[chronos]

Déjà vu ...

Las 5 claves para entender la disputa por la justicia

Los árbitros de la justicia guardan cierta independencia del Congreso y del Gobierno. Pero no son independientes. La habilidad de 9 grupos de presión y de abogados hacen que el sistema parezca diseñado para que la mayoría de los jueces sean cooptados y que su independencia sea una excepción. Decenas de entrevistas, investigaciones documentales y de bases de datos sirvieron de fuentes para este texto.

POR NÓMADA / 22 ABRIL, 2014

«Señor presidente y/o gerente: De la manera más atenta nos es grato informarle que CACIF viene coordinando desde hace algún tiempo la estrategia para lograr llevar a la Corte Suprema de Justicia a la Planilla 2 que participará por el Colegio de Abogados en las Comisiones de Postulación. Por lo anterior solicitamos su patriótica colaboración en el sentido de que sus equipos legales, tanto de planta como externos, apoyen en esta elección. Cámara de Finanzas de Guatemala. 15 de julio de 2009.»

Buena parte de los abogados que participan en las elecciones para el sistema de justicia no votan espontáneamente. La circular citada fue enviada por el CACIF a los bancos para que sus abogados votaran por la planilla de Hugo Maúl, ex magistrado de la CSJ, y Luis Alberto Pineda, actual magistrado. Sirvió para obtener 839 votos, el 15 por ciento de los participantes, y distanció a los abogados tradicionales de la patronal de otro grupo de abogados corporativos y de derechos humanos, la agrupación Alternativa Independiente, que obtuvo casi 200 votos más.

El sistema judicial heredó de las dictaduras la falta de independencia. En democracia, el sector privado no es el único que pide a sus empleados apoyar a candidatos. Un ejemplo gubernamental fue Anabella de León, registradora general de la Propiedad, que este año llevó a un grupo de empleados del Registro a votar por representantes del Colegio de Abogados para la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En la primera vuelta, la planilla 1, respaldada por el Gobierno, obtuvo el 35 por ciento del total. En la segunda vuelta llegó al 42 por ciento. 2,088 votos representan el 42 por ciento de estos poderosos electores gremiales.

Pero no pudieron ganar. El sistema de justicia en Guatemala, antes dominado sólo por el sector privado (1993-2003), después disputado entre los empresarios tradicionales y los abogados emergentes (2003-2009), es ahora uno con varias fuerzas en competencia, en el que las ideologías no son determinantes, y las alianzas pueden ser inesperadas. Como la que le ganó al candidato del Gobierno para la Comisión del TSE.

Se trató de una alianza entre tres grupos fuertes de abogados: 1) los de Alternativa Independiente, corporativos y de derechos humanos; 2) los abogados cercanos al empresario (importador de tenis) Roberto López Villatoro; y 3) los abogados convocados por el rector de la USAC. Derrotaron al candidato respaldado por el Partido Patriota que, según los integrantes de la alianza ganadora, tiene como operador al empresario Gustavo Herrera, a quien Otto Pérez Molina acusó en 2004 de tener relaciones con el narcotráfico y negocios corruptos durante el gobierno del FRG.

El control que ejercen los grupos de presión radica en los escasos electores y su distribución. Votan a lo sumo 4,000 de los 13,429 colegiados activos: menos de la tercera parte. En Ciudad de Guatemala sólo hay nueve mesas electorales y en los departamentos votan en promedio 50 abogados en cada mesa. Escaso secreto para profesionales contratados temporalmente en el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP) o la USAC.

Las jefaturas del IDPP y la USAC llevan diez años y ocho años en las mismas manos: Blanca Stalling y Estuardo Gálvez.

El pulso por dominar la justicia

Si bien hay jueces independientes en sus fallos, el control de la justicia siempre ha sido un pulso de los grupos de poder para el momento de disputas políticas o comerciales. Por eso cuando las élites y los militares acordaron la democracia en 1985, fueron escépticos sobre ceder el control judicial del Estado. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha hecho desde entonces las veces de último portero para evitar reformas profundas o sentencias como la de genocidio.

Cuando en 1993 el expresidente Jorge Serrano intentó dar un golpe de Estado y suprimir el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, la élite económica lideró una reforma constitucional que buscaba agilizar la justicia con la creación del Ministerio Público y cámaras dentro de la Corte Suprema, pero también distraer a los jueces con más funciones administrativas y quitarle el poder a los políticos para dárselo a las universidades privadas y a los abogados privados.

Con esta estructura legal se aseguraron que sucesivas CC aplicaran el artículo constitucional que prohibía la participación presidencial de Efraín Ríos Montt. Pero cuando el partido del exdictador, el FRG, obtuvo la mayoría del Congreso en 2001, se propuso allanar el camino para tener la mayoría en la CC, permitir la participación de su caudillo y de paso dominar el Organismo Judicial. Empezaron por el Colegio de Abogados y una finta a la prensa. Amenazaron con obligar a licenciarse a los reporteros y el día del periodista, el 30 de noviembre de 2001, aprobaron una reforma a ley de Colegiación Obligatoria que ya no incluía a los reporteros, pero sí cambiaría la hegemonía sobre el Colegio de Abogados por dos artículos: El primero obliga a los profesionales a colegiarse para ejercer; y el número 13 permite el voto de los abogados más allá de la capital, en cada departamento con más de 20 abogados colegiados.

“Con esto se cambia la estructura de votación por representación. Antes había abogados que votaban no sólo con su voto sino decían representar a 20 más del interior. El que podía ofrecer más o persuadir más, ganaba. Eso cambió, se convirtió en algo más democrático”, dice Luis Reyes, actual presidente del Colegio de Abogados, electo por la agrupación de juristas Conamis, que sus rivales califican de negociantes, aliados del gobierno del PP ahora y de la UNE antes, pero sus integrantes aseguran que sólo tienen orígenes más humildes.

Las mayoría de las divisiones dentro de las agrupaciones del Colegio de Abogados y grupos de presión tienen que ver más con orígenes de clase. Durante las conversaciones con actores, se repiten las descalificaciones respecto de sus adversarios: “vacas sagradas, ricos de siempre” versus “corruptos, narcos, chusma”.

La personificación del cambio de la hegemonía es Roberto López Villatoro, designado en 2001 por Ríos Montt, su suegro entonces, para cabildear la reforma de la Ley de Colegiación. López Villatoro, de Cuilco, Huehuetenango, y campechano como pocos, hizo fortuna importando tenis de China. Afinó su influencia sobre el gremio por medio de su agrupación Justicia para el Cambio gracias a la organización de comidas y fiestas, y pagando viajes a potenciales magistrados para especializaciones en Sevilla, España, por medio de su empresa D’LoVi. Desde el establishment y la sociedad civil se le acusó de ser un mero contrabandista, y tras una publicación periodística de 2001 se le conoce como “el Rey del Tenis”. En un ejemplo de su influencia y de las diferencias entre el mundo mediático y el mundo de la política, los diputados y abogados emergentes entrevistados se refieren a él únicamente como “el Rey”.

López Villatoro incluso participó en la creación de algunas universidades privadas –el otro bastión del sector privado en las Comisiones de Postulación–. “Después de ir ganando en el Colegio de Abogados, nos dimos cuenta que (los tradicionales) nos seguían ganando en las comisiones de postulación por las universidades privadas, y entonces nos pusimos a crear algunas para competirles”, dice uno de sus aliados. Cinco de las diez facultades de Derecho tienen menos de quince años; tres, la Universidad San Pablo, la de Occidente y la Da Vinci, no tienen graduados colegiados; y seis de las 11 facultades graduaron únicamente al 0.8% de los colegiados entre 2002 y 2014.

Hay otro elemento unificador entre muchos de los abogados emergentes: el eferregismo. Así, no es de extrañar que Thelma Aldana, candidata a Fiscal y magistrada de la CSJ con el apoyo de López Villatoro y Gustavo Herrera, favoreciera a los bancos de Francisco Alvarado McDonald, financista del FRG, cuando era miembro de la Sala de Apelaciones. También se comprenden los votos de los diputados por jueces pro-militares. Dos ejemplos son Erick Álvarez, graduado del Adolfo V. Hall, y electo magistrado de la CSJ, y Rolando Segura, acusado de retardo malicioso en el juicio por el asesinato de Myrna Mack a manos del ejército y promovido por el Partido Patriota para magistrado del TSE, sin éxito en la Comisión de Postulación.

Si bien las diferencias de clase y el eferregismo les ha distanciado durante los últimos 15 años por el control de la justicia, entre estos dos grupos no hay diferencias ideológicas y sí una tregua coyuntural: la animadversión de los más radicales contra la fiscal Claudia Paz por haber sido independiente (o inquisidora, según ellos) respecto de militares y empresarios durante sus tres años al frente del Ministerio Público.

El tablero, no obstante, estaría incompleto únicamente con abogados y grupos de presión tradicionales y emergentes. Los abogados, jueces, activistas y diplomáticos que defienden el respeto a los derechos humanos no sólo han sido un contrapeso sino que tienen adeptos dentro de las filas de los tradicionales y los emergentes. Un ejemplos de estos traslapes: César Barrientos, el finado magistrado de la Corte Suprema y estandarte de la lucha contra la impunidad, fue candidato a presidente del Colegio de Abogados por la agrupación pro-empresarial en 2009.

Hay otro elemento que aleja el proceso de la ley de la selva. Hay jueces, progresistas y conservadores, que creen en la aplicación de la ley. Y hay organizaciones civiles, conservadoras y progresistas, que velan porque se apliquen estándares de transparencia en el proceso.

Los empates de fuerzas

Las alianzas entre los 9 grupos que dominan la justicia no son una especie de amor libre, sino que también hay divisiones. Los aliados naturales son los actores emergentes: 1) Justicia para el Cambio, del Rey del Tenis y los Abogados de Mixco; 2) Ética y Derecho, del rector de la USAC; 3) las agrupaciones en torno al Instituto de la Defensa Pública dirigido por Blanca Stalling; y 4) los gobiernos, primero de la UNE y luego del PP. Estos dos gobiernos, quizás curtidos por relaciones peligrosas durante las campañas electorales, han sido más laxos a la hora de aceptar el apoyo de un quinto actor: 5) personajes acusados de tener relaciones con mafias. Un elemento clave es que por el crecimiento de la economía o la corrupción estatal, hay más grupos con poder económico para presionar por sus candidatos.

Hace cuatro años, aquí se delimitaba la frontera. Del otro lado se agruparon cuatro: 6) El CACIF. 7) La minoritaria agrupación de abogados Alternativa Independiente, en donde pueden participar juntos un corporativo de derecha dura, Mario Fuentes Destarac, y una activista de derechos humanos, María Eugenia Solís, y que hace públicos sus gastos de campaña. 8) Las organizaciones de la sociedad civil, los países cooperantes y la CICIG, que es un grupo que ha encontrado más puntos en común con el sector privado.

Cierra el club de los 9 otro de los actores más poderosos, que hace circular listas con poder de veto: la embajada de Estados Unidos. El involucramiento estadounidense para defender a “su aliada” contra el narcotráfico, Claudia Paz, tiene proporciones de agenda mundial. Esta semana viene al país su ministro de la Defensa, Chuck Hagel, para “hablar sobre cooperación con el presidente Pérez Molina”. En realidad, viene a hablar del MP en un momento de transición.

Los grupos, de emergentes y gobiernos por un lado, y de empresarios, activistas y diplomáticos por el otro, quedaron al final en un empate por la Corte Suprema de 2009, confirman cinco entrevistados que participaron en el proceso. Siete de los trece magistrados electos fueron apadrinados por el grupo liderado por Gloria Torres, hermana de Sandra Torres y operadora de la UNE; César Fajardo, diputado de la UNE; el empresario Gustavo Herrera; y en menor intensidad Estuardo Gálvez y López Villatoro. Los otros seis fueron apadrinados por Gustavo Alejos, secretario de la Presidencia y financista de partidos; Roberto Alejos, entonces presidente legislativo; el CACIF; y las organizaciones de la sociedad civil. El resultado de esta competencia fue una corte con lealtades más dispersas, y a la larga, más independiente.

El mismo empate de fuerzas, sólo que entre partidos, y la misma mejora de la independencia de magistrados, sucedió el mes pasado con el Tribunal Supremo Electoral.

El partido oficialista, el PP, no pudo llevar a sus principales candidatos a la lista de 40 finalistas y tuvo que ceder el 60 por ciento de los magistrados para poder proponer a dos de los cinco electos.

El MP, la última batalla (por el momento)

Esta semana se definirá otro pulso, una batalla final, que determinará cuán profundas fueron las reformas emprendidas durante los últimos tres años y medio. Las universidades privadas, tradicionales y nuevas, cercanas al sector privado, al gobierno, al antiguo
eferregismo o a los derechos humanos, decidirán junto abogados negociantes al sexteto de candidatos a Fiscal General.

De momento, está convertido en un referéndum de las facultades de Derecho y las agrupaciones de abogados sobre el trabajo de Claudia Paz. Necesita de nueve votos para pasar y que la brasa de su reelección –aupada por Estados Unidos y la sociedad civil– recaiga sobre el presidente Pérez Molina –presionado también por militares y empresarios–. Las tendencias de voto en las rondas preliminares sobre tachas muestran un empate en el pulso. El pronóstico está reservado.

Actualización del 29 de abril de 2014

Después de la publicación anterior siguió una semana con varias jornadas de formalismos jurídicos minuciosos, de otra época, en los que una de las comisionadas llegó a repetir 14 veces, con cada candidato, la frase “no lo conozco personalmente, pero con base en el expediente y en el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre el concepto de honorabilidad, no tengo elementos que me hagan pensar que no goza de reconocida honorabilidad; por lo tanto considero que tiene reconocida honorabilidad”. 14 veces lo repitió. Al igual que sus doce colegas sobre cada uno de los 14 candidatos finalistas.

Dos meses de formalismos en la Comisión de Postulación evaluando las cualidades, las pruebas psicométricas, los resultados laborales, los expedientes, dos meses se resolvieron en menos de cuatro minutos en los que los 13 comisionados presentes votaron por unanimidad a favor de cuatro de los candidatos mejor calificados. 9 de ellos hicieron una excepción con la segunda mejor. “Levanten la mano quienes votan porque Claudia Paz y Paz Bailey”, pidió el presidente de la Comisión, José Arturo Sierra. Sólo cuatro lo hicieron: los decanos de la USAC, Avidán Ortiz; de la URL, Rolando Escobar; de la Da Vinci, Fredy Cabrera; y el presidente de la Corte Suprema; José Arturo Sierra. Los restantes nueve dejaron la mano sobre la mesa, sobre sus piernas o entre los brazos cruzados.

Se consumó la tregua entre el sector privado tradicional (UFM, Unis, U San Pablo), el sector emergente (U Rural, U Mesoamericana, U Panamericana) y amigos del gobierno del Partido Patriota (Colegio de Abogados, Tribunal de Honor y U de Occidente): todos contra Claudia Paz y Paz.

Como sucedió hace cuatro años por estas fechas, la Comisión de Postulación eligió a un sexteto bajo la sombra de favorecer la impunidad de los poderosos. Hace cuatro años, de una lista similar de seis el presidente Álvaro Colom seleccionó a Conrado Reyes por la intermediación de pastores evangélicos como Harold Caballeros, Jorge H. López y Carlos “Cash” Luna. En las primeras semanas, Reyes desmanteló al equipo del MP que habían construido el fiscal interino Amílcar Zárate con apoyo internacional y colocó a personajes poco confiables. Días después el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, se autoinmolaba con una renuncia y la Corte de Constitucionalidad defenestraba a Conrado Reyes para que una nueva Comisión de Postulación repitiera el proceso.

Faltan dos capítulos por escribir en esta historia.

Comunicado de Prensa

CIDH reitera su preocupación por procesos de selección y nombramiento de magistrados y magistradas para Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en Guatemala

27 de septiembre de 2014

Washington, D.C. – Ante la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los próximos nombramientos de magistrados de Salas de Apelaciones, la Comisión reitera al Estado de Guatemala su obligación de cumplir con los estándares de derecho internacional indispensables para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia dentro de los procedimientos de selección.

En los últimos meses la Comisión, mediante sus diversos mecanismos, ha dado seguimiento a los procedimientos de selección de las y los operadores de justicia en Guatemala. Al respecto, por medio de su comunicado de 21 de abril de 2014, la CIDH instó a Guatemala a garantizar la transparencia y cumplir estándares mínimos en nombramientos de operadores de justicia.

Según la información disponible, el 24 de septiembre de 2014 el Congreso eligió a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia antes de que culmine el plazo de 72 horas establecido en la Ley de Comisiones de Postulación para presentar impugnaciones, afectándose con ello el procedimiento establecido en la legislación guatemalteca. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil han expresado que la elección se habría basado en intereses particulares y/o partidarios y sin evaluar la idoneidad de las y los candidatos. La Comisión ha recomendado que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados tengan la posibilidad de impugnar a las candidatas y los candidatos para cargos de operadores de justicia, por lo que manifiesta su preocupación por que se haya restringido el periodo de impugnación mencionado.

Asimismo, la Comisión tuvo conocimiento de que el Congreso elegirá próximamente a las y los magistrados de Salas de Apelaciones de una nómina de 252 aspirantes propuestas por una Comisión de postulación el 22 de septiembre de 2014.

Según información de público conocimiento varias organizaciones nacionales e internacionales, han cuestionado los dos procesos de postulación desde la integración de las Comisiones de postulación hasta la propuesta de la nómina de candidatos. En particular han denunciado públicamente una falta de rigurosidad, posibles conflictos de intereses, tráfico de influencias, escrutinio insuficiente de los candidatos así como la falta de criterios objetivos para la nominación.

A la fecha existen varias impugnaciones en relación con cada etapa de los procesos de selección ante la Corte de Constitucionalidad. En el marco de una de dichas impugnaciones ya resueltas, el 13 de junio de 2014 la Corte de Constitucionalidad reiteró que “los comisionados deberán efectuar una evaluación objetiva y razonable, apegada a las constancias que se presenten por los participantes, lo investigado por ellos, las entrevistas realizadas y considerado adecuadamente los aspectos que se reseñan, y tomar en cuenta que el solo hecho de participar implica que el postulante ha satisfecho los requisitos para haber obtenido un grado universitario, y sin que esa evaluación sustituya la obligación que tiene cada uno de los integrantes de la Comisión de Postulación de justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado”.

La Comisión recuerda los estándares plasmados en su Informe sobre Garantías de Independencia para las y los Operadores de Justicia en el que se indica que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar. Para ello, la Comisión considera indispensable que se apliquen criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección. En este sentido el Estado debe establecer salvaguardas para que los procesos de selección no sean realizados con base en intereses particulares y/o partidarios que pudieran socavar la independencia del poder judicial1.

La Comisión considera que si no se respetan ciertos parámetros básicos, el régimen de selección y nombramiento podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso, en virtud de lo cual, las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas y capaces, lo que podría afectar severamente el desempeño de sus funciones futuras.

En cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y atendiendo al rol esencial que juegan las y los operadores de justicia en el acceso a la justicia y la preservación del estado de derecho, la CIDH exhorta al Congreso de la República de Guatemala a seleccionar a las magistradas y magistrados de Salas de Apelaciones con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, como estipula el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala así como observar los estándares mínimos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos a fin de asegurar la independencia judicial

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.