecún Umán y Ocós (San Marcos) Champerico y San Andrés Villa Seca (Retalhuleu), Santo Domingo Suchitepéquez; Tiquisate y Nueva Concepción (Escuintla); La Gomera y La Democracia (Escuintla); Guazacapán (Santa Rosa), Masagua y Guanagazapa (Escuintla).

También indica que en la segunda mitad de la década de 1980 el descenso en la producción se volvió muy pronunciado. El área cultivada pasó de 182 mil manzanas en 1979 a 90 mil en 1984 y en 1992 solamente cerca de 56 mil.

El monto se incluyó en el Presupuesto de 2020 para cumplir con la deuda contratada por una empresa hace más de 30 años.

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Iniciado por La Hora

Nos toca a todos pagar una deuda privada

En el proyecto de presupuesto para este año está contemplada una erogación de 117 millones de quetzales para pagar una indemnización que desde los años ochenta viene reclamando el Banco de París al Estado de Guatemala, luego de que la estatal Corporación Financiera Nacional (Corfina) se convirtiera en avalista del préstamo de 15 millones de dólares que el banco europeo otorgó al empresario guatemalteco Raúl García Granados.

Y digo que nos toca pagar los costos a todos porque ese aval de Corfina fue otorgado bajo instrucciones precisas del entonces presidente Romeo Lucas García, primo de García Granados. Pero no contento con haber logrado el aval y el préstamo, García Granados aprovechó el cooptado sistema de justicia para lograr una autorización judicial para vender las cosechas de algodón que eran la garantía prendaria para cubrir el préstamo en mención. En ese tiempo la Corte Suprema de Justicia era nombrada también por el Congreso pero la influencia del Presidente era de tal calibre que cuando los diputados eligieron a quien sería su presidente, éste en vez de agradecerles a ellos por el voto, públicamente dio las gracias a Romeo Lucas “por la confianza que había depositado en él”.

En otras palabras, se trata de una sucesión de actos viciados porque primero fue el tráfico de influencias para que el Estado, a través de Corfina, diera el aval al Banco de París en el préstamo millonario a un particular cuyo parentesco con el entonces Presidente bastó para comprometer a toda la nación en caso de que no fuera pagado el empréstito, como finalmente ocurrió.

Y es que García Granados no se estaba jugando nada, al fin y al cabo, porque si no pagaba al Banco de París, sería la entidad Corfina la responsable de la deuda. Pero para que no quede duda alguna de sus intenciones, ante el gravamen que pesaba sobre las cosechas de algodón en ese tiempo, buscó la autorización de un juez para poderlas vender y así aprovechar un recurso que, según lo pactado, estaba destinado a cubrir el monto del dinero que le prestó el banco parisino.

El litigio duró muchos años y también se enderezó contra el juez que autorizó la venta de la prenda, pero ese pobre abogadito que no hizo sino lo que le ordenaron, murió antes de que se llegara a sentencia. Y en virtud de que el asunto quedó dirimido judicialmente, a Guatemala le corresponde hacer ese pago y en el proyecto de presupuesto para al año próximo aparece la asignación de los 117 millones que servirán para cubrir ese compromiso asumido por nuestras autoridades de aquella época.

Por supuesto que no es justo que a toda la población se le obligue a pagar por la deuda que contrae un empresario particular. Son 117 millones que buena falta harían para combatir la desnutrición crónica que afecta a la mitad de nuestros niños pero que, en vez de eso, honrarán una deuda que maliciosamente se dispuso que fuera avalada por el Estado de Guatemala.

Y como en este caso, todo centavo que se le roba al Estado, lo termina pagando la gente más pobre que recibe menores oportunidades.

[MarkII]

puta de que ahuevo, que le sigan el rastro al movimiento de propiedades, activos, etc de la empresa, juez, familiares, etc y que de ahi se cobren.

Puta que campantes los pizados

[rio63]

Iniciado por chronos

Que extraño que este metido el apellido del Arzu, metido en esos hueveos. Que familia mas maldita y nefasta que ha sido esta para el país . Que vengan los : de los chafarotes a defender esta mierda .

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Piensa mal y acertarás

ROBERTO ARZÚ GARCÍA-GRANADOS

Hace unos meses iniciamos a escuchar ruido acerca de un resarcimiento relacionado a una demanda por daños y perjuicios del BNP (Banco Nacional de París) contra un juez (ya fallecido) y por extensión contra el Organismo Judicial. Lo curioso es que, aparentemente, el pago se estaba acelerando (después de 15 años) para “bloquear” algunos pagos de resarcimiento a grupos vinculados con ONGs de “izquierda”.

El caso se refiere a una demanda por daños y perjuicios que iniciara el mandatario de BNP en Guatemala en esa época (Salvador Saravia) por una decisión judicial. Esta decisión fue que se liberara la garantía prendaria que se tenía sobre la cosecha de algodón de unas fincas debido a que si no se cosechaba oportunamente se perdería la cosecha. El juez aceptó el argumento y permitió levantar la cosecha, acto que considera el mandatario de BNP que causó daño irreparable. No fue así ya que como producto de la negociación con el banco la deuda completa fue cancelada, unos años después, por parte de las empresas vinculadas al caso. Por lo tanto, no hay dolo ni perjuicio ni daño al banco ya que la deuda fue saldada.

(...)

Esta resolución es de hace 15 años… ¿por qué ahora? ¿por qué la urgencia ahora de pagar esa demanda por daños y perjuicios inexistentes al haber cobrado todo lo que se le adeudaba al banco?

¿Quiénes son los beneficiarios del pago de esos Q117 millones?

[RICARDO25]

Esa mierda no procede, como putas? Que descaro mas Mierda.

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

PGN: Deuda de los García-Granados debe excluirse del Presupuesto 2020

El jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Luis Donado dijo este 7 de octubre en el Congreso que no es procedente incluir en el Presupuesto del Estado para el año 2020 los Q117 millones propuestos por el Ministerio de Finanzas (Minfin) para cubrir la demanda por una deuda contratada por una empresa privada hace 30 años.

Por Rosa María Bolaños

Al respecto Donado explicó, en la Comisión de Finanzas del Congreso y en declaraciones a medios de comunicación, que el Minfin le consultó si aún había recursos legales ordinarios o extraordinarios pendientes de promover en el juicio donde se genera la resolución, y al respecto la PGN respondió que no había más recursos pendientes. Por ello la orden judicial genera una obligación de pago para el Estado, dijo el funcionario.

Sin embargo cambió de opinión y el lunes en el Legislativo, explicó que luego de que se conociera públicamente el caso empezaron a publicarse documentos por diversas personas, por medio de las redes sociales, en los cuales se indicaba que la deuda ya estaba pagada. Por ello, dijo, inició una investigación al respecto y concluyó que no es procedente incluir en este momento el monto en mención en el presupuesto.

Son “documentos ya concluyentes con relación a que esa deuda fue saldada en su momento por las personas obligadas”, agregó Donado.

Es una conclusión preliminar la cual espera confirmar la próxima semana, les explicó a los diputados.

(...)

Surgen otras dudas

Sin embargo, los parlamentarios de la Comisión de Finanzas solicitaron al Procurador informarles de la conclusión del caso luego de analizar los nuevos documentos. También le solicitaron que analice si la orden judicial a la que se refiere el Minfin también le aplica a dicha Comisión y al Congreso.

Algunos diputados de dicha sala legislativa son de la idea que no se debe incluir en el presupuesto, mientras que otros piden analizar esa implicación para no caer en desobediencia.

Respecto a postura que han surgido acerca de que el reclamo del banco no es la deuda sino el agravio por haber vendido la garantía y no haber pagado a tiempo, el Procurador dijo el juicio que se promovió en su momento fue por el daño que se ocasiona al levantar el gravamen sobre la garantía y sobre eso se ocasiona el daño, pero “si ellos (la empresa) pagaron, porqué nosotros (el Estado) tenemos que pagar el valor que constituía esa garantía”, agregó.

Expuso que hay extremos que deben verificar y comprobar respecto a que si se pagó la deuda y porqué cantidad.

OJ en desacuerdo

Representantes de la asesoría legal del Organismo Judicial, también asistieron a la Comisión de Finanzas del Congreso, y expresaron su desacuerdo se proponga establecerse en el presupuesto los recursos como un aporte extraordinario, además que fijaría un mal precedente para la independencia de ese organismo, entre otros detalles legales.

Agregaron que no se puede demandar al OJ por las resoluciones que emiten los jueces, y que se está recayendo en actos ilícitos.

Además, que PGN debe reclamar la nulidad de este fallo contra el Estado

El procurador por su parte se mostró en contra de los manifestado por los representantes del OJ.

Antes de esta ocasión ya en el 2013 se había ordenado al Ministerio de Finanzas integrarlo al presupuesto como deuda pública, pero se impugnó esa decisión por ese ente indicando que ese caso no entraba en el rubro de deuda pública. Por ello en esta ocasión se decidió colocarlo como un aporte extraordinario al OJ.

(...)

[maik318x]

Iniciado por chronos

alv Q117 millones más a la deuda pública

[chronos]

Iniciado por elPeriodico

Orden judicial ordena presupuestar Q214.2 millones para pago de BNP Paribas y Global Corp International S.A.

Por: Enrique García

La presidencia de la Comisión de Finanzas del Congreso recibió el pasado lunes del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se incluya en el proyecto de presupuesto 2020 el pago de Q117 millones a la empresa BNP Paribas Sucursal Panamá.

La demanda de la empresa fue promovida en 1984 y refiere a que una entidad dedicada a operaciones agroindustriales solicitó financiamiento que puso como garantía hipotecas, prendas agrarias, prendas industriales.

La sala también recibió del Organismo Judicial una misiva para que se gire órdenes a la comisión de trabajo y que se incluya también en el proyecto una asignación de Q97.2 millones para el pago de una denuncia en contra del Ministerio Público (MP) por parte de Globalcorp International S.A. La empresa arrendó un equipo de cómputo durante la gestión del exfiscal, Juan Luis Florido.

Contradicciones

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó ayer a los pocos integrantes de la comisión que la deuda de Q117 millones tiene que ser pagada. Pero el pasado mes los abogados del Estado informaron a la sala de trabajo que se citará al representante de Banque Nationale de París para esclarecer el asunto.

“Son resoluciones de los tribunales que hay que cumplir”, indicó el vicepresidente de la Comisión, Rudy Castañeda. De acuerdo al legislador ambos temas tienen que ser discutidos y elaborar las enmiendas para que sean leídas en el pleno además agregó que otra enmienda será otorgar más recursos para el rubro de funcionamiento a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

[free99]

Eso huele manipulación de la justicia o compra de jueces por aquel tiempo; y como ya fallecio el Juez no lograremos saberlo y no queda mas que pagar, porque no creo que le cobren un centavo a la "distinguida" familia

[rio63]

Eso huele manipulación de la justicia o compra de jueces por aquel tiempo; y como ya fallecio el Juez no lograremos saberlo y no queda mas que pagar, porque no creo que le cobren un centavo a la "distinguida" familia

Asi va a terminar pasando. Y mientras sigan nombrando a las personas más olvídense de que vayan a ganar algún día un caso de estos .