Carolinita
13-Sep-2009, 14:29
¿Y si tenerla no fuera delito?
En el último mes, dos países latinoamericanos, México y Argentina, dejaron de considerar la portación de drogas para consumo personal como delito. Dicen que la persecución penal de usuarios de drogas no les ha servido para combatir al narcotráfico, sino al contrario, se los ha dificultado: las cárceles están llenas de portadores de drogas y los traficantes están libres. ¿Estaría Guatemala lista para dar el mismo paso?
Por: Paola Hurtado
Llevar en la bolsa de la chaqueta 1, 2 y hasta 3 puros de marihuana dejó de ser un delito en México desde el 20 de agosto pasado. Los seguidores del cannabis pueden fumar tranquilos. La modificación a algunas disposiciones legales mexicanas descriminalizó la portación de marihuana para el consumo, hasta un máximo de 5 gramos por persona, y de otras drogas como la cocaína (500 miligramos), la heroína (50 miligramos), el LSD (0.015 miligramos), el opio (2 gramos) y la metanfetamina (40 miligramos).
La persona que porte estas dosis ya no será sujeto de detención policial ni de proceso penal, sólo se le conminará a que se someta a un programa de rehabilitación. Si se le sorprende por tercera vez el tratamiento será obligatorio, aunque las normativas no establecen si habrá sanción para los que incumplan.
México es el primer país latinoamericano que descriminaliza la portación de estupefacientes para consumo personal. No significa una despenalización de la droga, ni siquiera en cantidades pequeñas, han insistido con énfasis sus autoridades gubernamentales; la lucha mexicana contra el narcotráfico continúa. Se trata de que el país ha diferenciado entre un consumidor, un adicto y un narcotraficante, y estableció que los dos primeros no cometen delito.
En el último mes, Argentina también sentó un precedente importante para el consumo de drogas. La Corte Suprema declaró inconstitucional la norma que sanciona con prisión la tenencia para el consumo personal por considerar que implica una “intromisión en el ámbito privado y la libertad personal” cuando no genera peligro o daño para terceros.
El esperado fallo, que se demoró un año de vaivenes y presiones, derivó de una investigación sobre narcotráfico en la ciudad de Rosario. Los jueces habían confirmado una condena de prisión para dos distribuidores de droga, pero debían decidir el destino de cinco muchachos condenados a un mes de cárcel en suspenso porque se les sorprendió en la calle con algunos cigarros de marihuana en los bolsillos.
Los magistrados argentinos resolvieron finalmente que los jóvenes no cometieron ningún delito, que cada quien es libre de decidir “si quiere tener o consumir drogas” (marihuana o las que desee) y que la persecución penal no debe apuntar al consumidor de estupefacientes, que es un enfermo, sino a los distribuidores.
Planteado así el panorama, la sentencia Argentina ha preparado el terreno para una posible reforma legislativa al igual que en México, donde una propuesta planteada por el presidente Felipe Calderón a principios de 2009 generó la reforma de la Ley General de Salud y de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.
La situación en Guatemala
En Guatemala, la posesión de drogas para el consumo personal es un delito contenido en la Ley contra la Narcoactividad (aprobada en 1992) y está sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de Q200 a Q10 mil, sin derecho a medida sustitutiva.
Todo aquel que sea sorprendido portando una droga ilegal, por ínfimas que sean las cantidades, debe enfrentar un proceso penal y cárcel. El vacío que alberga esta ley es qué cantidad puede ser considerada para consumo propio o para tráfico y comercialización (que supone penas mucho más severas). Y así la situación, son los fiscales del Ministerio Público quienes deben definirlo y los jueces, también bajo su criterio, lo aceptan o modifican.
Las cárceles guatemaltecas están llenas de usuarios de drogas, pero no de traficantes. De las casi 17 mil causas ingresadas en el Organismo Judicial de 2005 al segundo trimestre de 2009, el 77 por ciento (12 mil 840) se debieron al delito de posesión de drogas para el consumo y tan sólo el 13 por ciento (2 mil 103), al tráfico, comercio y almacenamiento ilícito.
Una de las razones por la que los mexicanos despenalizaron la tenencia de drogas fue porque, aunque la Policía no podía consignar a los portadores, quedaba a criterio de las autoridades si se les podía acusar o no, lo cual se prestaba a extorsiones y corrupción.
En Guatemala la situación no es diferente. La ambigüedad legal se presta para el abuso de jueces y fiscales y los casos de implantación de droga ilegal por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) son tan frecuentes que muchos jueces desestiman el delito porque no creen en los reportes policiales, cuenta un juez de paz penal del departamento de Guatemala, que pidió no ser citado con su nombre en este artículo.
En lo que va del año, la PNC ha registrado la detención de 472 personas por tenencia de estupefacientes, de las cuales el 96 por ciento era hombres. Es imposible precisar cuántas personas que llevaban drogas en el bolso o el automóvil se libraron de una detención policial tras llegar a un “acuerdo amistoso” con el agente.
Ni las decisiones tomadas en los países latinoamericanos (precedidas por algunos europeos) ni las ambigüedades bajo las cuales se juzga a los usuarios de drogas han motivado que en Guatemala se discuta si hay necesidad de regular la tenencia de estupefacientes.
A la Comisión de Salud del Congreso no ha llegado ninguna propuesta de ese tipo, asegura el jefe de esa mesa de trabajo, Víctor Manuel Gutiérrez Longo. El diputado y ex Ministro de Salud considera que despenalizar la tenencia de drogas fomentaría el consumo, pero admite que algunos grupos en la sociedad podrían estar interesados en plantear propuestas distintas.
“Entonces tendríamos que evaluar cómo está el consumo de drogas y si fuera muy alto, consensuarlo con expertos para evaluar qué efectos tendría”, dice.
El problema es que Guatemala no sabe cómo se encuentra el consumo de drogas ilícitas entre sus habitantes. Las estadísticas más recientes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), el órgano estatal obligado a recopilar y difundir información relacionada con el problema de drogas, provienen de 2 encuestas realizadas hace 7 y 4 años. La más completa es la de 2002. Según este estudio, la droga ilícita de más uso es la marihuana (2.68 por ciento de prevalencia) seguida por los solventes o inhalables (0.86 por ciento) y de la cocaína y el crack (0.79 por ciento cada una).
Pero esos datos no concuerdan con la información sobre consumo de drogas que brindan los usuarios de la línea telefónica de crisis 1545. Según los reportes de este centro de atención a cargo del Patronato Pro Rehabilitación del Drogadicto, después del alcohol, las drogas de mayor consumo son la cocaína (22 por ciento), la marihuana (18 por ciento) y el crack (7 por ciento).
Los estudios disponibles no permiten determinar a qué ritmo anual aumenta o disminuye el consumo de drogas en el país, y por lo tanto, no se conoce la magnitud de la problemática.
Asunto de salud, no de seguridad
Hay quienes opinan que Guatemala está lista para plantear el debate de la descriminalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo, y que incluso es necesario. “Los consumidores de drogas deben verse como un problema de salud, no de seguridad pública.
Nuestras leyes desprotegen a los ciudadanos de la corrupción policial y de la penalización de hábitos privados”, critica Marco Cerezo, economista y ex candidato presidencial con una maestría en economía del crecimiento y desarrollo.
“Yo creo que debería empezarse por vaciar las cárceles pues en ellas hay muchísima gente por posesión de drogas que en realidad llegó por actos de venganza o corrupción del sistema”, opina Emilio Goubaud, director regional de Poljuve-Interpeace, un proyecto que aborda la problemática de las maras en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Goubaud propone que en vez de meter presos a los adictos, estos ayuden a dar pistas de dónde se consigue la droga, quién la trafica y quién la distribuye. Su moción es también la de algunos penalistas argentinos que argumentan que cuando se incrimina al consumidor puede ampararse en el derecho a no declarar. Pero si es un testigo, está obligado a indicar quién le suministra estupefacientes.
Hay quienes se oponen de tajo a cualquier tipo de descriminalización de las drogas, como Armando de la Torre, director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, que opina que en la cárcel se puede rehabilitar a la gente y no es impedimento estar preso para salir de las drogas.
El académico apunta que el costo humano del uso y tráfico de drogas es demasiado alto en comparación con los beneficios. “Es más caro ser permisivo: las familias se destruyen, el trabajo se hace mal, hay más accidentes y sube la criminalidad. Se pierde el criterio del bien y del mal y se daña a otra gente, y lo mismo pienso de las borracheras (con alcohol)”, explica.
“La mayoría de mis amigos, muy inteligentes y honestos, opinan diferente que yo, pero no me han convencido”, dice.
En Guatemala tampoco hay consenso acerca de si habría que considerar a un portador de droga un usuario o delincuente, o si se debería mandar a la cárcel al que lleva en la mochila medio “colmillo” de cocaína (que equivale a los 500 miligramos) o de una diminuta dosis de LSD (un kilo contiene hasta 10 millones de dosis).
Enrique Godoy, ex concejal primero de la Municipalidad capitalina y actual presidente de la Asociación Propuesta Urbana que promueve la convivencia en armonía y los valores, enfatiza que el argumento mexicano de descongestionar el sistema de justicia y las prisiones no es válido. “Como no pudimos luchar contra el mal, hagamos que ya no sea ‘malo’. ¡Entonces despenalicemos un montón de cosas que congestionan los juzgados como las deudas, la violencia intrafamiliar y los robos menores! Lo que hay que hacer es un esfuerzo porque el consumo no sea una realidad”, expone.
El cineasta Elías Jiménez, el productor de la película guatemalteca VIP: la otra casa, está convencido, en cambio, que la adicción no puede ser un delito y que ir a la cárcel por llevar droga en la bolsa sólo conseguirá que la persona “se perfeccione” en el arte. “Cuando hicimos la película (que incluye escenas en la prisión) encontramos que la droga en las cárceles sólo es ilegal antes de que ingrese. Adentro circula de manera natural y libre”.
El consumo es una realidad y eso lo conoce muy de cerca Alfredo Asturias, director del proyecto de rehabilitación Ariadna y terapeuta especializado en adicción. Su postura es más mesurada. Él no está de acuerdo en que se legalice ninguna cantidad de droga para consumo personal, “sería avalar su uso”, dice. Pero tampoco aprueba el que manden a prisión a los adictos. Él propone que la primera vez se le invite al consumidor a buscar ayuda. Si reincide, que se le impongan sanciones económicas o arresto domiciliario. Lo importante es prevenir que sea un peligro en las calles, dice, y aclara que el alcohol, igual de dañino que los estupefacientes ilícitos, debería recibir el mismo tratamiento.
Llevarle la contraria al cocinero
Las recientes modificaciones legales en México pueden entenderse como un claro rompimiento con la política tradicional impulsada desde Estados Unidos hacia América Latina de combate a las drogas y una política prohibicionista que incluye la criminalización del consumo, opina en una entrevista telefónica Juan Carlos Hidalgo, el coordinador de Proyectos para América Latina del Centro de Estudios Políticos en Washington, Cato Institute. “Las disposiciones mexicanas ciertamente no cayeron bien en Washington”, advierte el analista costarricense.
La tendencia de México y Argentina se apega más a la estrategia de reducción de daños seguida por Europa donde algunos países como Portugal han despenalizado la tenencia de drogas ilegales, mientras que Estados Unidos sigue firme en su política de prohibición absoluta.
Sin embargo, dice Hidalgo, no significa que México desista de su guerra contra el narcotráfico, sino que está optimizando sus recursos para combatirlo, en vez de gastarlos persiguiendo consumidores. En Brasil y Ecuador se han escuchado propuestas similares, especialmente con el caso de la marihuana.
Guatemala está bastante más lejos de esa discusión. En sus más de 20 años de trabajo como legislador en el Congreso de la República, el uneísta Mario Taracena nunca ha escuchado una propuesta de este tipo en el hemiciclo. “Y faltarán unos 50 años para que eso pase”, opina.
“Nada detiene a Guatemala para adoptar una política como en México, siempre y cuando estemos claros que despenalizar el consumo no significa legalizar las drogas. La ventaja es que México, un gran aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ya tomó la decisión.
Y si no tomó represalias contra él, por qué habría de hacerlo con un país más pequeño como Guatemala?”, colige Hidalgo. Hay que tomar también en cuenta que en Estados Unidos ha habido también algunos cambios, como la legalización de la marihuana para uso terapéutico en 12 Estados.
El debate en Guatemala debería abordarse de forma madura y muy técnica para evitar posturas moralistas o represivas que no contribuyen a la lucha contra el narcotráfico y al tratamiento de los problemas de salud, propone Cerezo. Y enfatiza que una reforma legal como la tomada en México –y que posiblemente adopte Argentina– debe estar incluida en un contexto de políticas de lucha contra el narcotráfico, del lavado de dinero, de una ley de extinción de dominio (para expropiar los bienes que sean producto de actos ilícitos) y control territorial, enfatiza Cerezo.
Y sobre todo, dice, en ser muy claros en que no se trata de legalizar la droga, sino de despenalizar el consumo privado para no distraer los recursos de la verdadera lucha antidroga.
Una lucha que, como insiste Hidalgo, debe seguirse mientras el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, Estados Unidos, no flexibilice sus políticas y sigamos siendo los países donde se produce, transita, comercializa y se quedan las drogas.
¿Marihuanadas? Ni para salir de la crisis
Desde 1985, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés), aprobó el comercio de cannabinoides sintéticos –sustancias fabricadas con los componentes químicos de la marihuana– para combatir las náuseas provocadas por la quimioterapia. Canadá, varios países Europeos y 12 Estados de la Unión Americana han legalizado la marihuana con fines terapéuticos, incluidos el tratamiento contra el cáncer.
El oncólogo Juan Carlos Mérida explica que, dado que no es legal, este subproducto del cannabis no se prescribe en Guatemala. Ni lo receta ni le piden que lo recete. En su lugar prescribe otros tratamientos contra el dolor como los derivados de la morfina, por ejemplo, que son más potentes y no suponen un problema legal para el paciente en su tenencia ni compra.
“No se trata sólo de despenalizar la tenencia de drogas”, dice. “Si se le deja al usuario la tarea de ver cómo las consigue, tendrá que ir al mercado ilegal. Es como que te digan que te permiten tener 5 acetaminofén, pero no 100 y tampoco es legal venderlos ni distribuirlos. ¿Y entonces dónde los comprás?”, se pregunta.
En abril pasado, la Cámara de Diputados de México discutió una propuesta de despenalización de la marihuana y sus derivados que incluía las bases para su cultivo, publicidad, venta, consumo y uso, y que incluso contemplaba el cultivo de hasta cinco plantas de cannabis por vivienda y que la venta al mayoreo fuera regulada por la autoridad federal. A su ponente, el perredista Víctor Hugo Círigo, quien argumentó que era una manera de debilitar las ganancias y poderío del narcotráfico, le llegaron a decir sus opositores que no anduviera “con marihuanadas”.
La iniciativa del izquierdista no prosperó, pero sí la del presidente Felipe Calderón que logró la despenalización de la tenencia de drogas para consumo, y que en realidad era un sucedáneo de una propuesta que el ex mandatario mexicano Vicente Fox vetó en 2006 luego de las críticas de varios sectores, incluyendo al Gobierno de Estados Unidos.
Apenas en marzo pasado, el presidente estadounidense Barack Obama reiteró su negativa a legalizar la marihuana, aun cuando se planteara como una solución para mejorar la economía estadounidense. En una conferencia por internet respondió a esa pregunta votada por 3.6 millones de personas entre una lista de 100 mil enviadas a la Casa Blanca. “La respuesta es no, no creo que sea una buena estrategia para hacer crecer nuestra economía”, contestó.
Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20090913/portada/113957/
En el último mes, dos países latinoamericanos, México y Argentina, dejaron de considerar la portación de drogas para consumo personal como delito. Dicen que la persecución penal de usuarios de drogas no les ha servido para combatir al narcotráfico, sino al contrario, se los ha dificultado: las cárceles están llenas de portadores de drogas y los traficantes están libres. ¿Estaría Guatemala lista para dar el mismo paso?
Por: Paola Hurtado
Llevar en la bolsa de la chaqueta 1, 2 y hasta 3 puros de marihuana dejó de ser un delito en México desde el 20 de agosto pasado. Los seguidores del cannabis pueden fumar tranquilos. La modificación a algunas disposiciones legales mexicanas descriminalizó la portación de marihuana para el consumo, hasta un máximo de 5 gramos por persona, y de otras drogas como la cocaína (500 miligramos), la heroína (50 miligramos), el LSD (0.015 miligramos), el opio (2 gramos) y la metanfetamina (40 miligramos).
La persona que porte estas dosis ya no será sujeto de detención policial ni de proceso penal, sólo se le conminará a que se someta a un programa de rehabilitación. Si se le sorprende por tercera vez el tratamiento será obligatorio, aunque las normativas no establecen si habrá sanción para los que incumplan.
México es el primer país latinoamericano que descriminaliza la portación de estupefacientes para consumo personal. No significa una despenalización de la droga, ni siquiera en cantidades pequeñas, han insistido con énfasis sus autoridades gubernamentales; la lucha mexicana contra el narcotráfico continúa. Se trata de que el país ha diferenciado entre un consumidor, un adicto y un narcotraficante, y estableció que los dos primeros no cometen delito.
En el último mes, Argentina también sentó un precedente importante para el consumo de drogas. La Corte Suprema declaró inconstitucional la norma que sanciona con prisión la tenencia para el consumo personal por considerar que implica una “intromisión en el ámbito privado y la libertad personal” cuando no genera peligro o daño para terceros.
El esperado fallo, que se demoró un año de vaivenes y presiones, derivó de una investigación sobre narcotráfico en la ciudad de Rosario. Los jueces habían confirmado una condena de prisión para dos distribuidores de droga, pero debían decidir el destino de cinco muchachos condenados a un mes de cárcel en suspenso porque se les sorprendió en la calle con algunos cigarros de marihuana en los bolsillos.
Los magistrados argentinos resolvieron finalmente que los jóvenes no cometieron ningún delito, que cada quien es libre de decidir “si quiere tener o consumir drogas” (marihuana o las que desee) y que la persecución penal no debe apuntar al consumidor de estupefacientes, que es un enfermo, sino a los distribuidores.
Planteado así el panorama, la sentencia Argentina ha preparado el terreno para una posible reforma legislativa al igual que en México, donde una propuesta planteada por el presidente Felipe Calderón a principios de 2009 generó la reforma de la Ley General de Salud y de los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales.
La situación en Guatemala
En Guatemala, la posesión de drogas para el consumo personal es un delito contenido en la Ley contra la Narcoactividad (aprobada en 1992) y está sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de Q200 a Q10 mil, sin derecho a medida sustitutiva.
Todo aquel que sea sorprendido portando una droga ilegal, por ínfimas que sean las cantidades, debe enfrentar un proceso penal y cárcel. El vacío que alberga esta ley es qué cantidad puede ser considerada para consumo propio o para tráfico y comercialización (que supone penas mucho más severas). Y así la situación, son los fiscales del Ministerio Público quienes deben definirlo y los jueces, también bajo su criterio, lo aceptan o modifican.
Las cárceles guatemaltecas están llenas de usuarios de drogas, pero no de traficantes. De las casi 17 mil causas ingresadas en el Organismo Judicial de 2005 al segundo trimestre de 2009, el 77 por ciento (12 mil 840) se debieron al delito de posesión de drogas para el consumo y tan sólo el 13 por ciento (2 mil 103), al tráfico, comercio y almacenamiento ilícito.
Una de las razones por la que los mexicanos despenalizaron la tenencia de drogas fue porque, aunque la Policía no podía consignar a los portadores, quedaba a criterio de las autoridades si se les podía acusar o no, lo cual se prestaba a extorsiones y corrupción.
En Guatemala la situación no es diferente. La ambigüedad legal se presta para el abuso de jueces y fiscales y los casos de implantación de droga ilegal por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) son tan frecuentes que muchos jueces desestiman el delito porque no creen en los reportes policiales, cuenta un juez de paz penal del departamento de Guatemala, que pidió no ser citado con su nombre en este artículo.
En lo que va del año, la PNC ha registrado la detención de 472 personas por tenencia de estupefacientes, de las cuales el 96 por ciento era hombres. Es imposible precisar cuántas personas que llevaban drogas en el bolso o el automóvil se libraron de una detención policial tras llegar a un “acuerdo amistoso” con el agente.
Ni las decisiones tomadas en los países latinoamericanos (precedidas por algunos europeos) ni las ambigüedades bajo las cuales se juzga a los usuarios de drogas han motivado que en Guatemala se discuta si hay necesidad de regular la tenencia de estupefacientes.
A la Comisión de Salud del Congreso no ha llegado ninguna propuesta de ese tipo, asegura el jefe de esa mesa de trabajo, Víctor Manuel Gutiérrez Longo. El diputado y ex Ministro de Salud considera que despenalizar la tenencia de drogas fomentaría el consumo, pero admite que algunos grupos en la sociedad podrían estar interesados en plantear propuestas distintas.
“Entonces tendríamos que evaluar cómo está el consumo de drogas y si fuera muy alto, consensuarlo con expertos para evaluar qué efectos tendría”, dice.
El problema es que Guatemala no sabe cómo se encuentra el consumo de drogas ilícitas entre sus habitantes. Las estadísticas más recientes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), el órgano estatal obligado a recopilar y difundir información relacionada con el problema de drogas, provienen de 2 encuestas realizadas hace 7 y 4 años. La más completa es la de 2002. Según este estudio, la droga ilícita de más uso es la marihuana (2.68 por ciento de prevalencia) seguida por los solventes o inhalables (0.86 por ciento) y de la cocaína y el crack (0.79 por ciento cada una).
Pero esos datos no concuerdan con la información sobre consumo de drogas que brindan los usuarios de la línea telefónica de crisis 1545. Según los reportes de este centro de atención a cargo del Patronato Pro Rehabilitación del Drogadicto, después del alcohol, las drogas de mayor consumo son la cocaína (22 por ciento), la marihuana (18 por ciento) y el crack (7 por ciento).
Los estudios disponibles no permiten determinar a qué ritmo anual aumenta o disminuye el consumo de drogas en el país, y por lo tanto, no se conoce la magnitud de la problemática.
Asunto de salud, no de seguridad
Hay quienes opinan que Guatemala está lista para plantear el debate de la descriminalización de la tenencia de estupefacientes para el consumo, y que incluso es necesario. “Los consumidores de drogas deben verse como un problema de salud, no de seguridad pública.
Nuestras leyes desprotegen a los ciudadanos de la corrupción policial y de la penalización de hábitos privados”, critica Marco Cerezo, economista y ex candidato presidencial con una maestría en economía del crecimiento y desarrollo.
“Yo creo que debería empezarse por vaciar las cárceles pues en ellas hay muchísima gente por posesión de drogas que en realidad llegó por actos de venganza o corrupción del sistema”, opina Emilio Goubaud, director regional de Poljuve-Interpeace, un proyecto que aborda la problemática de las maras en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Goubaud propone que en vez de meter presos a los adictos, estos ayuden a dar pistas de dónde se consigue la droga, quién la trafica y quién la distribuye. Su moción es también la de algunos penalistas argentinos que argumentan que cuando se incrimina al consumidor puede ampararse en el derecho a no declarar. Pero si es un testigo, está obligado a indicar quién le suministra estupefacientes.
Hay quienes se oponen de tajo a cualquier tipo de descriminalización de las drogas, como Armando de la Torre, director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, que opina que en la cárcel se puede rehabilitar a la gente y no es impedimento estar preso para salir de las drogas.
El académico apunta que el costo humano del uso y tráfico de drogas es demasiado alto en comparación con los beneficios. “Es más caro ser permisivo: las familias se destruyen, el trabajo se hace mal, hay más accidentes y sube la criminalidad. Se pierde el criterio del bien y del mal y se daña a otra gente, y lo mismo pienso de las borracheras (con alcohol)”, explica.
“La mayoría de mis amigos, muy inteligentes y honestos, opinan diferente que yo, pero no me han convencido”, dice.
En Guatemala tampoco hay consenso acerca de si habría que considerar a un portador de droga un usuario o delincuente, o si se debería mandar a la cárcel al que lleva en la mochila medio “colmillo” de cocaína (que equivale a los 500 miligramos) o de una diminuta dosis de LSD (un kilo contiene hasta 10 millones de dosis).
Enrique Godoy, ex concejal primero de la Municipalidad capitalina y actual presidente de la Asociación Propuesta Urbana que promueve la convivencia en armonía y los valores, enfatiza que el argumento mexicano de descongestionar el sistema de justicia y las prisiones no es válido. “Como no pudimos luchar contra el mal, hagamos que ya no sea ‘malo’. ¡Entonces despenalicemos un montón de cosas que congestionan los juzgados como las deudas, la violencia intrafamiliar y los robos menores! Lo que hay que hacer es un esfuerzo porque el consumo no sea una realidad”, expone.
El cineasta Elías Jiménez, el productor de la película guatemalteca VIP: la otra casa, está convencido, en cambio, que la adicción no puede ser un delito y que ir a la cárcel por llevar droga en la bolsa sólo conseguirá que la persona “se perfeccione” en el arte. “Cuando hicimos la película (que incluye escenas en la prisión) encontramos que la droga en las cárceles sólo es ilegal antes de que ingrese. Adentro circula de manera natural y libre”.
El consumo es una realidad y eso lo conoce muy de cerca Alfredo Asturias, director del proyecto de rehabilitación Ariadna y terapeuta especializado en adicción. Su postura es más mesurada. Él no está de acuerdo en que se legalice ninguna cantidad de droga para consumo personal, “sería avalar su uso”, dice. Pero tampoco aprueba el que manden a prisión a los adictos. Él propone que la primera vez se le invite al consumidor a buscar ayuda. Si reincide, que se le impongan sanciones económicas o arresto domiciliario. Lo importante es prevenir que sea un peligro en las calles, dice, y aclara que el alcohol, igual de dañino que los estupefacientes ilícitos, debería recibir el mismo tratamiento.
Llevarle la contraria al cocinero
Las recientes modificaciones legales en México pueden entenderse como un claro rompimiento con la política tradicional impulsada desde Estados Unidos hacia América Latina de combate a las drogas y una política prohibicionista que incluye la criminalización del consumo, opina en una entrevista telefónica Juan Carlos Hidalgo, el coordinador de Proyectos para América Latina del Centro de Estudios Políticos en Washington, Cato Institute. “Las disposiciones mexicanas ciertamente no cayeron bien en Washington”, advierte el analista costarricense.
La tendencia de México y Argentina se apega más a la estrategia de reducción de daños seguida por Europa donde algunos países como Portugal han despenalizado la tenencia de drogas ilegales, mientras que Estados Unidos sigue firme en su política de prohibición absoluta.
Sin embargo, dice Hidalgo, no significa que México desista de su guerra contra el narcotráfico, sino que está optimizando sus recursos para combatirlo, en vez de gastarlos persiguiendo consumidores. En Brasil y Ecuador se han escuchado propuestas similares, especialmente con el caso de la marihuana.
Guatemala está bastante más lejos de esa discusión. En sus más de 20 años de trabajo como legislador en el Congreso de la República, el uneísta Mario Taracena nunca ha escuchado una propuesta de este tipo en el hemiciclo. “Y faltarán unos 50 años para que eso pase”, opina.
“Nada detiene a Guatemala para adoptar una política como en México, siempre y cuando estemos claros que despenalizar el consumo no significa legalizar las drogas. La ventaja es que México, un gran aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ya tomó la decisión.
Y si no tomó represalias contra él, por qué habría de hacerlo con un país más pequeño como Guatemala?”, colige Hidalgo. Hay que tomar también en cuenta que en Estados Unidos ha habido también algunos cambios, como la legalización de la marihuana para uso terapéutico en 12 Estados.
El debate en Guatemala debería abordarse de forma madura y muy técnica para evitar posturas moralistas o represivas que no contribuyen a la lucha contra el narcotráfico y al tratamiento de los problemas de salud, propone Cerezo. Y enfatiza que una reforma legal como la tomada en México –y que posiblemente adopte Argentina– debe estar incluida en un contexto de políticas de lucha contra el narcotráfico, del lavado de dinero, de una ley de extinción de dominio (para expropiar los bienes que sean producto de actos ilícitos) y control territorial, enfatiza Cerezo.
Y sobre todo, dice, en ser muy claros en que no se trata de legalizar la droga, sino de despenalizar el consumo privado para no distraer los recursos de la verdadera lucha antidroga.
Una lucha que, como insiste Hidalgo, debe seguirse mientras el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, Estados Unidos, no flexibilice sus políticas y sigamos siendo los países donde se produce, transita, comercializa y se quedan las drogas.
¿Marihuanadas? Ni para salir de la crisis
Desde 1985, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés), aprobó el comercio de cannabinoides sintéticos –sustancias fabricadas con los componentes químicos de la marihuana– para combatir las náuseas provocadas por la quimioterapia. Canadá, varios países Europeos y 12 Estados de la Unión Americana han legalizado la marihuana con fines terapéuticos, incluidos el tratamiento contra el cáncer.
El oncólogo Juan Carlos Mérida explica que, dado que no es legal, este subproducto del cannabis no se prescribe en Guatemala. Ni lo receta ni le piden que lo recete. En su lugar prescribe otros tratamientos contra el dolor como los derivados de la morfina, por ejemplo, que son más potentes y no suponen un problema legal para el paciente en su tenencia ni compra.
“No se trata sólo de despenalizar la tenencia de drogas”, dice. “Si se le deja al usuario la tarea de ver cómo las consigue, tendrá que ir al mercado ilegal. Es como que te digan que te permiten tener 5 acetaminofén, pero no 100 y tampoco es legal venderlos ni distribuirlos. ¿Y entonces dónde los comprás?”, se pregunta.
En abril pasado, la Cámara de Diputados de México discutió una propuesta de despenalización de la marihuana y sus derivados que incluía las bases para su cultivo, publicidad, venta, consumo y uso, y que incluso contemplaba el cultivo de hasta cinco plantas de cannabis por vivienda y que la venta al mayoreo fuera regulada por la autoridad federal. A su ponente, el perredista Víctor Hugo Círigo, quien argumentó que era una manera de debilitar las ganancias y poderío del narcotráfico, le llegaron a decir sus opositores que no anduviera “con marihuanadas”.
La iniciativa del izquierdista no prosperó, pero sí la del presidente Felipe Calderón que logró la despenalización de la tenencia de drogas para consumo, y que en realidad era un sucedáneo de una propuesta que el ex mandatario mexicano Vicente Fox vetó en 2006 luego de las críticas de varios sectores, incluyendo al Gobierno de Estados Unidos.
Apenas en marzo pasado, el presidente estadounidense Barack Obama reiteró su negativa a legalizar la marihuana, aun cuando se planteara como una solución para mejorar la economía estadounidense. En una conferencia por internet respondió a esa pregunta votada por 3.6 millones de personas entre una lista de 100 mil enviadas a la Casa Blanca. “La respuesta es no, no creo que sea una buena estrategia para hacer crecer nuestra economía”, contestó.
Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20090913/portada/113957/