¿Procurar impunidad utilizando la ley? La estrategia de litigio que retrasa los casos

[chronos]

Iniciado por La Hora

¿Procurar impunidad utilizando la ley? La estrategia de litigio que retrasa los casos

JOSÉ DEL ÁGUILA
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En 2016 la CC ha cobrado Q2.4 millones en multas por amparos frívolos

Toda persona acusada de cometer un delito cuenta con el derecho de ser defendida por un abogado, pero existe una diferencia entre ejercer una defensa legítima, apegada a la ley y a la ética profesional, y ejercerla con el objetivo de procurar la impunidad. A esta última modalidad, según estudiosos del sistema de justicia, se le denomina “litigio malicioso”, y es una tendencia continuada en el ejercicio del derecho que en el último año ha generado retrasos en los procesos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El litigio malicioso es un método sencillo. El abogado Édgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, lo plantea como una estrategia judicial de parte de abogados defensores que tiene como fin retrasar los casos que se ventilan en los juzgados y tribunales.

Para lograr este cometido, el litigante (encargado de ejercer la defensa de un sindicado) plantea amparos, apelaciones, incidentes, recusaciones y en general, cualquier recurso judicial, sin otro fin que entorpecer los procesos.

Por esa razón, dichos recursos no necesitan estar debidamente fundamentados, pues su objetivo no es velar por el estricto cumplimiento de los derechos del sindicado, sino retrasar el proceso judicial.

Esta estrategia, cada vez más utilizada, tiene sus razones de ser. “Si hay un querellante adhesivo, generalmente se desespera, va desconfiando en el sistema judicial y va teniendo menos esperanza, hasta que finalmente abandona el proceso”, dice Pérez. Esta desesperación también trata de influir en el juez a cargo. Todo esto, con miras a obtener ciertas cuotas de impunidad en los procesos.

También se utiliza el llamado litigio malicioso para casos en los cuales los sindicados están en prisión preventiva, y es que es la misma defensa la que presenta los recursos para evitar el avance de los procesos y luego argumenta que sus clientes están presos ilegalmente, porque ya han vencido los plazos que manda la ley. Un claro ejemplo de lo anterior fue el caso contra los hermanos Valdez Paiz, por el caso de la muerte de Rodrigo Rosenberg.

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Las expertas consideran que la responsabilidad la tiene, en gran parte, la academia, que ha visto con desdén las clases de ética profesional en las aulas universitarias.

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[RICARDO25]

El sistema esta hecho por corruptos para corruptos.

Para muestra un boton, los banqueros de bancafe y el otro tipo que se robo la ofrenda de la iglesia catolica condenado a 12 anios.

[NEC]

Falta de ética.

[marioc30]

Las clases de ética lo que falta es que comiencen a sancionar. Bueno allí tienen a otro experto dando la fórmula del agua mágica.

Ese tipo de gente en la universidad ya llega con la formación en valores que debió tener en su casa, a la academia solo le queda sosegarlo con las sanciones.

[malvizuris]

Iniciado por RICARDO25

El sistema esta hecho por corruptos para corruptos.

Para muestra un boton, los banqueros de bancafe y el otro tipo que se robo la ofrenda de la iglesia catolica condenado a 12 anios.

la justicia es para quien pueda pagarla, imaginate con las ofrendas no podes comprar un juez ni fiscales ni pruebas, ni ni mierda, porque no te alcanza, con unhueveo millonario alcanza para todos te condenan con poco tiempo si es que logran condena, y alcanza para que te quede la olla embarrada

[chronos]

Iniciado por Prensa Libre

Purgará 12 años porque robó Q312

MARIO ANTONIO SANDOVAL

EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAÍS ha sido cuestionado mucho tiempo porque en demasiados casos impartir justicia es su último resultado. Genera investigaciones, retrata fríamente la calidad burocrática y evidencia la debilidad institucional ante la corruptela incorporada a la costumbre y calidad del servicio público, con el efecto de decepción y desconfianza de los ciudadanos. Es una realidad inocultable cuya trascendencia está en causar desencanto de los ciudadanos, quienes se enfrentan a un sistema permeable, asimétrico, impredecible, corrupto y sorprendente, porque lleva a sentencias absurdamente duras en casos de relativa poca monta, pero es blando y permisivo ante actos de corrupción cuyo castigo debería ser inmisericorde.

UNA SENTENCIA indignante fue emitida el 8 de noviembre por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango: doce años de prisión a Benjamín Alarcón porque robó una alcancía de la parroquia de Cantel. El botín fue de Q312 y obligará al sentenciado a pagar una multa de Q6,310 por ser culpable del delito de Hechos Sacrílegos, lo cual no ha podido impedir el robo de patrimonio cultural de las iglesias guatemaltecas. Los contribuyentes, entonces, deberán pagar Q185,493 generados por el costo de Q52 diarios del sistema penitenciario guatemalteco por cada detenido. Son abrumadoras las posibilidades de convertir al culpable en un delincuente consumado debido a las condiciones existentes en cualquiera de las cárceles.

UN CONTRASTE BRUTAL e hiriente lo muestra la resolución favorable al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, acusado de actos de corrupción por Q13 millones y quien podrá conmutar su sentencia con multa. Según una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones, tales actos no tuvieron impacto financiero en las finanzas del mencionado municipio, y por eso quien fuera funcionario edil puede ahora continuar su vida si paga por obtener su libertad. Ni qué decir de los casos de alto impacto contra el expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Baldetti, a quienes si se les aplicara la ley con la misma dureza causante del castigo a Benjamín Alarcón, deberían ser condenados a varias sentencias máximas y morirían en prisión.

ANTE LA SENTENCIA CONTRA Benjamín Alarcón, el colegio de Abogados y Notarios, los bufetes populares de las facultades de Derecho y los activistas de Derechos Humanos han hecho mutis. Este caso se debe apelar y pelear la sentencia porque aunque haya culpabilidad es una sentencia injustificable contra un ciudadano de pocos recursos y quien seguramente no contó con el auxilio de un defensor privado. Parece confirmarse el humor negro de quien compara al sistema legal guatemalteco con serpiente porque solo muerde a los descalzos… En cambio, el exalcalde Medrano evidencia a una justicia nacional doblegada ante los políticos y por ello es posible cualquier sentencia y nefasta, justo cuando el respeto a la ley es tan fundamental.

A CAUSA DE SER COMUNES casos como este, las facultades de Derecho tienen la oportunidad de corregir injusticias al designar a los estudiantes para analizar condenas similares. Resulta ser una obligación moral. Así mismo, los jueces y las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia también están obligados a realizar análisis semejantes, como parte del trabajo de borrar la actual y justificada desconfianza y consiguiente rechazo de los ciudadanos. Las personas más necesitadas de retomarlo son quienes no tienen el dinero necesario para financiar una defensa adecuada. Las sentencias deben ser correctas, proporcionadas al delito, además de decididas en un tiempo explicable. En resumen: 12 años por robar Q312 es absurdo.