Torbellinos en la elección de las Cortes
El papel de la CC como ente corrector de procesos, es un factor que ciertos sectores cuestionan.
Por: Renzo Lautaro Rosal
Ante la encrucijada en la que se encuentra inmersa la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, es preciso quitar las ramas que restringen las miradas completas de lo que en realidad está en juego.
Es evidente que en las semanas recientes se han activado diversos mecanismos orientados a colocar a la Corte de Constitucionalidad como el único ente responsable del escenario en que nos encontramos. Ese propósito tiene varias motivaciones, pero la esencial es minar el terreno de esa institución y así crear las condiciones para la elección de nuevos magistrados en 2021.
La discusión sobre cumplimiento de plazos vs. riesgo de rompimiento constitucional, lleva consigo algo más. El desafío de aprovechar el momento actual para la designación de jueces probos, que finalmente antepongan el principio constitucional de independencia judicial y hagan prevalecer el valor supremo de la justicia, tendrá que esperar al menos un período más. El juego de intereses perversos está ganando la batalla, lo cual deriva que la discusión de la coyuntura se focalice sobre el factor continuidad, como si ese fuera el objetivo único.
Desde hace varios meses se avizoraba buena parte de lo que ahora ocurre. Los expresiones de poder que pululan desde tiempo atrás para tomar por asalto las Cortes, apuntaban a que el proceso, desde las Comisiones de Postulación, se armara de forma tal, que hubiese poco tiempo para la decisión final en el Pleno del Congreso. Adelantar la convocatoria, manejar los tiempos de la asamblea del Colegio de Abogados, reducir el tiempo de trabajo de las Comisiones, incumplir con el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, manejo inadecuado de la elección de los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, son algunas de las piezas del intrincado modelo preestablecido. El primer llamado de atención, lo dio la CC cuando en mayo otorgó un amparo provisional solicitado por la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), en contra del Congreso de la República debido a que la convocatoria se realizó antes de lo establecido en ley (cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para el que fueron electos). El Congreso convocó ocho meses antes.
En septiembre pasado, nuevamente la CC enmendó la plana sobre algunas acciones cuestionadas llevadas a cabo, siendo el proceso de la CSJ el más “afectado”; ya que deberá comenzar desde cero porque se deben repetir las elecciones de los 12 representantes de salas de Apelaciones; en tanto que el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a los jueces y magistrados que quieran ser magistrados, cuyo resultado deberá enviarse a la postuladora de Cortes de Apelaciones.
El papel de la CC como ente corrector de procesos, es un factor que ciertos sectores cuestionan; pero dejan de lado que quizás ellos y otras expresiones son los verdaderos responsables de generar los puntos de colisión. Que la actual CSJ continúe en sus puestos después del domingo 13, tampoco es buena noticia. Ellos querrán quedarse el mayor tiempo posible, a pesar de las oscuridades que representan.
Las realidades políticas corren a una velocidad que supera con creces el contenido del texto constitucional y los marcos de funciones de instancias, como la Corte de Constitucionalidad.