Iniciado por Prensa Libre

Congreso aprueba Ley de Contrataciones

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Entre los inhabilitados para participar, ser proveedores o contratistas, según la nueva Ley, están los dignatarios, funcionarios o empleados públicos y las autoridades de las entidades, así como sus cónyuges, mientras estén en el ejercicio de su cargo.

Además se prohíbe ser proveedor del Estado a quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato, anterior al periodo presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea superior a Q30 mil anuales.

También se aprobó la figura de subasta electrónica inversa para adquirir bienes y servicios estandarizados u homologados y se cambió la forma en que se hacen compras a través de contratos abiertos.

Entre los artículos ya aprobados está la reforma al artículo 12 de dicha Ley, el cual regula la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación y estipula que no pueden integrar estas quienes hayan sido representantes legales, gerente, empleado o algunos de sus parientes, asesor, abogado o perito de la empresa oferente, entre otros.

Además, se reformó el artículo 15 y se crea la Dirección General de Adquisiciones del Estado, el cual funcionará como un ente rector de las adquisiciones públicas y será la responsable de facilitar procesos y procurar que las compras se efectúen con transparencia, certeza, eficiencia y competencia.

Los diputados también aprobaron cambios al artículo 43 de la actual Ley de Contrataciones y establecen nuevas modalidades de compras y arrendamientos.

No quieren transparencia

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y ponente de la iniciativa de ley, dijo a Prensa Libre que son los contratistas y funcionarios los que se oponían a los nuevos cambios.

En una entrevista, Montenegro reconoció que los cambios a la Ley de Contrataciones frena algunos ilícitos que hasta ahora son permitidos, como el enriquecimiento ilícito, incluso actualmente se permite que los proveedores escojan quién integra la junta licitadora.

Agregó: "También hay tráfico de influencias. En este momento se permite que los proveedores ofrezcan viajes, bonos, regalos, como carros u otros menesteres a las juntas licitadoras, con el fin de congraciarse con las mismas y poder afianzarse los contratos. Muchas veces los mismos directores de unidades ejecutoras han sido objeto de esta situación".

Para la legisladora, lo más común con la ley sin modificaciones es el fraccionamiento y evitar así los procesos de licitación y cotización.

También se evita con los cambios discutidos a través de mesas técnicas con varios sectores , los contratos "telaraña", que han sido ampliados desde 1980 sin licitación, según explicó Montenegro.

"Muchos ministros, en especial en Comunicaciones, cuando les hacía falta un tramo de construcción, pactaban con los proveedores para ampliar el contrato, y luego otro más. La mayoría de estos contratos son por excepción y se han realizado bajo el amparo del Fideicomiso de Covial —Unidad Ejecutora de Conservación Vial—, el cual tiene más de Q1 mil 500 millones", dijo Montenegro.

Iniciado por S21

Crean subasta inversa y limitan a contratistas

Celeste Alvarado
[email protected]

Con la aprobación final de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, los diputados limitaron la compra de productos por contrato abierto, que se adquierán los que tengan el precio más bajo y prohíbieron que diputados, funcionarios, familiares y financistas sean contratistas

También se aprobó la subasta inversa para adquirir bienes y servicios estandarizados u homologados vía electrónica y se cambió la forma en que se hacen compras a través de contratos abiertos.

Entre los inhabilitados para participar como proveedores o contratistas, según la nueva Ley, están los dignatarios, funcionarios o empleados públicos y las autoridades de las entidades, así como sus cónyuges, mientras estén en el ejercicio de su cargo.

Además se prohíbe ser proveedor del Estado a quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al período presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea superior a Q30 mil anuales.

El artículo 12, que regula la integración de las juntas de cotización, licitación o calificación, establece que no pueden integrar estas quienes hayan sido representantes legales, gerentes, empleados o algunos de sus parientes, asesores, abogados o peritos de la empresa oferente, entre otros.

Según la diputada Nineth Montenegro, “hubo contratistas, empresarios y farmacéuticos que se oponían a los nuevos cambios. Pues con ellos el Estado se estará ahorrando por lo menos Q25 mil millones, porque ya no van a vender un producto sobrevalorado como hasta ahora”.

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PONENTES

La iniciativa 4980 fue impulsada por los diputados Nineth Montenegro, Álvaro González Ricci y Álvaro Trujillo Baldizón, y estaba pendiente de aprobación final, luego de que la semana pasada, los parlamentarios aprobaron 22 artículos de las reformas. Estas modificaciones entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, si el Ejecutivo la sanciona (aprueba).

“Un cambio fundamental en la ley es que se eliminaron todas las compras por excepción; dejamos únicamente cuatro y definimos el ámbito de aplicación que se debe utilizar para cualquier tema que involucre recursos públicos, como subsidios, fideicomisos, oenegés, fundaciones. Todos quienes manejan fondos públicos y están afectos a la ley”, razonó González.

Además, se crea un registro en el Ministerio de Finanzas, se le da un rango de Dirección General a Guatecompras, se define cómo formar la junta de licitación, y someter los arrendamientos a concurso, los que estaban únicamente por excepción.

Para González Ricci, este será un “megacandado presupuestario, que a nosotros en lo personal nos hizo quitar el 70% de las normas presupuestarias que estábamos incluyendo en el ejercicio del presupuesto 2016”.

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Presupuesto, parado
UNE acusa al Líder

El parlamentario Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que llama la atención el atraso de la Comisión de Finanzas, que aún no dictamina una propuesta para ser conocida en el Pleno, ya que tienen hasta el 30 de noviembre para hacerlo.

“Este atraso tiene nombre y apellido”, dijo Barreda al acusar a Manuel Baldizón, Salvador Baldizón y la bancada Líder de no presentar un dictamen para que se apruebe el presupuesto, ya que 11 de sus diputados integran esa sala legislativa.

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Iniciado por marioc30 (Mensaje 13387096)

Ojalá, pero tenían que ir hasta los familiares en grado de ley, porque ya no van a poner al conyuge, pero si al hij@, sobrin@, ti@, cuñad@, suegr@, etc.

Esos diputados mierdas fijo vieron el vacío y dijeron hagámoles creer que así será, ojalá no pues pero conociéndolos y que se reeligieron un vergazo de pizados :rvm:

Se permite que :wtf: que me la chupe, eso es descaro y porque no tiene denunciados a todos esos pizados, si el tráfico de influencias en si ya es delito y allí está positivizado, que tampoco crea que somos pendejos :maleado:

Iniciado por mike83 (Mensaje 13388022)

La ley de Contrataciones del Estado es la mayor generadora de burocracia que existe... la solución nunca se encuentra en la imposición de procedimientos muy específicos porque la misma exactitud de dichos procedimientos provoca que sean corruptibles y que los procesos que si son legales sean lentos.

Es decir, si se puede corromper a la persona que tiene a su cargo el procedimiento, por muchos requisitos que se pidan, el proceso es ineficaz, y va provocar burocracia en los procesos que si son reales.

Iniciado por La Hora

Un nuevo modelo de compras y adquisiciones

Oscar Clemente Marroquín
[email protected]

Ayer el Congreso aprobó reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado que pueden considerarse positivas si tomamos en cuenta la estructura existente porque pretende establecer límites a la voracidad de tanta gente que se ha armado hasta los dientes con los recursos públicos gracias a las facilidades que ofrece un sistema absolutamente poroso, diseñado para facilitar la corruptela.

Y digo que en medio de lo que hay son positivas porque realmente pretenden atajar algunas de las prácticas más conocidas de los sinvergüenzas que usan todos los negocios públicos para quedarse con comisiones a cambio de bienes sobrevalorados o de obra mal hecha que es una real estafa a la ciudadanía. Y, sobre todo, porque es lo más que podía esperarse de este Congreso y sus integrantes que son parte del problema, y por lo tanto no pueden ser parte de la solución.

Por ello será preciso que haya una vigilancia ciudadana extrema y no atenernos a que la nueva legislación nos resuelva el problema porque seguirán dándose las comisiones calificadoras amañadas, y no hay que olvidar el viejo aforismo de que “hecha la ley, hecha la trampa” porque los largos tienen una habilidad especial para encontrar en los vericuetos de la ley la forma de burlarse de ella y de usar a su favor y beneficio cualquier resquicio.

Creo que es importante que los llamados tanques de pensamiento hagan un estudio comparado de los mecanismos que se usan en otros países para las compras y contrataciones del Estado a fin de ir armando un proyecto que permita el cambio total del modelo que usamos en Guatemala, y que está hecho para facilitar la corrupción. Lo pienso, sobre todo, porque tengo la esperanza de que llegue el día en que se puedan operar cambios profundos en el país gracias a la actitud ciudadana de exigencia que ponga fin a esas estructuras de impunidad y corrupción que son tan evidentes y que están tan enraizadas. No sea que cuando llegue el momento de emprender los cambios no tengamos ni idea de cómo hacerlos y cuáles hacer, por lo que entendiendo que de momento es un logro haber reformado y parchado el sistema imperante, debemos prepararnos para estar listos a la hora buena.

No quiero ser pesimista ni descalificar lo hecho por unos diputados que, sin duda, dieron lo mejor de sí, pero es importante entender cómo operan las mafias y cuánto se preparan para salir indemnes de este tipo de reformas. El problema es más grande de lo que parece y por ello es que pienso que tenemos que ir pensando en el cambio profundo y absoluto del modelo existente.

El Contrato abierto sigue estando allí, como arca abierta, y será utilizado con furor por los proveedores y por los compradores porque no hay interés real en cambiar las cosas. Mientras no se entienda que la maña es la norma general y que todos se ponen al servicio del trinquete, no nos hagamos muchas ilusiones y por ello urge que nos mantengamos vigilantes como ciudadanos para demandar transparencia y denunciar todo lo que huela mal, aunque resulte que el Presidente o cualquiera nos salgan con la cantaleta de que quieren pruebas.

Iniciado por La Hora

Contraloría y Ley de Contrataciones: No más “parches”, se necesita una nueva

Joseline Ayala
[email protected]

La Comisión de Finanzas del Congreso busca concertar el dictamen de las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, situación que según el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, ya no es viable, porque se necesita una nueva normativa.

El presidente de la Sala de Trabajo, Adim Maldonado, explicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), emitió una opinión sobre los cambios propuestos por el Ejecutivo y les indicó que son legalmente viables.

Sin embargo, se quejó que ha intentado obtener un aval técnico de la Contraloría General de Cuentas (CGC), lo cual no han concertado, aseguró.

Por su parte, Mencos explicó que como ente auditor ya se han involucrado con la Comisión de Probidad para formular una nueva ley, para que ya no se “parche” la vigente, por lo que la postura de la institución es apoyar ese proceso.

“Nosotros ya estamos involucrados en el tema con un par de representantes en una Mesa de discusión que ha conformado y dirigido la Comisión de Probidad del Congreso pero no queremos que ese trabajo se pierda, por lo que no podemos trabajar sobre lo mismo con diferentes criterios”, explicó Mencos.

SERÁ CITADO

Ante esta negativa, el diputado Maldonado manifestó que buscará que Mencos emita una opinión sobre el tema a través de una citación y aunque concuerda con el criterio del Contralor de la necesidad de una nueva ley, afirmó que ahora les interesa que el Presupuesto del 2018 sea viable.

“Yo le mandé una nota invitando a Mencos a la discusión pero no recibimos respuesta, por lo que saliendo del dictamen del proyecto del Presupuesto que podría tomarnos unos 15 días más, vamos a involucrarnos enteramente en ese tema y vamos a citar a Mencos para que nos explique su criterio”, dijo Maldonado.

YA NO MÁS PARCHES

Mencos indica que es necesario una nueva legislación, la cual describió debe ser sencilla y verificable, añadió que es importante prohibir que los funcionarios tengan algún tipo de acercamiento con las empresas para conocer los precios de los proyectos o las compras.

“Nuestra postura es que debemos formular una nueva ley y no seguir parchando la que ya está vigente, necesitamos que se haga una ley que sea sencilla y verificable, que se hagan los procesos sencillos, porque por la complejidad de la actual es que se hacen tantos enredos actualmente”, comentó.

El Contralor indicó que si es necesario hacer algún cambio, se debe eliminar el artículo 29 de la legislación vigente, en el que se determina la integración del precio oficial y la fijación de la franja de fluctuación que a su criterio, “es totalmente perverso”.

Iniciado por La Hora

Comisión de Probidad presentará nueva Ley de Compras

Por Joseline Ayala
[email protected]

La Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso presentará, en dos semanas, una propuesta de una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado para agilizar procesos y clasificar la naturaleza de las adquisiciones.

El presidente de esa Sala de trabajo, Amílcar Pop, explicó que hoy se realizó un seminario con todas las instituciones y sectores involucrados para revisar la propuesta que ya está formulada para finalizarla y presentarla oficialmente.

Pop informó que se priorizará la sectorización de las contrataciones en las instituciones, el modelo de tecnología, la publicidad y la transparencia en los mecanismos y además se han creado mecanismos de control y auditoría social.

Desde hace varios meses el parlamentario advirtió del peligro que representa modificar los mecanismos de control, transparencia y fiscalización ya existentes como parte de la intención del Ejecutivo de reformar dicha Ley.

A criterio del diputado, lo mejor será iniciar con una nueva ley que busque crear una naturaleza más versátil para las compras del Estado y de las contrataciones debido a que la actual originalmente se elaboró para temas de obra pública únicamente y eso ha imposibilitado otros procesos.

Iniciado por La Hora

Dan luz verde a reformas a Ley de Contrataciones del Estado

POR HEDY QUINO
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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa para reformar la Ley de Contrataciones del Estado y con esto el Pleno de diputados puede iniciar con su discusión y aprobación.

El vicepresidente de esa Sala, Rudy Castañeda, explicó que el análisis técnico contiene seis iniciativas referentes a las Contrataciones del Estado, las cuales fueron presentadas por diputados a título personal y una por el Organismo Judicial (OJ) y otra por el Ejecutivo.

Las reformas establecen que las compras de baja cuantía se harán por un monto de hasta Q50 mil y las compras directas serán por montos mayores de Q50 mil y que no superen los Q150 mil.

Además, se contempla que la terminación de los contratos se realizará por mutuo acuerdo y por disolución de la persona jurídica contratista.

Asimismo, prohíbe al Estado celebrar contratos con aquellos que estén involucrados en procesos penales.

Iniciado por La Hora

Morales critica Ley de Contrataciones; no intentaron renovarla

Por Eder Juárez
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El presidente Jimmy Morales volvió a criticar la Ley de Contrataciones, asegurando que dicha Ley “frena el desarrollo” del país, pues ha sido utilizada para atemorizar a los funcionarios públicos, dijo durante su discurso en el III Congreso Palmero, que se lleva a cabo en Antigua Guatemala.

Morales dijo que la Ley de Contrataciones “ha sido una lucha que han tenido que enfrentar, una Ley que definitivamente ha sido para frenar el desarrollo, pero adicional ha sido utilizada para atemorizar a los funcionarios públicos en donde vienen algunos personeros y de una vez amenazan con demandas penales cuando ni siquiera se han realizado los trabajos”.

El mandatario indicó que tanto Puerto Quetzal, como el puerto Santo Tomás de Castilla, “cada uno de ellos tiene cerca de mil millones en sus cuentas bancarias y he exigido, he pedido, he ordenado, que se puedan invertir pero ha sido verdaderamente un calvario el poder invertir en maquinaria y equipamiento. No podemos seguir con maquinaria de hace 30 años queriendo ser competitivos en un mundo moderno del siglo XXI”, dijo.

En su momento, La Hora publicó una declaración de Julio Héctor Estrada, cuando era ministro de Finanzas de Morales, en la que decía que una nueva ley de Compras tardaría de 2 a tres años.

“Hacer una nueva ley de raíz, con un cambio radical llevaría un proceso de dos o tres años, creo que si hay que hacer una nueva ley vamos a colaborar, pero cambiar la ley es cambiar sistemas, Guatecompras, procesos, entrenar gente y tomaría dos o tres años”, estimó.

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Iniciado por La Hora

AC rechaza reformas a Ley de Compras y Adquisiciones del Estado

Por Denis Aguilar
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Acción Ciudadana (AC) emitió hoy un comunicado de prensa en el que rechazan la intención del Congreso de la República en reformar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, asegurando que el fin de esto es el despilfarro de recursos y el mal gasto público.

Para AC, el Congreso busca aprovecharse nuevamente de la emergencia del COVID-19 para poner en agenda una reforma “casuística y de conveniencia” a dicha ley.

“En lugar de convocar a una discusión amplia y abierta, pretenden aprovecharse del estado de emergencia para concretar una reforma que va contra los intereses del erario y de la calidad del gasto público”, indicaron.

AC realizó un análisis a la propuesta para reformar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, donde destacan que se busca reducir los plazos y ampliación de montos para los procesos de adquisiciones, en baja cuantía, compra directa, cotización y licitación.

En ese sentido, señalaron que la licitación de baja cuantía podría darse en compras de 10 millones de quetzales, señalando que esta situación no resuelve “la atrofia” que padecen instituciones públicas al momento de realizar proceso de adquisición.

Asimismo, señalaron que reducir las consecuencias jurídicas y de condiciones favorables para garantizar los fines del Estado constituye aspectos negativos de la propuesta.

Además, indican que la propuesta de reforma evidencia desprotección del Estado y del erario, ya que no se contempla la temática de seguros y fianzas, que aseguran es primordial en las adquisiciones públicas.

También se modificarían los contratos abiertos, lo que a criterio de Acción Ciudadana, es una deficiencia, debido a la debilidad institucional, por ejemplo, que no está actualizado el listado básico de medicamentos.

AC señala que esta propuesta nació de diputados y exdiputados aliados al expresidente Jimmy Morales, con lo cual buscan “el aprovechamiento oscuro del gasto público”, por lo que pidieron una discusión participativa y técnica para promover reformas integrales.