PGN analiza legalidad de diez pactos colectivos de trabajo

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PGN analiza legalidad de diez pactos colectivos de trabajo

POR KIMBERLY LÓPEZ
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Luego del dictamen que dejó en evidencia inconstitucionalidades en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (PCCT) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que está en proceso la evaluación de diez pactos colectivos más.

Según María Eugenia Villagrán, procuradora general de la nación, son diez los pactos colectivos de trabajo en análisis sobre su legalidad.

Los documentos fueron suscritos en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Dirección General de Migración, Diario de Centro América, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Escuela Nacional Central de Agricultura, Dirección General de Caminos, Instituto Nacional de Cooperativas, Empresa Portuaria Quetzal, Ministerio de Agricultura e Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.


Por otro lado, la PGN informó que hasta este momento no ha evaluado el pacto entre Ministerio de Educación (Mineduc) y el Congreso de la República, pues aún no les ha sido entregado.

El resultado de la evaluación de los pactos mencionados, informó Villagrán, se dará a conocer en cuanto concluya el proceso de análisis.

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[Stein]

No recuerdo cuantos pactos concedieron durante el mandato de OPM... pero casi siempre se usaron como moneda de cambio para que los dejaran actuar a su antojo.
El principal el de hace dos años con el sindicato de educacion.

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Y quien ira a proceder contra la PGN por no haberlo hecho antes (el presidente no les dio permiso ...), quien dice que la auditoria social no funciona; si no fuera porque todos estos funcionarios tienen "miedo" de ser perseguidos, realmente no habria ningun cambio (o al menos el intento de hacerlo)

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PGN afirma que 14 pactos colectivos trasgreden normas constitucionales

Catorce pactos colectivos revisados por la Procuraduría General de la Nación “no cumplieron con dictamen técnico del presupuesto, de finanzas públicas ni de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).

Por Carlos Álvarez y Henry Pocasangre

“La función de la Procuraduría General de la Nación (PGN) es analizar y establecer si se cumplió con todo el procedimiento de constitución, ley de sindicalización, ley del presupuesto y plan anual de salarios, entre otras normas”, afirmó María Eugenia Villagrán, procuradora general.

La procuradora afirmó que “se presentarán las denuncias penales contra todos los que negociaron y no observaron las normas constitucionales”. “Se están presentando las denuncias penales, llevamos cuatro, Salud, Congreso, Registro de la Propiedad”, dijo Villagrán.

Explicó que los pactos no quedan suspendidos, porque lo que la PGN hace es un análisis donde se emite una conclusión al órgano donde se trata y se le pide conclusiones precisas para algún tipo de acción.

La PGN tampoco declara lesivos porque lo es un contrato o acto administrativo. “Lo que ocurre es que son inviables en este momento porque se otorgaron beneficios sin consultar a la fuente principal. Se dedicaron a adquirir obligaciones sin saber de la disponibilidad de pago”, dijo la procuradora.

“Los trabajadores en su derecho de petición pueden hacer sus solicitudes pero los funcionarios están sujetos a las normas de la república, nos estamos burlando de la clase trabajadora al decirle que se le van a reconocer condiciones sin saber si hay posibilidad”, agregó Villagrán.

Las declaraciones de la procuradora fueron vertidas en luego de que participara en la reunión de la Alianza por la Transparencia, donde

Consulta al Ejecutivo

La PGN consultará al Organismo Ejecutivo para presentar las acciones que considere pertinentes. “Hemos analizado todos los contratos administrativos del anterior Gobierno, donde muchos eran lesivos o nulos. Estamos como querellantes en los procesos de impunidad y corrupción desde la renuncia de Otto Pérez, en total unos cinco mil procesos”, dijo Villagrán.

Sin embargo, reconoció que no puede presentar acción o demanda sino tiene la autorización del presidente. “Al presidente se le envió pero todavía no tenemos respuesta, la ley dice que debemos denunciar de oficio, pero en otras acciones necesitamos la autorización, por ejemplo una inconstitucionalidad o evaluar la que amerite”, afirmó

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