VelocidadMaxima.com - URGENTE: CSJ da trámite a antejuicio contra Pérez Molina. Al igual que con Baldetti,

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Iniciado por marioc30 (Mensaje 13151018)

:wtf: ya estàs confundiendo peras con manzanas, estamos hablando de un antejuicio un derecho inherente a un cargo ostentado por la persona que lo ejerce :si:

Sip pero la cosa no esta tan lejos... vamos por partes. De porque y como la CC se convirtio desde hace 4 años en una ente que a capa y espada debe defender a Militares, politicos de turno y empresarios. No hay que olvidar lo que significa "CADENA DE MANDO" .. aca.. en el ejercito y en la corrupcion es lo mismo..se estructuras altamente dirigida y organizadas.
fuente: los militares y la elite
http://www.plazapublica.com.gt/conte...gano-la-guerra
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Una década más tarde, cuando el 19 de marzo de 2013 se inició el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, la élite parecía no darle demasiada importancia. Los riosmonttistas y los hijos de militares pedían con insistencia el apoyo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El 4 de abril, Alfred Kaltschmitt, empresario influyente durante el gobierno en 1982-1983, escribía en una columna en Prensa Libre: “Lo dejaron solo. ¿Dónde está la Patrulla Aérea Civil, que llevó a cabo miles de horas de vuelo en misiones cívico-militares en las regiones de conflicto? Callados están los agroindustriales que celebraron con tanta fanfarria el final de una larga noche bélica y el inicio de una era de paz ganada a pulso contra el terrorismo subversivo”. Más tarde, Zury Ríos, la hábil política e hija de Ríos Montt, consiguió lo que una década antes era imposible: una audiencia con el sector privado para azuzarlos e inquietarlos con que después de a su padre, la Fiscalía y las organizaciones de víctimas los enjuiciarían a ellos y demandarían una reforma agraria. El Cacif recibió, a mediados de abril, a Zury Ríos y a otros hijos de militares, según un empresario que participó de las reuniones y pidió no ser nombrado para este reportaje.
La élite, no obstante, terminó de convencerse cuando se lo advirtieron los suyos. Empresarios que veían en el juicio un parteaguas en la historia del país, pues representaba un caso en el que el sector privado estaba excluido de las decisiones. A politólogos asesores del Cacif, que hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran parte seis grandes empresarios. Y leyeron a los 12 intelectuales y políticos de la élite, que publicaron un comunicado el 16 de abril, alertando sobre cómo una sentencia por genocidio sería el acabose para el Estado, para la paz política y para el prestigio de Guatemala. Entre los 12 estaban dos exvicepresidentes, seis exministros, dos exsecretarios, dos exguerrilleros y un diputado cercanos a los dos expresidentes de la élite en el actual período democrático: Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar Berger (2004-2008). Una de las signatarias del comunicado fue Raquel Zelaya, secretaria ejecutiva de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ex ministra de Finanzas y signataria de los Acuerdos de Paz; Zelaya también fue una de las integrantes del Consejo de Estado de 1982-1983 y se le preguntó si eso tuvo que ver con su firma en el comunicado. “Para nada, tengo la más firme convicción personal al respecto, lo cual no significa que niegue los hechos, ni evidentes delitos de lesa humanidad que se cometieron, pero que no llegaron al tema” de genocidio, fue su respuesta.
http://www.plazapublica.com.gt/sites...?itok=kKR7pc39
El comunicado de los doce, el 16 de abril de 2013.

Los análisis de los politólogos del Cacif se dividieron en dos documentos: “El primero, en marzo, fue que en Guatemala no hubo genocidio porque no está clara la voluntad expresa de destruir a un grupo étnico. Se cometieron actos constitutivos del delito de genocidio, pero no sucedió el elemento de la voluntad de destruir a un grupo. El segundo análisis, en la primera semana de mayo, incluyó todos los fallos del proceso legal por parte del tribunal”, explica Philip Chicola, uno de los analistas del Cacif.
―¿Y también que se pudiera juzgar después a empresarios cercanos al gobierno de Ríos Montt?, ―se le preguntó a Chicola.
―"Se comparó con otros países con sentencias por genocidio. En Alemania o Ruanda se utilizó la acusación de genocidio contra personas que facilitaron, promovieron o fueron testigos de actos de genocidio. Se hizo un análisis de la cadena de mando, y si se llegaba al Presidente (Ríos Montt), el Consejo de Estado también podría haber sido enjuiciado. En el Consejo participaban líderes académicos, sociales y empresariales. En el caso de Argentina se demandó de manera civil a proveedores del ejército argentino. En Guatemala, cualquiera que hubiera tenido cualquier colaboración con el ejército podría haber sido susceptible de demandas civiles."
Primero, las advertencias de Zury Ríos y otros hijos de militares, como Ricardo Méndez-Ruiz, –según el empresario que participó en las reuniones entre ellos y miembros del Cacif–; segundo, las intuiciones de algunos empresarios; tercero, los análisis políticos; y cuarto, el comunicado de los intelectuales. Cuatro factoresdieron pie al boicot que lograría que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia condenatoria el 20 de mayo.
Un boicot, decidido tras la sentencia del 10 de mayo, que no fue respaldado por toda la élite empresarial, según un empresario joven que participó de las deliberaciones. El 10 de mayo, cuando el Tribunal de Alto Riesgo, conformado por Yasmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, dictó la sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, algunos empresarios moderados, más jóvenes, intentaron hacer que se respetara el fallo para evitar quedar como retrógrados ante la opinión internacional. Pero al final pesó más el apoyo de los agremiados de las Cámara del Agro, de la Industria y de Comercio. Un boicot, según este empresario, que utilizó la estrategia de “populismo de derechas, del miedo, para movilizar no sólo a los agremiados, sino a toda la derecha”. Lograron unir de una manera sin precedentes en las últimas tres décadas a empresarios, militares, la academia de derechas, el Gobierno y los medios tradicionales, con la simpatía de la clase media urbana."

La importancia de la Guerra contra las mafias incrustadas y como la corte se volvio un intrumento de contencion contra las investigaciones de paz y paz

fuente: El tercer round

http://www.plazapublica.com.gt/content/la-revolucion
En todos los casos aparece AVEMILGUA,CACIF, Mendez Ruiz y militares

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Claudia Paz y Paz, Fiscal General

¿El tercer round?

La Fiscal General Claudia Paz y Paz tiene su agenda llena. Siempre la ha tenido, pero tras el amparo provisional aceptado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que limita su período en el puesto hasta mayo próximo, la tiene aún más. El viernes pasado, a pocas horas de que la CC diera a conocer que no admitía su recurso de revocación, ella estaba segura de que tenía argumentos jurídicos sólidos para mantenerse en el puesto hasta diciembre de este año.

Rodrigo Baires Quezada

y Alejandra Gutiérrez Valdizán

Entrevista

9 02 14

¿En qué se basaba? En que la CC tenía que defender el Estado de Derecho y el orden constitucional, más allá de ahondar si esa diferencia de siete meses entre ambos plazos podría repercutir en investigaciones, casos, proyectos o planes trazados a realizarse dentro del MP para este período en pugna.
Desde hacía meses, en el clímax del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, además de las campañas públicas en su contra –y contra el tribunal y otros sectores que apoyaban el proceso-, se rumoraba que la estrategia utilizada para descabezar al Ministerio Público sería la de la fecha de la finalización de su periodo. Pero hasta hace una semana, con el proceso del juicio en un limbo jurídico, las aguas en la fiscalíaparecían calmas.
Paz y Paz siempre evitó dar declaraciones sobre los ataques en su contra y esquivó hacer cualquier afirmación en la quese viera obligada acusara los detractores de su gestión. Fue en medio de una charla (“una tarde de 2013”) -que luego el periodista y escritor Francisco Goldman transcribió en su crónica “Después del segundo round”, del libro Crecer a golpes, editado por Diego Fonseca-, en que Claudia Paz y Paz Bailey quitó algunas máscaras: “Cuando tú ves el rostro de esos intereses arraigados –voy a brincar doce años adelante– es durante el juicio de genocidio, sin disfraz, sin nada”.
Ante la pregunta de Goldman (”Ellos” que no dejan que el proceso de paz avance, “ellos" que protegen la impunidad… ¿Quiénes son estos “ellos?”), Claudia Paz y Paz dio nombres: la Fundación contra el Terrorismo,la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), elComité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y“los doce señores que firmaron esa carta”, en relación al comunicado de prensa publicado durante el juicio y firmado por unos de los funcionarios más cercanos aÁlvaro Arzú durante su gobierno.
Algunos apuntan a la publicación en la Revista Contrapoder de un fragmento dela crónica de Goldman, como la pedrada que agitó de nuevo las aguas y a puso sobre la mesa el as en la manga: el recurso sobre la fecha de finalización de la gestión de la Fiscal General. Eso es imposible de probar, pero sí se puede afirmar que Ricardo Sagastume, el ciudadano que presentó la solicitud de amparo ante la CC para exigir el cese de funciones en mayo, ha tenido relación con al menos dos de los sectores mencionados en aquella conversación –Avemilgua y el CACIF–.
Pero, ahora, este viernes en que en el Congreso se forcejea por montar o no la comisión que ordenó la CC para nombrar a un nuevo fiscal; y en que en otra sala del MP se analizan argumentos para una nuevo movimiento –que se hará al día siguiente con la presentación de un recurso de ampliación y aclaración-; Claudia Paz y Paz vuelve al tono neutraly jurídico, y evade hacer cualquier señalamiento. Se concentra en defender todo lo relacionado a su gestión y los argumentos contra el amparo que ponen en juego su puesto.
En esa agenda apretada, no hay tiempo para otras preguntas relacionadas a las amenazas en contra de su puesto, a las posibles omisiones ofisuras de su gestión –las investigaciones en casos de corrupción, o la persecución al narcotráfico, por ejemplo-, la debilidad de las instituciones del Estado, que parecieran depender de individuos y poderes externos para poder sostenerse… o derrumbarse.
¿Cuáles son esos argumentos que utiliza usted ante la CC?
Impugnamos la decisión de la CC que otorga el amparo provisional. La Ley de Amparo, exhibición personal y de Constitucionalidad señala que los amparos provisionales pueden ser revocados y eso es lo quele pedimos que hiciera, fundamentalmente por tres razones. Uno, cuando me nombraron fue porque la CC anuló el proceso entero de elección anterior y hubo una nueva convocatoria con nuevos candidatos. Yo, de hecho, no me presenté a la primera convocatoria y fue hasta que se reconvocó que presenté mi currículum. Entonces, no puedo iniciar en un período que fue anulado, que ya no existe jurídicamente y no tiene efectos. Lo segundo es que se basa en una disposición transitoria. Todas las normas y susmodificaciones tienen disposiciones transitorias que rigen en un período en el que éstas entran en vigencia y hay situaciones que resolver. Eso funciona en aquel momento y no tienen vocación de permanencia. Y ellos invocan un artículo que dice que aquel Fiscal General, el primero, debía ser nombrado 30 días después que entraran en vigencia las reformas a la Constitución Política de 1993. Además, el Artículo 251, que es categórico, dice que el Fiscal General será nombrado por cuatro años. La Ley Orgánica sí menciona que en caso de remoción y de renuncia, el presidente de la República nombrará un nuevo Fiscal General de la lista, que fue el caso de Víctor Hugo Pérez Aguilera cuando sustituyó a Carlos de León, que fue destituido; y de Amílcar Velásquez, que sustituyó a Juan Luis Florido, que renunció.
Usted mencionó a elPeriódico que el licenciado Ricardo Sagastume Morales no es agraviado en este caso y por ello no pudo haber presentado el amparo.
La ley determina que para tener la posibilidad de presentar un amparo, el ciudadano que lo presenta debe de decir que tiene un agravio directo, que la disposición tomada por una autoridad lo afecta directamente a él, y esto debe de demostrarlo. O sea, no cualquier ciudadano puede presentar un amparo en defensa constitucional de intereses difusos. El único que puede hacerlo, según la ley, es el Procurador de Derechos Humanos (PDH). En este caso, se le está dando legitimación activa a una persona que no la tiene. Imaginemos que los 14 millones de guatemaltecos dijéramos: “Pues, nos afecta el aumento de impuestos”; van 14 millones de amparos y el sistema colapsaría. Si él (Sagastume) tiene derecho, igual lo tendría cualquier otro.
Este era el segundo amparo que el licenciado Sagastume interponía por el mismo tema. En el primero se le dijo que no se le podía dar trámite porque en aquel momento no se había vencido el plazo para convocar a la Comisión de postulación para la elección del Fiscal General. En ningún momento, la CC estableció que él no podía interponer un amparo en esta materia.
En aquel momento, la Corte lo que hizo fue decir que no procedía otorgar el amparo provisional porque no lo hacía aconsejable la situación. No tenemos resolución definitiva del primer amparo. O sea, hay dos amparos tramitándose al mismo tiempo.
¿Cuáles son los motivos para que se presenten estos amparos? Algunos aseguranque el artículo que se publicó en ContraPoder, que es un fragmento de la crónica de Francisco Goldman recién publicada, en la que usted habla muy abiertamente –como pocas veces – sobre esos ”Ellos”. Goldman pone entre comillas a estos poderes. Usted nombra a AVEMILGUA, CACIF y la Fundación contra el Terrorismo; los menciona en referencia al juicio (por genocidio), pero, ¿podrían estar relacionados también en este momento?
Quiero pensar que lo único que influye en los magistrados (de la CC) al tomar sus decisiones son criterios jurídicos y la adecuada interpretación de la Constitución. No podría imaginar que hubiera ningún otro aspecto que guiara sus decisiones, porque los funcionarios debemos actuar conforme a la ley y ese es el marco en el que nos debemos de regir.
Pero querer confiar no significa tener la certeza de que funcione así.
Ellos juraron fidelidad a la Constitución. Es su mandato. Como funcionarios a eso están obligados.
Usted le dijo a elPeriódico que había “sectores que se han visto afectados por el avance de la justicia que tienen prisa para que yo abandone el cargo”. ¿A qué sectores se refiere?
En los Acuerdos de paz había dos acuerdos estrechamente vinculados al fortalecimiento de la justicia y a la vigencia de los derechos humanos. A pesar de esto, para nadie es secreto que en Guatemala no se había logrado el fortalecimiento que se quería. Y llegamos a tener cifras gravísimas de impunidad en delitos contra la vida, delitos que siempre tienen que resolverse. Se hablaba del 95 por ciento o 97 por ciento. Y, en los últimos años, eso ha cambiado. Hemos logrado bajar la tasa de impunidad en la fiscalía de delitos contra la vida de ciudad Guatemala del 3% o 5% de esclarecimiento a más del 30%. Hemos logrado detener a grandes narcotraficantes y hecho todos los esfuerzos posibles por disminuir la violencia contra la mujer a partir de una persecución penal efectiva. Sin duda, con una acción más eficiente de la justicia, hemos llegado contra personas que nunca habían tenido que enfrentar la ley y que se pensaban por fuera del Estado de derecho. Aquellos que no creían que el sistema de justicia los podía alcanzar, ahora se ven afectados. Imagínense el poder que ejercieron los grandes narcotraficantes que están ya detenidos y esperando ser extraditados. Todos sabíamos que en Guatemala la familia Lorenzana era narcotraficante…Pero no había ninguna investigación desde el Ministerio Público (MP) hacia ellos.
Pero había una solicitud de extradición que tenía más de cuatro años de haber sido emitida y no había capturas. ¡Imagínense el territorio en donde estaban operando los Zetas, por la inefectividad del MP de aquella época!Y esa es una investigación nacional. Eso no había pasado.
Es interesante ver que todos los casos de personas con órdenes de extradición de Estados Unidos no tenían investigaciones abiertas en el país…
Es cierto, pero tampoco se lograban hacer las capturas para las extradiciones.
Desde 1990 hasta la detención de Eduardo “Guayo” Cano, solo un narcotraficante de alto nivel había sido detenido por investigación propia de Guatemala. Antes de eso, no había una investigación iniciada por el país sino que venían por órdenes de extradición de Estados Unidos. Mario “el Gordo” Paredes andaba a sus anchas en el país, por ejemplo. ¿Me está tratando de decir que estos son los sectores que están preocupados por los plazos de elección del Fiscal General?
Estos y otros. Hay muchas sentencias en casos sumamente graves que son investigaciones nacionales, como la sentencia de más de 100 integrantes de los Zetas. Este es un grupo vinculado al narcotráfico que ya fue condenado por el asesinato de Allan Stowlinsky Vidaurre (Auxiliar fiscal de Alta Verapaz que fue secuestrado, asesinado y desmembrado el 26 de mayo 2005), por tráfico de drogas y asociaciones ilícitas; y ahorita estamos esperandoque se dicte sentencia por la matanza de Los Cocos. Y esto solo por poner un ejemplo, porque hay otros. Así como el combate al narcotráfico afecta a personas, la lucha contra la corrupción y el combate contra la violencia a la mujer afecta a personas que no tenían que someter al Estado de derecho en el pasado.
¿Usted cree que estos sectores pueden ejercer presión sobre una Corte de Constitucionalidad?
¿Por qué cree que había tanta impunidad en el sistema de justicia?
Le diría que toda la cadena dentro del sistema de seguridad está mal: Empezando por la PNC, pasando por el MP y terminando en el Sistema General Penitenciario, pasando por el Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), juzgados, etcétera. Pero lo que le pregunto es si estos sectores tienen poder para ejercer presión sobre la CC de tal manera que resuelva que su plazo vence en mayo y no en diciembre.
Creo que la pregunta que ustedes me hicieron es si yo entendía quiénes se podían sentir afectados por la labor del MP. Y mi respuesta es: Aquellos que nunca pensaron que iban a estar sometidos a la ley…
Le pregunto si estos sectores pueden ejercer presión sobre el sistema, sobre la CC, para que se resuelva no apegado a la Constitución.
Lo que puedo decir es que no compartimos el fallo de la CC y que por las razones jurídicas que expliqué, lo impugnamos.
¿Cómo era la institución cuándo usted llegó?
El MP era antes una institución que no tenía un rumbo claro. No había metas claramente definidas más que una cantidad de acusaciones cada mes. Y era una institución que tenía un sistema de investigación muy caro y muy ineficiente, en el que se investigaba caso por caso y que no era capaz de ver estructuras en su conjunto.
Una de las explicaciones a la reducción en la tasa de homicidios que analizan diferentes instituciones no gubernamentales es exactamente ese: empezar a hacer trabajo de inteligencia para desarticular estructuras y no solo ver casos. ¿Qué otras cosas faltaban por hacer?
Históricamente había una descoordinación entre el MP y la Policía Nacional Civil (PNC). Ahora, hay equipos de investigación en delitos contra la vida, en violencia contra la mujer, en narcotráfico y en trata de personas. Además, antes no teníamos suficiente acceso a la investigación científica. Casualmente, el sistema IBIS, el sistema de correlación balística, empezó a funcionar en diciembre de 2010 y eso nos permite vincular un arma con muchas escenas del crimen. Y entró el AFIS, el sistema informático de huellas digitales, y las pruebas de ADN… Cuando coincide una gota de sangre encontrada en la escena con el ADN del perpetrador, ¿quién dudará que él es quien realizó una acción aunque no tengamos ningún testigo? Y otro tema muy importante es que, aunque la Ley contra el crimen organizado se aprobó en 2006, las escuchas comenzaron a funcionar hasta 2010. Y estas son una herramienta muy eficaces de combate contra el crimen.
Este trabajo en conjunto con la PNC con el ministerio de Gobernación, ¿venía del gobierno anterior más que del actual?
El primer esfuerzo para establecer equipos conjuntos fue en la Fiscalía de delitos contra la vida, que se crea toda una unidad en 2009. Pero no cambiaron los resultados, hasta justamente que hubo objetivos comunes en las cabezas de las instituciones. Eso ayudó a afinar los mecanismos de coordinación entre investigadores y fiscales.
Ese camino encerado que tenía con el ministerio anterior, ¿se continuó con este gobierno o habido algún tropiezo?
Hubo, podríamos llamarle, un quiebre y un proceso muy serio de selección de mandos policiales a finales de 2009 o principios de 2010, con pruebas de confidencialidad y ascensos por méritos. Y esos mandos policiales han continuado en este gobierno y por eso no se interrumpió el trabajo. Es más, algunos fueron ascendidos. Por ejemplo, quien era el entonces director de Operaciones ahora es director de la policía, Telémaco Pérez.
Usted habla de muchos cambios que se han dado en el MP pero hay cosas que han quedado pendientes. Por ejemplo, ¿se ha logrado hacer una depuración del MP?
Tenemos más de 200 procesos disciplinarios pendientes.
......................"sigue por espacio aca se deja.