chronos
06-Jan-2016, 19:08
PGN denunció a tres exministros por beneficios a sindicalistas de Salud (http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/pgn-accionara-contra-exministros-de-salud-y-trabajo-por-pacto-colectivo#)
La Procuraduría General de la Nación (PGN) determinó que los beneficios para sindicalistas, que se fijaron en el pacto colectivo del Ministerio de Salud, son perjudiciales porque causan alto impacto financiero al Estado de Guatemala y accionó legalmente contra dos exministros de Salud y uno de Trabajo que lo respaldaron.
Por Andrea Orozco
Los exministros de Salud, Jorge Villavicencio y Luis Enrique Monterroso, y el jefe de la cartera de Trabajo, Carlos Contreras, -actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Social-, fueron denunciados penalmente por la PGN debido a que autorizaron, en el 2013, un pacto colectivo para sindicalistas de Salud que resulta perjudicial para el Estado.
En el caso de Monterroso, su implicación sería por participar en la adenda del documento en el 2014.
En su dictamen sobre la negociación, suscripción y homologación del pacto, suscrito entre Salud y los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -miembros del Frente Nacional de Lucha-, la PGN señala que “algunos de los beneficios analizados son desproporcionales, irrazonables y dañinos para el patrimonio del Estado”.
El documento, presentado este miércoles por el ministro de Salud, Mariano Rayo, explica que “los funcionarios de los ministerios de Salud y Trabajo que firmaron y homologaron dicho pacto colectivo, desbordaron sus facultades legales en detrimento del patrimonio del Estado”.
El ente que trabaja como abogado del Estado presentó las denuncias el 25 noviembre en cumplimiento al artículo 457 del Código Penal y señala a los ministros responsables, “por posibles violaciones a normas constitucionales y ordinarias en perjuicio del Estado de Guatemala”.
Excesos
La asesoría legal que ofreció el abogado César Landelino Franco López para la elaboración del pacto tuvo un costo de Q24 millones, el cual, pese a haber sido firmado en el 2013, todavía se pagaba el año pasado.
Entre los puntos más polémicos del documento se encuentra el pago de viáticos para funcionarios de la cartera y dirigentes sindicales, los cuales son de Q1 mil diarios para el secretario general, Q800 cada día para la secretaria del Comité Ejecutivo y Q400 para otros miembros del comité.
Además, establece el pago Q1 mil 200 diarios en concepto de viáticos para el ministro, Q1 mil para los viceministros, Q800 para directores y gerentes y Q600 para los directores.
En su dictamen, la PGN refiere que, durante el proceso de negociación del documento, el ministro de Salud no solicitó al Ministerio de Finanzas un dictamen, opinión o pronunciamiento sobre la existencia de respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendía otorgar.
También señala que el ministro de Trabajo homologó el pacto sin verificar que cumpliera con los requisitos y no violara disposiciones legales.
http://lahora.gt/file/2016/01/La-Hora-06-01-2015.jpg
Pacto Colectivo de Salud costó más de Q2mil 156 millones (http://lahora.gt/pacto-colectivo-de-salud-costo-mas-de-q2mil-156-millones/)
POR KIMBERLY LÓPEZ
[email protected]
La Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronunció respecto al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (PCCT) del Ministerio de Salud, que tendría un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30 y que según un análisis legal, no respetó los procedimientos establecidos en la Constitución y otras leyes vigentes.
De acuerdo con la PGN, durante el proceso de negociación y previo a la suscripción del acuerdo, “no se solicitó al Ministerio de Finanzas el dictamen o pronunciamiento respecto a la existencia del respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendían otorgar”.
De acuerdo a dicha institución tampoco se consideró la fuente de financiamiento de la cual se tomarían los fondos para cubrir los beneficios contraídos y no se sustentó por medio de algún dictamen técnico o financiero la viabilidad de los compromisos adquiridos.
De la misma forma, la PGN responsabilizó al Ministerio de Trabajo (Mintrab), de no comprobar que dicho pacto cumpliera con los requisitos, sin violar disposiciones legales. Y fue contundente al decir que los ministros de la cartera de Salud pasaron por alto los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y derecho presupuestario.
Los ministros incumplieron con lo preceptuado en el Artículo 7 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, en el sentido de que no se podían adquirir compromisos y devengar gastos de los cuales no existieran los saldos disponibles de créditos presupuestarios correspondientes.
“Los funcionarios que intervinieron en la negociación, suscripción y homologación pudieron haber incurrido en responsabilidades legales”, declaró.
A manera de conclusión, la PGN dijo que “los Ministros de Salud Pública y Asistencia Social que negociaron y suscribieron el pacto en referencia, y su adendum, no observaron las normas analizadas, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, derecho de igualdad, y equidad, otras normas del marco jurídico aplicable”.
El PCCT fue suscrito el 21 de agosto de 2013, posteriormente fue homologado por el Mintrab el 19 de diciembre de 2014 y tuvo un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30. Para esa fecha, Jorge Villavicencio fungía como Ministro de Salud y Carlos Contreras, como Ministro de Trabajo.
El proceso de revisión de los pactos colectivos quedó a cargo de la PGN, como parte de los compromisos adquiridos el 22 de octubre de 2015, en la firma del Pacto para el Fortalecimiento Institucional, para lo cual se estableció una mesa técnica conformada por miembros de entidades gubernamentales.
El propósito de este análisis fue determinar la viabilidad de los pactos, en virtud de la situación económica que ha atravesado el país.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) determinó que los beneficios para sindicalistas, que se fijaron en el pacto colectivo del Ministerio de Salud, son perjudiciales porque causan alto impacto financiero al Estado de Guatemala y accionó legalmente contra dos exministros de Salud y uno de Trabajo que lo respaldaron.
Por Andrea Orozco
Los exministros de Salud, Jorge Villavicencio y Luis Enrique Monterroso, y el jefe de la cartera de Trabajo, Carlos Contreras, -actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Social-, fueron denunciados penalmente por la PGN debido a que autorizaron, en el 2013, un pacto colectivo para sindicalistas de Salud que resulta perjudicial para el Estado.
En el caso de Monterroso, su implicación sería por participar en la adenda del documento en el 2014.
En su dictamen sobre la negociación, suscripción y homologación del pacto, suscrito entre Salud y los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala -miembros del Frente Nacional de Lucha-, la PGN señala que “algunos de los beneficios analizados son desproporcionales, irrazonables y dañinos para el patrimonio del Estado”.
El documento, presentado este miércoles por el ministro de Salud, Mariano Rayo, explica que “los funcionarios de los ministerios de Salud y Trabajo que firmaron y homologaron dicho pacto colectivo, desbordaron sus facultades legales en detrimento del patrimonio del Estado”.
El ente que trabaja como abogado del Estado presentó las denuncias el 25 noviembre en cumplimiento al artículo 457 del Código Penal y señala a los ministros responsables, “por posibles violaciones a normas constitucionales y ordinarias en perjuicio del Estado de Guatemala”.
Excesos
La asesoría legal que ofreció el abogado César Landelino Franco López para la elaboración del pacto tuvo un costo de Q24 millones, el cual, pese a haber sido firmado en el 2013, todavía se pagaba el año pasado.
Entre los puntos más polémicos del documento se encuentra el pago de viáticos para funcionarios de la cartera y dirigentes sindicales, los cuales son de Q1 mil diarios para el secretario general, Q800 cada día para la secretaria del Comité Ejecutivo y Q400 para otros miembros del comité.
Además, establece el pago Q1 mil 200 diarios en concepto de viáticos para el ministro, Q1 mil para los viceministros, Q800 para directores y gerentes y Q600 para los directores.
En su dictamen, la PGN refiere que, durante el proceso de negociación del documento, el ministro de Salud no solicitó al Ministerio de Finanzas un dictamen, opinión o pronunciamiento sobre la existencia de respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendía otorgar.
También señala que el ministro de Trabajo homologó el pacto sin verificar que cumpliera con los requisitos y no violara disposiciones legales.
http://lahora.gt/file/2016/01/La-Hora-06-01-2015.jpg
Pacto Colectivo de Salud costó más de Q2mil 156 millones (http://lahora.gt/pacto-colectivo-de-salud-costo-mas-de-q2mil-156-millones/)
POR KIMBERLY LÓPEZ
[email protected]
La Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronunció respecto al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (PCCT) del Ministerio de Salud, que tendría un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30 y que según un análisis legal, no respetó los procedimientos establecidos en la Constitución y otras leyes vigentes.
De acuerdo con la PGN, durante el proceso de negociación y previo a la suscripción del acuerdo, “no se solicitó al Ministerio de Finanzas el dictamen o pronunciamiento respecto a la existencia del respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendían otorgar”.
De acuerdo a dicha institución tampoco se consideró la fuente de financiamiento de la cual se tomarían los fondos para cubrir los beneficios contraídos y no se sustentó por medio de algún dictamen técnico o financiero la viabilidad de los compromisos adquiridos.
De la misma forma, la PGN responsabilizó al Ministerio de Trabajo (Mintrab), de no comprobar que dicho pacto cumpliera con los requisitos, sin violar disposiciones legales. Y fue contundente al decir que los ministros de la cartera de Salud pasaron por alto los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y derecho presupuestario.
Los ministros incumplieron con lo preceptuado en el Artículo 7 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, en el sentido de que no se podían adquirir compromisos y devengar gastos de los cuales no existieran los saldos disponibles de créditos presupuestarios correspondientes.
“Los funcionarios que intervinieron en la negociación, suscripción y homologación pudieron haber incurrido en responsabilidades legales”, declaró.
A manera de conclusión, la PGN dijo que “los Ministros de Salud Pública y Asistencia Social que negociaron y suscribieron el pacto en referencia, y su adendum, no observaron las normas analizadas, los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, derecho de igualdad, y equidad, otras normas del marco jurídico aplicable”.
El PCCT fue suscrito el 21 de agosto de 2013, posteriormente fue homologado por el Mintrab el 19 de diciembre de 2014 y tuvo un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30. Para esa fecha, Jorge Villavicencio fungía como Ministro de Salud y Carlos Contreras, como Ministro de Trabajo.
El proceso de revisión de los pactos colectivos quedó a cargo de la PGN, como parte de los compromisos adquiridos el 22 de octubre de 2015, en la firma del Pacto para el Fortalecimiento Institucional, para lo cual se estableció una mesa técnica conformada por miembros de entidades gubernamentales.
El propósito de este análisis fue determinar la viabilidad de los pactos, en virtud de la situación económica que ha atravesado el país.