Infraestructura policial, histórica deuda de los gobiernos para dignificar a la PNC
POR MARIELA CASTAÑÓN
[email protected]
De acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), 708 de 833 sedes policiales, es decir, el 85 por ciento, son rentadas o donadas de palabra, mientras que solo el 15 por ciento, unas 125, son propiedad de la Policía. Esta situación afecta en el desempeño de los agentes, pues según verificaciones realizadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y “La Hora”, los miembros de esa institución están hacinados, viven en condiciones insalubres, precarias e incluso en riesgo.
Al menos ocho meses transcurrieron para que los agentes abandonaran la sede policial ubicada en la 19 calle y 14 avenida de la colonia La Barranquilla, en la zona 1, luego de que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró el lugar inhabitable.
En octubre de 2015, una notificación llegó a esa subestación, con la recomendación de “tomar medidas pertinentes para salvaguardar la vida e integridad física” de quienes habitaban el inmueble; pasaron varios meses para que los policías salieran de ese espacio. Lo hicieron hasta junio del año pasado, relataron agentes entrevistados.
Ese lugar, al igual que otros, evidenciaba hacinamiento, insalubridad, riesgos y otros problemas. Las condiciones precarias de esta sede fueron denunciadas desde el año 2012 por este vespertino, pero la situación no cambió sino hasta el 2016.
En este caso, los policías ya fueron evacuados e instalados cerca de la misma dirección, pero las condiciones no han cambiado significativamente.
Por otro lado, una verificación efectuada por la PDH en 16 sedes policiales, ubicadas en nueve departamentos, constató las condiciones inhumanas e inadecuadas en las que se encuentran los agentes.
Abner Paredes, de la PDH, explicó recientemente a La Hora que las visitas se realizaron en el mes de mayo, en las estaciones y subestaciones de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Guatemala, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa.
Paredes refirió que la infraestructura que alberga a los agentes tiene un estilo familiar, que es considerado inadecuado, ya que provoca hacinamiento.
La Oficina del Procurador también reveló que los inmuebles están “abandonados” y no existe mantenimiento ni reparaciones.
En tanto, las literas son inadecuadas, viejas y oxidadas. Las colchonetas son insuficientes para todos los servidores públicos.
Además hay plagas de chinches y pulgas. En la mayoría de inmuebles no hay duchas y los agentes deben bañarse a la intemperie o en piletas.
Al igual que en la sede de La Barranquilla, las sedes de Chiantla, en Huehuetenango y la unidad de Presidios en Retalhuleu -a cargo de la PNC- fueron declaradas “inhabitables” por Conred, y a pesar de esa advertencia los agentes policiales seguían ahí.
El representante de la PDH detalló que las condiciones en las que laboran los policías impactan negativamente en su desempeño, para brindar seguridad a la ciudadanía.
TAMBIÉN INVIERTEN DE SU PROPIO DINERO
Las verificaciones de la PDH y las entrevistas de La Hora también reflejan que los agentes continúan invirtiendo de su dinero para instalar regaderas y bañarse, para comprar bombillas, llantas, balas, uniformes, entre otros.
Algunos de los entrevistados dicen que para patrullar deben cooperar para comprar llantas. En ocasiones cada uno aporta Q50 o más, dependiendo cuántos están de turno en la sede policial. Las jornadas son de 11 días de trabajo por 6 de descanso.
“Gracias a los compañeros que han tenido la iniciativa -de reunir dinero- para las regaderas y las llantas. Si no hubiéramos aportado, la patrulla estaría parqueada todavía”, explican agentes de una de las sedes visitadas en la zona 1 de la capital.
De acuerdo con los relatos, si por alguna razón se quedan sin municiones, deben adquirir una caja de 50 balas por Q250. En ocasiones comparten los gastos entre varios policías, incluso para ir al polígono y practicar tiro.
Además, detallan que deben adquirir su propio calzado, cuyo precio oscila entre Q300 y Q800, que es lo que está en sus posibilidades.
Los uniformes también deben comprarlos, pues hace dos años les entregaron los últimos, pero eran de “mala calidad”. Según ellos, la segunda vez que los lavaban perdían completamente el color.
Los agentes indican que esa es la razón por la que han adquirido su indumentaria por precios que oscilan entre Q280 y Q325. A eso deben agregar todos los sellos de identificación, que tienen un costo de Q50.
Los uniformes los mandan a hacer en las sastrerías que se encuentran cerca de la Academia de la PNC o de la sede de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP).
Los entrevistados piden al Gobierno y a las autoridades de la PNC atender las necesidades, para brindar un servicio “de calidad” a la ciudadanía guatemalteca.
La situación en la que se desempeñan los agentes no es nueva, pues en varias gestiones de gobierno se ha denunciado públicamente, sin embargo, poco se ha avanzado en la creación de infraestructura y en la atención a las necesidades de los policías.
85 POR CIENTO DE LAS SEDES SON RENTADAS
La Hora buscó al director de la PNC, Nery Ramos, para conocer el diagnóstico de la infraestructura policial y los planes previstos para atender esta y otras problemáticas que afectan a los agentes.
Ramos confirmó que actualmente hay 833 sedes policiales que albergan a policías que atienden temas administrativos, operativos, de inteligencia, investigación criminal y prevención del delito. En tanto, de esta cantidad, el 85 por ciento es rentado o donado “de palabra”, es decir, que no están adjudicadas o regularizadas legalmente.
“La dificultad que enfrentamos es que en la infraestructura rentada no podemos invertir porque no pertenece al Estado. En la infraestructura donada de palabra, sin la adjudicación debida, tampoco podemos invertir. En la que sí estamos invirtiendo en este momento es en la infraestructura propia, que es menos del 15 por ciento. Estamos en un proceso de remozamiento. Muchas de estas sedes lo que necesitan es pintura, mejoras en el cableado, sustitución de los servicios sanitarios, equiparlas con muebles, con equipos de cómputo”, explica el director de la PNC.
El entrevistado dice que actualmente esos eventos están en proceso de adquisición en el portal gubernamental Guatecompras. Mientras eso llega, se han destinado Q20 mil de caja chica para todas las comisarías del país, para hacer “pequeñas reparaciones” en pintura, sustitución de focos, apagadores, servicios sanitarios o cambiar láminas en mal estado.
El jefe policial afirma que para atender la situación de las sedes rentadas se creó una comisión multidisciplinaria, conformada por personal de infraestructura, de Inspectoría General, del área de planificación, delegados del despacho, entre otros, para verificar “a detalle” la infraestructura rentada que está deteriorada.
“Le estamos enviando las cartas a los propietarios, para pedirles y exigirles las mejoras para esos inmuebles. Si se resiste a hacerlos nos vamos a cambiar de lugar. A la fecha llevamos 73 inmuebles que hemos entregado, porque los propietarios se han negado a hacerles las mejoras que exigimos para la habitabilidad y funcionamiento de las sedes policiales”, detalla.
En tanto, según Ramos, también se ha hecho una evaluación de los montos que se pagan de renta por un valuador autorizado. En virtud de ello, a la fecha, se han hecho reajustes a 20 inmuebles, lo cual ha permitido un ahorro de Q3 millones 123 mil 350.92.
“La instrucción constante que tenemos con los mandos -policiales- es que instruyan a su jefe de Apoyo y Logística, que es su mando superior, que mantenga una constante supervisión en cuanto a las condiciones de orden y limpieza en las sedes, y cuando no, tome las medidas respectivas. Cuando hay cuestiones que reparar, hacer las gestiones con el propietario -de los inmuebles- rentados o hacer las gestiones en Apoyo y Logística, en el caso de los inmuebles propios de la PNC. Vamos a la mitad de este proceso”, dice.
El profesional indica que hay un evento de colchonetas y literas para sustituir las que actualmente usa la fuerza policial.
En otros aspectos de dignificación está previsto impulsar un proyecto de Ley para establecer escalafones para “mejorar las condiciones” de policías que llevan entre 20 y 25 años de servicio, y que deben tener otros incentivos.
También se trabaja en un incremento de bono de antigüedad, que actualmente es de Q40 cada dos años. La intención es que esto cambie a Q200. Asimismo, se gestiona el traslado de un bono de Q1 mil 800 para que pase al salario base del policía, aunado a entregar un bono navideño.
Además, hay siete sedes policiales que están en proceso de construcción, para las cuales se tomaron las áreas donde no había sedes propias. Estos inmuebles estarán en San Rafael Pie de La Cuesta, en San Marcos; Santa María Nebaj, en Quiché; Usumutlán, Gualán, Teculután y San Jorge, en Zacapa; Sololá, Sololá.
“Proyectamos para 2018, la construcción de 47 sedes policiales, desde este año. Estamos con todos los equipos para tener listos los proyectos. Ojalá tengamos las asignaciones presupuestarias, gestionando, cabildeando con los alcaldes, empresarios locales, para que nos puedan ceder terreno. Lo que buscamos es erogar la menor cantidad de recursos y tener corresponsabilidad de las autoridades locales”, reitera.
LAS DENUNCIAS DE AGENTES
Al funcionario se le consultó por lo que dijeron los policías entrevistados, en relación a que continúan invirtiendo de su dinero para adquirir diferentes insumos. El director dice que hace dos meses se hizo el primer desembolso de Q20 mil para cada una de las 27 comisarías y unidades especialistas. Las prioridades fueron reparar patrullas, colocar llantas y comprar baterías. Cuando se ejecute ese monto, se liquidará la caja chica y se volverá a reembolsar, por medio del Ministerio de Finanzas (Minfin). La intención es que los agentes ya no inviertan de sus propios recursos.
Asimismo, se le preguntó a Ramos por la ausencia de municiones para los agentes e indicó que esto se debe a la falta de gestión. Según él, los jefes de Apoyo y Logística de cada comisaría saben que deben gestionar las balas de los policías, en tanto los agentes también deben realizar un informe especificando en qué momento utilizaron la munición para respaldar la solicitud. De esa forma se entregará la munición que necesiten y si esto no se realiza la Inspectoría General podría intervenir para deducir responsabilidades.
En el tema de la dotación de uniformes, el entrevistado admitió que los policías continúan invirtiendo para su indumentaria. El año pasado no fue posible invertir para ello porque no hubo presupuesto, pero para este año hubo Q8 millones disponibles. Sin embargo, la inversión total sería de Q45 millones para darles dos uniformes a todos los policías.
Por eso, se gestiona un incremento o una ampliación presupuestaria para adjudicar un evento de licitación, destaca.
En cifras
833 sedes policiales son usadas por la PNC en todo el país.
708 son rentadas o donadas “de palabra”.
125 sedes son propiedad de la institución policial.
Q50 mensuales invierten algunos agentes para cooperar con los insumos que hacen falta en las comisarías, estaciones o subestaciones.
De Q280 a Q325 ha sido la inversión de policías en su indumentaria.
47 sedes policiales serán creadas entre este y el próximo año.
Q20 mil han sido entregados a cada comisaría, para atender necesidades urgentes, según autoridades.