“El Presidente ya no es el jeque que creía ser”
Los amparistas de la acción ante la CC que detuvo el acuerdo de “Tercer País Seguro”, llaman al Congreso a actuar con sensatez y al Ejecutivo, con reflexión y obediencia.
Por: EVELYN BOCHE
El presidente Jimmy Morales no es un jeque con poderes absolutos, señaló ayer el excanciller Gabriel Orellana, uno de los firmantes de la acción que puso freno a la inminente firma de un acuerdo para convertir a Guatemala en “Tercer País Seguro” para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
En el mundo árabe,
un jeque ejerce poderes absolutos y, usualmente, el título se adjudica como muestra de respeto a los líderes que demuestran sabiduría y nobleza. Morales no posee ese poder absoluto, señala Orellana, como lo expone la Corte de Constitucionalidad (CC) en la resolución –histórica, según Orellana– que otorga el amparo provisional reclamado por los excancilleres, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el expresidenciable Manfredo Marroquín.
La decisión de la Corte es trascendente, porque refuerza el criterio de que nadie está por encima de la ley, de la Constitución, detalló Orellana. Y la norma establece que el Congreso es el facultado a suscribir acuerdos internacionales, en representación del Estado.
¿Qué esperar del Congreso? Ellos deben velar por su prestigio y tratar de terminar la legislatura sin más debilitamiento, innecesario, expuso el PDH ante los periodistas. Basta hacer una lectura política sensata:
Jimmy Morales no tuvo ningún aliado en su empresa de comprometer al país para dar asilo a los migrantes. “Ni siquiera el sector privado organizado se pronunció”, añadió Rodas.
Al ser consultados sobre los términos de un acuerdo, Orellana manifestó que, igual que todos los guatemaltecos, los excancilleres
desconocen la forma y el fondo del convenio. “
Deducimos que en iguales circunstancias se encuentran senadores y congresistas de EE. UU. porque no se ha conocido el texto de estos documentos”, agregó.
En medios internacionales se ha conocido de la intención, incluso, se ha señalado que el borrador del acuerdo parece que fue escrito por un pasante, relató Orellana. La información a la que tuvieron acceso los excancilleres, y que los motivó a interponer un amparo, fue
la motivación “aviesa” (malamente y torcida) del mandatario de suscribir el acuerdo de forma simplificada, es decir, sin someterlo al conocimiento del Congreso y fuera de control constitucional, precisó Orellana, como portavoz de los diplomáticos.
En ese sentido, Edgar Gutiérrez notó
la incidencia que tiene en las decisiones de gobierno el desmantelamiento de la carrera diplomática que ha llevado a cabo la administración de Morales.
Ante la posibilidad de que se repita la actitud del mandatario y sus funcionarios, de desobedecer a las resoluciones de la máxima corte, Orellana llama a la reflexión. “
Esperemos que el Presidente haga un examen de conciencia y cumpla con la Constitución y lo ordenado por esta Corte”, añadió.
El PDH recordó que en la alta corte está pendiente de resolver las solicitudes de los amparistas para que se cumplan las resoluciones sobre la permanencia de la CICIG. La queja es por la notoria desobediencia, según Rodas, de la canciller, Sandra Jovel, y del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a dichas resoluciones. “Soy respetuoso de los tiempos de la Corte, y estoy convencido de que en su momento van a resolver y tomar las decisiones que ampara la ley”, añadió.