FECI y CICIG tienen un índice de acierto del 85.45 por ciento en los juicios
POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Desde su creación, la FECI con el apoyo de la CICIG
ha logrado probar ante los Tribunales de Sentencia Penal guatemaltecos la existencia de doce estructuras criminales y han resultado condenadas 239 personas, según consta en una solicitud de información pública.
Entre las actividades criminales que realizaban las estructuras que han sido desbaratadas por la FECI y la CICIG se encuentran los asesinatos, peculado por sustracción (apropiación por parte de funcionarios de fondos públicos), ejecuciones extrajudiciales, defraudación aduanera, desaparición forzada, obstrucción a la justicia, comercio, tráfico y almacenamiento de drogas, tránsito e ingreso ilegal de personas, uso de documentos falsificados e incumplimiento de deberes, entre otras.
Asimismo, han sido condenados por conformar dichas estructuras criminales y/o de hacer uso de ellas empresarios, exdiputados, abogados, diputados, exfuncionarios, entre otros.
En los casos que han llegado a un juicio común,
han sido condenadas 188 personas y declaradas inocentes únicamente 32 de ellas, lo que representa un índice de fallo del 14.55 por ciento.
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
Las investigaciones de la FECI y la CICIG también han logrado que
51 personas, entre ellas exdiputados, empresarios y exfuncionarios municipales, sean condenadas en un procedimiento abreviado.
Los procedimientos abreviados consisten en un acuerdo mutuo entre la Fiscalía y la persona sindicada, (y autorizado por juez competente), en el cual ésta última acepta los hechos que se le imputan y, a cambio, recibe el beneficio de no ser condenada a más de cinco años de prisión.
Entre las personas que han sido condenadas en un procedimiento abreviado se encuentran los once empresarios sindicados en el Caso Construcción y Corrupción. Todos aceptaron haber dado sobornos a empresas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a cambio de que se les pagara deuda de arrastre y la adjudicación de obra pública.
Fueron condenados por el delito de cohecho activo.
EFECTIVIDAD
El fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, considera que las cifras demuestran la efectividad con que se desarrollan las investigaciones.
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Lo que puede reflejar es la efectividad en las investigaciones que se desarrollaron y, con el soporte de material probatorio, los tribunales de Sentencia han evidenciado que se quebranta el principio de inocencia (de los sindicados)”, señala Sandoval.
El fiscal califica como “paradigmáticos” los casos que investiga su Fiscalía en conjunto con la CICIG.
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Los casos que se trabajan en fiscalía son casos paradigmáticos y han sido declarados por tribunales que se tratan redes político y económicas ilícitas y en otros casos de gran corrupciones; cuerpos ilegales y estructuras incrustadas en el Estado”.
Sandoval refiere que la CICIG ha constituido un “escudo” para los fiscales al momento en que el Ministerio Público investiga a grupos de “alto poder” en el país. “
El propio acompañamiento (de CICIG) ha permitido que pueda llegar la justicia a sectores a los que no se había llegado, antes la justicia solo alcanzaba determinados niveles y hemos visto que hay estructuras de altos niveles de Estado y a las cuales no se había llegado”, afirma.
ATACAR ESTRUCTURAS COMPLEJAS
Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), considera que el nivel de acierto que tienen el MP y la CICIG en los juicios es similar al que también gozan otras Fiscalías que no trabajan en conjunto con la Comisión. No se detallaron cuáles.
Sin embargo, hace ver Monterroso, el mérito del MP y la CICIG que mantienen, y es que en los casos que investigan se ven involucrados actores con un perfil criminal más poderoso, lo que no sucede en los casos que investigan otras fiscalías.
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El tema es que lo casos que llegan a CICIG son mucho más complejos porque son casos donde se persigue al poder fáctico o real, (son casos) contra diputados, militares, empresarios… No es lo mismo que casos contra mareros o secuestradores. Aunque el nivel de riesgo para el operador en concreto puede ser grande, el nivel de influencia política que tienen políticos y empresarios es grande”, señala Monterroso.
PROCESOS SUSTENTADOS
Por su parte, Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) considera que las cifran evidencias que los procesos penales que se han iniciado en conjunto por el MP y la CICIG están sustentaos de manera científica y técnica.
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Tenemos que tomar en consideración que la presencia de CICIG es de más de diez años y los resultados son los que estamos viendo ahora. Fue el propio Estado de Guatemala el que reconoció sus debilidades en materia de persecución penal y fue el propio Estado que solicitó el apoyo de la Comisión”, señala Hurtado.
CONDENADAS
85.45% de las personas acusadas en juicio