[chronos]

Este si podria ser un avance ...

Iniciado por Prensa Libre

Congreso aprueba Ley de Contrataciones

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Entre los inhabilitados para participar, ser proveedores o contratistas, según la nueva Ley, están los dignatarios, funcionarios o empleados públicos y las autoridades de las entidades, así como sus cónyuges, mientras estén en el ejercicio de su cargo.

Además se prohíbe ser proveedor del Estado a quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato, anterior al periodo presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea superior a Q30 mil anuales.

También se aprobó la figura de subasta electrónica inversa para adquirir bienes y servicios estandarizados u homologados y se cambió la forma en que se hacen compras a través de contratos abiertos.

Entre los artículos ya aprobados está la reforma al artículo 12 de dicha Ley, el cual regula la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación y estipula que no pueden integrar estas quienes hayan sido representantes legales, gerente, empleado o algunos de sus parientes, asesor, abogado o perito de la empresa oferente, entre otros.

Además, se reformó el artículo 15 y se crea la Dirección General de Adquisiciones del Estado, el cual funcionará como un ente rector de las adquisiciones públicas y será la responsable de facilitar procesos y procurar que las compras se efectúen con transparencia, certeza, eficiencia y competencia.

Los diputados también aprobaron cambios al artículo 43 de la actual Ley de Contrataciones y establecen nuevas modalidades de compras y arrendamientos.

No quieren transparencia

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y ponente de la iniciativa de ley, dijo a Prensa Libre que son los contratistas y funcionarios los que se oponían a los nuevos cambios.

En una entrevista, Montenegro reconoció que los cambios a la Ley de Contrataciones frena algunos ilícitos que hasta ahora son permitidos, como el enriquecimiento ilícito, incluso actualmente se permite que los proveedores escojan quién integra la junta licitadora.

Agregó: "También hay tráfico de influencias. En este momento se permite que los proveedores ofrezcan viajes, bonos, regalos, como carros u otros menesteres a las juntas licitadoras, con el fin de congraciarse con las mismas y poder afianzarse los contratos. Muchas veces los mismos directores de unidades ejecutoras han sido objeto de esta situación".

Para la legisladora, lo más común con la ley sin modificaciones es el fraccionamiento y evitar así los procesos de licitación y cotización.

También se evita con los cambios discutidos a través de mesas técnicas con varios sectores , los contratos "telaraña", que han sido ampliados desde 1980 sin licitación, según explicó Montenegro.

"Muchos ministros, en especial en Comunicaciones, cuando les hacía falta un tramo de construcción, pactaban con los proveedores para ampliar el contrato, y luego otro más. La mayoría de estos contratos son por excepción y se han realizado bajo el amparo del Fideicomiso de Covial —Unidad Ejecutora de Conservación Vial—, el cual tiene más de Q1 mil 500 millones", dijo Montenegro.

Iniciado por S21

Crean subasta inversa y limitan a contratistas

Celeste Alvarado
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Con la aprobación final de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, los diputados limitaron la compra de productos por contrato abierto, que se adquierán los que tengan el precio más bajo y prohíbieron que diputados, funcionarios, familiares y financistas sean contratistas

También se aprobó la subasta inversa para adquirir bienes y servicios estandarizados u homologados vía electrónica y se cambió la forma en que se hacen compras a través de contratos abiertos.

Entre los inhabilitados para participar como proveedores o contratistas, según la nueva Ley, están los dignatarios, funcionarios o empleados públicos y las autoridades de las entidades, así como sus cónyuges, mientras estén en el ejercicio de su cargo.

Además se prohíbe ser proveedor del Estado a quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al período presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea superior a Q30 mil anuales.

El artículo 12, que regula la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación, establece que no pueden integrar estas quienes hayan sido representantes legales, gerentes, empleados o algunos de sus parientes, asesores, abogados o peritos de la empresa oferente, entre otros.

Según la diputada Nineth Montenegro, “hubo contratistas, empresarios y farmacéuticos que se oponían a los nuevos cambios. Pues con ellos el Estado se estará ahorrando por lo menos Q25 mil millones, porque ya no van a vender un producto sobrevalorado como hasta ahora”.

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PONENTES

La iniciativa 4980 fue impulsada por los diputados Nineth Montenegro, Álvaro González Ricci y Álvaro Trujillo Baldizón, y estaba pendiente de aprobación final, luego de que la semana pasada, los parlamentarios aprobaron 22 artículos de las reformas. Estas modificaciones entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, si el Ejecutivo la sanciona (aprueba).

“Un cambio fundamental en la ley es que se eliminaron todas las compras por excepción; dejamos únicamente cuatro y definimos el ámbito de aplicación que se debe utilizar para cualquier tema que involucre recursos públicos, como subsidios, fideicomisos, oenegés, fundaciones. Todos quienes manejan fondos públicos y están afectos a la ley”, razonó González.

Además, se crea un registro en el Ministerio de Finanzas, se le da un rango de Dirección General a Guatecompras, se define cómo formar la junta de licitación, y someter los arrendamientos a concurso, los que estaban únicamente por excepción.

Para González Ricci, este será un “megacandado presupuestario, que a nosotros en lo personal nos hizo quitar el 70% de las normas presupuestarias que estábamos incluyendo en el ejercicio del presupuesto 2016”.

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Presupuesto, parado
UNE acusa al Líder

El parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que llama la atención el atraso de la Comisión de Finanzas, que aún no dictamina una propuesta para ser conocida en el Pleno, ya que tienen hasta el 30 de noviembre para hacerlo.

“Este atraso tiene nombre y apellido”, dijo Barreda al acusar a Manuel Baldizón, Salvador Baldizón y la bancada Líder de no presentar un dictamen para que se apruebe el presupuesto, ya que 11 de sus diputados integran esa sala legislativa.

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